El homicida de Juana Canal recurre la condena al Supremo

El 9 de mayo, la letrada del homicida anunció el recurso en casación, que aún no se ha materializado, pero así lo ha comunicado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Atendiendo a los recursos anteriores, ya desechados, el argumentario en casación versaría, en primer lugar, sobre la falta de tutela judicial efectiva: la estrategia seguida hasta ahora consiste en apelar a la invalidez de las diligencias posteriores al hallazgo de los huesos de Juana en abril de 2019, de manera casual, por unos senderistas. Los primeros restos encontrados estaban en un paraje de la provincia de Ávila donde la familia Pradales tenía propiedades.

Considera su defensa que la prórroga de los tiempos de la instrucción no fue correcta y por ello solicita la invalidación de las actuaciones posteriores al 29 de julio de 2021, al haber expirado la ampliación por ser causa compleja. Pradales fue arrestado el 26 de octubre de 2022. Por ello, también solicita que se declare nula su declaración dos días después (en la que reconocía haberle dado muerte, pero de manera accidental) y afirma que el caso adolece de irrelevancia incriminatoria. De ahí pende, además, la crítica al fallo condenatorio del tribunal del jurado y la afirmación de «la agresividad anteriormente manifestada por el acusado».

Ahora, será la Sala del Supremo dedicada a los recursos la que debe, primero, decidir si lo admite, y luego reunirse para discutirlo. La representación del preso está manejando un juego de tácticas y tiempos procesales a los que se va a oponer la acusación particular (y previsiblemente la Fiscalía), representada por el abogado de SOS Desaparecidos, el veterano penalista Juan Manuel Medina. De su mano y de la investigación policial contra reloj llevada a cabo por la Brigada Central de Homicidios y Desaparecidos (no así de la inexistente labor en 2003, fecha del crimen, por parte de los responsables de entonces de la comisaría de Ciudad Lineal, distrito donde Pradales mató a Juana) se consiguió esclarecer un caso a apenas tres meses y medio de la prescripción.

Jesús Pradales Herrero, en aquel otoño de 2022, tenía una nueva vida. Apenas cinco meses después de matar de un golpe a su entonces pareja en el piso que ambos compartían en la calle de Boldano, se casó con otra mujer y tuvo varios hijos. Tuvo la sangre fría, horas después de acabar con Juana, de denunciarla en la comisaría de Carabanchel por agresión y por haberse llevado 600 euros de la recaudación del taxi con el que trabajaba la noche de autos. Luego, le reclamó el dinero al hijo mayor de la finada, ya fallecido, a sabiendas de que la había matado, precisamente, por una discusión económica. También ha intentado manchar sin fundamento la imagen de la mujer, que tenía 39 años cuando murió y dejó dos hijos varones.

Jesús Pradales, de 61 años, ha mantenido siempre que el golpe mortal fue accidental (así se aseguraría una condena máxima de cuatro años, que habría cumplido casi en su totalidad); pero lo cierto es que descuartizó el cuerpo en la bañera de la vivienda, lo metió en dos maletas y se las llevó en su taxi hasta Navarredondilla (Ávila), donde enterró los restos. Hasta que el azar quiso que fueran rescatados y el ADN confirmara que se trataba de su expareja, supuestamente desaparecida voluntariamente durante casi dos décadas.

El homicida (no pudo ser condenado por asesinato, al no quedar esclarecida de manera factual cómo la mató) trabajaba los últimos años como feriante, con un puesto ambulante de hamburguesas en las fiestas locales, y había mantenido su secreto a toda su familia.