La Justicia reabre el caso ITV y ordena investigar por prevaricación y malversación a la alcaldesa socialista de Móstoles

El Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad ordenó en mayo de 2022 el sobreseimiento provisional de la causa al constatar «que en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas«. Ahora, tendrá que volver a ser investigado.

La decisión judicial fue recurrida por los concejales de Ganar Móstoles y se adhirió la Fiscalía. Los ediles sostienen que, contrariamente a lo que se afirma en el auto de instrucción, «existe base indiciaria suficiente para que prospere la imputación de los investigados y para propiciar el enjuiciamiento de los hechos por el delito de prevaricación y malversación de caudales públicos». Junto a Posse, se investiga a siete ediles de su junta de Gobierno, el tesorero municipal y la mercantil IRV Móstoles S. L., a la que perdonaron la cuantía.

En el auto, los magistrados de la Audiencia Provincial, entienden que «no cabe descartar, al menos indiciariamente y en fase instructora, la presencia de indicios bastantes sustentadores de ese delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de ulterior calificación por las partes acusadoras».

Para ellos, «el perjuicio causado a las arcas públicas del Ayuntamiento de Móstoles resulta obvio, al menos, partiendo de la simple comparación entre las condiciones iniciales del contrato de concesión de fecha 6 de junio de 2011 con la mercantil querellada IRV Móstoles S. L.«. Los jueces recuerdan que el canon inicial de 133.000 euros, según las previsiones del pliego, alcanzaba en 2020 los 147.653 euros, pero solo se hizo efectivo el correspondiente a los ejercicios de 2011 y 2012 y parcialmente el 2013.

«Con las condiciones aprobados en el acuerdo adoptado por la junta de Gobierno en fecha 20 de octubre de 2020, quita el 50% de la deuda cuantificado en 615.000 euros, fraccionamiento del resto de la deuda a 30 años sin intereses ni garantías, y , reducción del canon anual a 60.000 euros anuales«, resumen los jueces. Con el paso de los años, la deuda superó los 2,4 millones de euros. Por estos motivos, la Audiencia Provincial revoca la decisión del juzgado de Instrucción y devuelve el caso a la casilla de salida

En su descargo, la concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento mostoleño, Marisa Ruiz, explicaba cómo se desarrolló este asunto. «En medio de la pandemia, una empresa de Móstoles, que es una concesión del PP, nos informa que si no se revisan las condiciones de su concesión tendrá que cerrar y despedir a 40 personas». Por ello, razona, «de la misma forma que se eliminaron los cánones de las terrazas, o la Comunidad de Madrid eliminó los de las plazas de toros de las Ventas y otros sanitarios, nosotros pedimos informes al órgano responsable y éste realizó unos informes favorables que además se añadieron a otros que informaban sobre la legalidad del asunto».

Considera la edil que «esto fue juzgado y sobreseído, y ahora la Audiencia en su auto no prejuzga la resolución tomada por la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles» sino que «ordena la continuación del procedimiento por vía ordinaria, a efecto de que las partes puedan exponer en detalle sus argumentos, y que finalmente recaiga una decisión judicial sobre si puede haber posibles indicios de prevaricación, dando ya por cerrado la acusación de malversación». Por todo ello, concluye que «a día de hoy, la presunción de inocencia de toda la junta de Gobierno sigue vigente, y nuestra confianza en la justicia es absolutamente plena ante esta querella política»

Ahora, es necesario saber qué hará el Partido Socialista y si el secretario general en Madrid, Juan Lobato, y candidato al Gobierno de la Comunidad, aparta de la carrera por la Alcaldía de Móstoles a Noelia Posse o la mantiene, pese a su imputación.