Un islote centenario, ruinoso y asediado por okupas en Bravo Murillo
La Policía Municipal desaloja a una quincena de jóvenes asentados desde verano en el 336 de la bulliciosa calle de Tetuán
Los vecinos de la zona temen que el edificio, vacío desde hace 10 años y en estado de abandono, sea de nuevo usurpado

La pólvora del número 336 de la calle de Bravo Murillo terminó por explotar hace justo una semana. El martes 20 de febrero, un joven alcanzó el enclave a primera del día: observó a su alrededor y vio un edificio solitario en ruinas, rodeado por ... dos pequeños solares a los flancos, una valla maltrecha y basura, mucha basura. Y todo ello en la arteria principal de Tetuán, a la que algunos llaman 'la Gran Vía de la clase obrera', frontera invisible del Madrid rico, Madrid pobre. Fue ahí, en mitad de ese trasiego mañanero, cuando un vecino se cruzó en la ruta del intrépido explorador y este no dejó escapar la ocasión:
-Perdone, ¿es posible que mi bicicleta esté ahí dentro?
-Lo raro es que no lo esté.
Acababa de prender la mecha de un edificio maldito al que ahora todos miran: los okupas expulsados, con deseo; los residentes cercanos, con recelo. Pero conviene no adelantar acontecimientos. El muchacho, huérfano de bicicleta, había llegado hasta aquí siguiendo el localizador del vehículo; ya saben, tecnología antirrateros. Y a tenor de la respuesta, el cacharrito no tenía pinta de mentir. Marcó el número de la Policía Municipal y los agentes, con cinco visitas a la espalda en lo que va de año, no lo dudaron.
Solicitaron refuerzos y entraron. Dentro, se toparon con un patio convertido en escombrera, el esqueleto de una antigua corrala interior grafiteada y un puñado de puertas tabicadas abiertas de par en par. El riesgo era tal que no tardaron en avisar a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, cuyo dictamen fue claro: el bloque presentaba un estado de abandono evidente, por lo que nadie podía permanecer en el interior. En total, desfilaron unos quince jóvenes, y el islote, cuya fachada mantiene una protección de nivel 3, grado ambiental (la catalogación más baja, que no exige necesariamente su mantenimiento físico), quedó por fin desalojado. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe.
Pero lo cierto es que los ruidosos inquilinos, de muy corta edad y en su mayoría de origen magrebí, salieron a la calle y unos guardias de seguridad privada, ataviados con chalecos, tomaron el relevo. «Han estado día y noche hasta el lunes de esta semana», advierte un morador; es decir, custodiando la agujereada fortaleza las 24 horas del día. Mientras, la propiedad ha ganado tiempo para colocar unas planchas de metal en las puertas que habían sido violentadas, a excepción de un hueco, el que da acceso a la escalera interior, por el que entraron la primera vez y por el que todos en la zona temen que vuelvan más pronto que tarde.
Sin ir más lejos, algunos de los okupas fueron sorprendidos merodeando el perímetro horas después de la marcha de estos particulares centinelas. «En verano, llegaron tres o cuatro y sin hacer ruido se colaron», recuerdan los afectados. Para lograrlo, rompieron la parte baja de una de las puertas tapiadas con ladrillo, y poco a poco, fueron colonizando el edificio. La peligrosa habitabilidad se extendió entonces a la par que los problemas: el patio se llenó de basura y el trapicheo de droga comenzó a ser evidente; la música y los ruidos terminaron por hacer el resto. Para hacer más sencillo el acceso, doblaron un trozo de la valla del exterior por la calle de Amalia, de tal forma que aprovechaban un contenedor para moverlo hasta el hueco y utilizarlo de plataforma.
Derrumbe parcial
Entre tanto, los vecinos avistaron las primeras ratas, fiel indicio de la insalubridad del lugar. «Hemos puesto unas cuantas denuncias en Sanidad, a ver si así nos hacen caso», aclara otro de los damnificados. Para entender el deterioro de Bravo Murillo, 336, hay que retroceder hasta el 18 de agosto de 2015, una fecha marcada por el derrumbe parcial del edificio contiguo (su entrada estaba situada en el número 1 de la calle de Amalia). Según publicó ABC, una obra de ampliación acometida en 1958 estuvo detrás del citado desplome: pese a contar con el permiso legal de la época, en la actuación se destruyó un muro de carga, lo que fue debilitando la estructura del inmueble hasta su colapso.
Aunque no hubo que lamentar daños personales (los vecinos fueron desalojados al advertir de las primeras grietas), un total de 43 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares. «Y los del edificio de al lado, que estaban casi todos alquilados, también se acabaron marchando porque nadie se atrevía a vivir allí», rememora un amigo de algunos de los antiguos inquilinos. Por si fuera poco, el maltrecho bloque no solo se quedó desértico: en 2018, la parte del edificio contiguo que quedaba en pie fue demolida; y ya en plena pandemia, la construcción del otro lado también fue borrada del mapa. El islote, construido en 1910 (según el Catastro), cobraba forma ante el asombro de propios y extraños.

En todo estos años, el único movimiento reseñable para resucitar el espacio ha sido la colocación de un cartel. «Estrena lujo y estilo. Viviendas únicas», se podía leer en el anuncio de la firma inmobiliaria Nidom, cuyo proyecto se extendía también a las parcelas de los números 336 y 338 (al pertenecer al mismo dueño). Los futuros pisos, de entre una y tres habitaciones, se vendían a partir de 350.000 euros, en un espacio con jardín, piscina exterior, gimnasio y 'coworking' y 'gastroteca' en la terraza. La entrega de llaves estaba prevista para 2025, pero a día de hoy el letrero ha sido retirado y en la web de la promotora la información ha desaparecido.
A nivel arquitectónico, lo único destacable del edificio que queda en pie son los falsos sillares abultados que presenta en su fachada principal y la corrala (visible desde el lateral de Amalia). Hasta 2008, en las tres plantas de la parte frontal de la parcela se encontraba la tienda de mobiliaria de cocina y baño Martínez, cuyo viejo rótulo se mantiene aún visible al paso por la transitada calle. Detrás del negocio, se abrían paso las pequeñas viviendas, a las que se accedía por un portón ubicado en el lateral de Amalia, previo paso por el patio y un antiguo cobertizo.
Después, llegó el cierre del negocio y el abandono del edificio. Desde el Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid informan a este periódico de que los servicios de emergencias «han intervenido en diversas ocasiones en el inmueble, informando de su estado y llegando a contactar con la propiedad para que adoptara las medidas necesarias». Además de la intervención del 20 de febrero, los bomberos acudieron también el 20 de enero debido a un incendio. Por su parte, la Policía Municipal ha actuado cinco veces en el presente año, «iniciando en febrero un seguimiento con visitas en todos los turnos de trabajo para evitar que accedieran personas a su interior».
Medidas urgentes
Por el lado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad aclaran que el pasado 19 de febrero, la Dirección General de la Edificación elaboró un informe técnico sobre la situación del islote, consecuencia de una visita de inspección realizada desde el exterior el 10 de enero. «Se detectaron numerosos daños, entre ellos roturas y desprendimientos, mientras que en las zonas libres de edificación del solar, se localizó la existencia de vegetación, escombros y basuras, que producen falta de seguridad, salubridad y limpieza», recalcan. No es de extrañar que el departamento jurídico de Control Estructural de la Edificación haya ya iniciado de oficio el procedimiento para exigir al propietario una importante actuación en la parcela.
El mal estado descrito llevó a la concejalía a determinar la «necesidad» de adoptar una serie de medidas de seguridad: adecuar y reponer el vallado metálico perimetral de la parcela y la puerta de la calle de Amalia «para evitar accesos incontrolados», cerrar los huecos abiertos de la edificación, asegurar los elementos de chapado de la fachada principal y la marquesina, chequear el alcance de los daños por la filtración de aguas en la estructura y retirar escombros y basuras.
Tras ello, «se ha requerido a la propiedad para que el próximo día 5 de marzo facilite a los técnicos del área de Gobierno el acceso al interior de la totalidad de la edificación, con el fin de comprobar su estado actual». Cabe recordar que es la propiedad la que tiene que cumplir el deber legal de conservación y mantenimiento del inmueble, una obligación que hasta la fecha solo ha sido saldada en parte.
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