Los hosteleros y pymes de Ferraz piden indemnizaciones: «¿Quién quiere venir a una zona de guerra?»

Los afectados se reunieron por la mañana con el PSOE y Más Madrid, y también se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, la Delegación del Gobierno... «Necesitamos una ayuda inmediata para paliar el mes de noviembre, que podamos de momento mantenernos abiertos», resume su presidenta, que ya ha cancelado 14 cenas de Navidad a 40 euros por comensal. La asociación plantea recibir una partida del fondo de emergencia regional, que se destina a desastres como Filomena, y repartirla según corresponda entre los socios. «Aunque seamos un daño colateral menor, hay por lo menos 20 pymes que están en un brete. No es justo», señala Baraka. Sus ingresos rondan el 20% de lo habitual y duda que llegue a fin de año.

El restaurante Baraka's se ha adaptado a los horarios de los manifestantes. Antes abría al mediodía y el plato fuerte eran las cenas y las copas. Ahora su dueña, exdirectora de hostelería en locales del barrio de Salamanca, levanta la persiana a las ocho de la mañana y se marcha antes de las diez de la noche. El bloqueo de su clientela, como el bloqueo de la calle Ferraz, es constante desde el 3 de noviembre. «¿Quién tiene ganas de ir a una zona de guerra a tomarse una cerveza?», cuestiona Baraka, que apenas sirve a vecinos, familiares y amigos que se acercan. «Encima en noviembre y diciembre», la época de las reuniones navideñas. «Y esto tiene visos de llegar al 31 [de diciembre], porque el cántico de los manifestantes es: «Las uvas en Ferraz»».

Quintana 22 no está delante de la sede socialista, pero la calle a sus puertas se cierra esporádicamente. «Hasta aquí no había problemas, pero como se ha aumentado el dispositivo, hay controles físicos e identifican a las personas, en coche algunos días puedes llegar y otros no, si ese día está cortado, te cancelan [una reserva] el mismo día...», enumera David Quintana, de 53 años, propietario de uno de los restaurantes más grandes de la zona, que en estas últimas semanas ha acogido alguno de los periodistas para que mandaran sus crónicas sobre Ferraz.

El dispositivo policial cambia y, para los hosteleros y comerciantes cercanos a Ferraz, es impredecible. Quintana compra una pieza de rape para una comida, avisa a los camareros de sala, organiza los preparativos... y, de pronto, el perímetro inicial de 200 metros se extiende hasta los 400 metros y el evento se cancela. Desde principios de noviembre, sus clientes han anulado 396 reservas confirmadas y el hostelero ha reducido la plantilla de catorce a ocho trabajadores. «En la comparativa con octubre, he dejado de facturar 17.000 euros», concluye. Quintana lamenta, sobre todo, que la Delegación del Gobierno ni la Policía Nacional informen de sus operativos.

Al menos una veintena de locales sufren las consecuencias de una movilización que invade sus calles cada atardecer. En una ocasión, según reconoce Baraka, los propios manifestantes se apiadaron y le compraron veinte bocadillos. También se los vende a policías y periodistas «a precio de costo». «Me está costando. Es criminal», afirma. «Soy una emprendedora, no tengo préstamos y ya he puesto dinero de mi bolsillo para seguir abierta», dice. Quintana coincide en que el golpe a la caja «es brutal». «Como la justicia es muy lenta, hasta que se diriman responsabilidades, que nos den una ayuda directa, nada de préstamos ICO», reclama el empresario. Por ahora, los primeros 13 han aunado fuerzas en la primera asociación hostelera de Ferraz.