Impulso final al plan para erigir 600 pisos sobre la antigua cárcel de Carabanchel

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante (PP), ha dado este lunes el penúltimo paso. En la comisión del ramo, PP y PSOE votaron a favor del convenio que reparte las parcelas de estos terrenos de Carabanchel. Es un acuerdo firmado en diciembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Madrid y los propietarios del suelo, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) y la inmobiliaria Pryconsa. El documento ordena una superficie de 172.143 metros cuadrados, entre la avenida de los Poblados, la calle de Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo.

La aprobación definitiva del convenio se conseguirá en el Pleno, el próximo 28 de septiembre, con la mayoría absoluta del PP (29 escaños) y previsiblemente el apoyo del PSOE. Es el último empujón de un desarrollo paralizado durante dos décadas que planea levantar 640 viviendas, el 38% de ellas con algún tipo de protección, además de equipamientos sanitarios, sociales y educativos. También se urbanizarán más de 46.000 metros cuadrados de vías públicas y otros 23.460 metros cuadrados se pintarán de verde.

Según el convenio suscrito el año pasado, los propietarios cederán al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico. El consistorio será el adjudicatario de una parcela residencial para vivienda de protección pública básica de 4.178 metros cuadrados y una edificabilidad lucrativa total de 8.200 metros cuadrados, además de contar con el 71% de otra parcela de uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre.

El centro de estos terrenos, una parcela de 39.920 metros cuadrados de uso dotacional de servicios colectivos con calificación de equipamiento singular de salud, el ayuntamiento lo reservará para un hospital. La otra parcela dotacional cedida al consistorio se destinará a un equipamiento básico de bienestar social, de 2.037 metros cuadrados, y habrá otros cinco espacios municipales para zonas verdes, cuya superficie sumará 23.460 metros cuadrados.

El Estado es otro adjudicatario, dueño de la comisaría y del centro de internamiento que se ubican actualmente en el terreno, y tendrá otras tres parcelas para oficinas y equipamientos educativos. SIEPSE dispondrá de cuatro parcelas: dos residenciales de vivienda libre y dos para vivienda protegida (una la comparte con el Ayuntamiento).

Por último, Pryconsa será el titular de una superficie de 3.123 metros cuadrados. El coste de las primeras obras de urbanización, que costeará SIEPSE y empezarán en un plazo máximo de ocho meses desde la aprobación del proyecto, ronda los 25 millones de euros.