El infierno de Felipe, de 81 años: «Necesito mi casa okupada para vivir con mi hijo discapacitado»

Marisela es de Venezuela y tiene 61 años. Felipe le alquiló el antiguo garaje de la vivienda aneja a la suya después de reconvertirlo en un piso de tres habitaciones. Venía recomendada por el que entonces era su novio, excompañero de trabajo de la empresa de limpieza de San Sebastián de los Reyes. El anciano, pese a tanto vivido, es demasiado confiado: «Mi amigo se separó de ella y se fue, pero como a mí me dan mucho respeto las mujeres que salen adelante solas con sus hijos, le dije que le alquilaba uno de los cuartos por 300 euros. Hasta entonces, yo había tenido aquí viviendo a cerca de veinte policías nacionales del País Vasco y de Cataluña, mediante un acuerdo con el Ministerio del Interior; a trabajadores de seguridad de Antena 3... A muchísima gente, también con un convenio con la Comunidad de Madrid, pero jamás he tenido un problema».

Hasta hace unos dos años, cuando Marisela dejó de pagar. «Ha vendido todas las cosas que tenía yo guardadas en una de las habitaciones: dos televisores, las vajillas antiguas y lo que más me duele, una enciclopedia con todos los parques naturales del mundo», se lamenta. Cuando, meses después, le reclamó los impagos, asegura que ella respondió cambiando la cerradura a la vivienda inferior y denunciándole por haberla dejado encerrada. La vida al revés. «Vino la Policía y me llevó al calabozo. Me abrieron un expediente de esos, como a los tipos esos que matan a las mujeres. El asunto fue archivado, claro, porque les expliqué lo que estaba pasando», rememora.

El cruce de denuncias es un goteo. Felipe está a la espera de que le den respuesta a «diez o doce» que ha interpuesto, no solo por la deuda, sino por amenazas. «Me dice: 'Me provoca matarte', y me amenaza con cortarme el cuello. Cuando me ve, se pasa el dedo por el cuello, para intimidar», dice. «He estado ingresado ocho veces porque me dan ataques de ansiedad y estoy medicado. Quiero salir a la calle y no puedo, por miedo. Me creo que me quiera matar. Pero yo, cuando veo venir el toro, me meto en el burladero», afirma como metáfora, utilizando una de sus grandes aficiones, la Fiesta Nacional.

Pero el octogenario no es su única víctima. Encima de la vivienda usurpada, residen dos inquilinos, Iván y Paolo, una pareja venezolana: «Me están ayudando mucho, si no fuera por ellos...», agradece el casero. Ellos también son objeto de la ira de la morosa. Habla Paolo, conductor de VTC y enfermo de cáncer, en tratamiento: «Me empezó a dar golpes en el estómago y me reventó el labio y una lentilla». Acabó en el hospital y también la tiene denunciada.

La retahíla de altercados es interminable. El acceso a la finca, al patio delantero y al espacio para aparcar el coche es común entre la pareja y la mujer. «No paran de entrar y salir hombres. Un día le llamé la atención a uno porque lo vi pasar, era de noche y llegaba en malas condiciones. A veces, duerme con la puerta abierta. Ella se enfrentó a mí... No sé por qué recibe a tanta gente a todas horas, qué se dedicará a hacer ahí con la gente. También lanza ataques homófobos contra mí e Iván, llamándonos maricones».

Por ello, han tenido que colocar una cámara de vigilancia que barre desde dentro el acceso al número 35 de la avenida de Aragón, epicentro del conflicto. Gracias a esas imágenes han cazado a la inquiokupa barriendo una rata y lanzándola a través del petril medianero al patio de Felipe. Hace lo mismo con excrementos. «O se pone a bailar para salir en la grabación cachondeándose de nosotros», explica el anciano. «Incluso ha llegado a amenazarme así: '¡Al viejo lo voy a denunciar por pedófilo! Por eso no le pago'».

El colmo es que uno de los hijos de Gilaranz, de 51 años, sufrió un ictus hace un tiempo y le han cortado un pie: «Necesito esa vivienda para que vivamos ahí mi hijo y yo, porque es un bajo, y yo tampoco estoy bien». Su casa de siempre tiene unas escaleras bastante impracticables para un hombre de su edad y en esas condiciones.

La reunión con ABC es en la vivienda de Iván y Paolo. Tanto los venezolanos como el casero se muestran muy tranquilos, dentro de la tristeza y desasosiego por la situación; en cambio, a Marelis es mejor no llamarla ni a la puerta, porque avisa a la Policía. «Los disgustos no matan, pero ayudan a morir», repite el anciano. Paolo detalla que ella llegó con un hijo («En 2022 decía que tenía 16 años y actualmente, afirma que tiene esa misma edad»), que «se mete con cuatro o seis chicos más ahí abajo y salen más tarde contentos y alegres»; y que la mujer asegura que no tiene trabajo, «pese a que siempre va muy arreglada, muy llamativa». «Las visitas que recibe masculinas están alrededor de una hora dentro y después se marcha. Además, sabemos que realquila la otra habitación. Ha llegado a venir desde Venezuela otra mujer para instalarse ahí y la avisamos, cuando entraba con las maletas, de que no debía de fiarse de su 'casera', y se marchó». También ha estado alquilada una chica periodista «a la que le hacía la vida imposible».

El dinero que le debe la morosa, al que Felipe no le da ya tanta importancia como la que tiene, es unos 14.400 euros solo en impagos de alquiler de las dos habitaciones que tiene allanadas. Trescientos euros por cada una. «En consumos, la cifra es incalculable –dice–. Los suministros están a mi nombre... Que alguien me diga quién paga 219 euros de agua en una factura y 250 de luz... Ella deja los grifos abiertos, porque sabe que lo abono yo».

La guinda del pastel, o una de ellas, ocurrió el año pasado: «Contratamos a Desokupa, la empresa de Dani Esteve, para que la echara de la vivienda. me cobró 3.200 euros con IVA. Vinieron desde Barcelona, llamaron a su puerta y ella se negó a abrirles. Así que me cobraron y se fueron, sin solucionar nada». Es el riesgo que se corre cuando la opción es acudir a soluciones de ese tipo, tan cuestionables.

Felipe Gilaranz, un hombre nacido en Sepúlveda (Segovia) en plena posguerra intenta no dejarse por la emoción. Logra mascullar: «No vuelvo a alquilar más en vida».