Guerra política por el concierto de Henry Méndez en Madrid: «Odio a los rojos»

«Vota a… ¿cómo se llama? A Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana. Yo no soy socialista, ¡odio a los rojos!», exclamó Méndez hace unos días desde el escenario de una discoteca en la que ofrecía un concierto. Acto seguido subió el volumen del dembow con la popular 'Veo, veo', mientras entre el público se mezclaban los aplausos, los abucheos y la sorpresa. El vídeo se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando tanto apoyos como críticas. Con la fecha de su concierto tan cerca, el 13 de septiembre a las 22.00 horas en Villa de Vallecas, ha quedado inevitablemente marcado por la polémica.

«Así se presenta la estrella de las fiestas», estalló el miércoles por la mañana el concejal socialista del distrito, Ignacio Benito, que difundió el fragmento en redes sociales y solicitó desde su partido la «cancelación inmediata» de la actuación de Méndez, programada. El edil instó a sustituir al artista por otro que «traiga música y buen rollo» en lugar de «odio y enfrentamiento», como considera que desprenden las palabras del dominicano.

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En otras declaraciones remitidas a los medios este miércoles, Benito remarcó que la Junta Municipal de «todos los vallecanos» va a pagar con «dinero público» a un cantante que «se vanagloria de odiar a las personas de izquierdas». Y añadió: «Puede que el señor Méndez no lo sepa, pero en las elecciones municipales que dieron el triunfo al mismo Partido Popular que ahora le contrata, el 52 por ciento de los votos en Villa de Vallecas fueron a partidos rojos».

El concejal del PSOE cargó contra lo que calificó de «sectarismo injustificado» del artista, conocido por temas como 'El tiburón' o 'Rayos de sol', y reclamó al Ayuntamiento que rescinda «inmediatamente» el contrato con «este cantante instigador de odio» para sustituirlo por alguien «que respete las ideas de todos los vecinos».

En unas declaraciones a ABC, el concejal socialista del distrito ha denunciado la existencia de lo que considera una «red clientelar» de artistas que mantienen una línea crítica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que son contratados de manera recurrente por el Gobierno regional. Benito aseguró que, desde el PSOE, «nunca han pedido la cancelación de un artista por sus ideas políticas».

Sin embargo, el concejal subrayó que sí rechazan «los mensajes de odio dirigidos hacia los socialistas. Se está insultando y mandando un mensaje de odio hacia personas a las que se les ha pagado un concierto.

El socialista insistió en que este tipo de actitudes contradicen el espíritu que debe imperar en las fiestas de distrito. «No vamos a invalidar a ningún cantante o artista por su ideología, sea cual sea, siempre que traiga buen ambiente. Pero no puede haber buen ambiente con alguien que ha manifestado su odio hacia los socialistas», explicó. Pese a ello, Benito defendió el respeto a la libertad de expresión: «Les respetamos, pero se ha trasladado una línea de confrontación con los socialistas».

Pese a la polémica, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que mantendrá la programación prevista. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, declaró este miércoles en un acto en Carabanchel que el concierto «se celebrará», a pesar de la petición del PSOE de cancelarlo.

«No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas en las que se utilice la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es suspender la actuación», afirmó el delegado. En la misma línea, defendió que la música debe poder disfrutarse «independientemente de lo que se piense ideológicamente» y que el Consistorio no tiene intención de cancelar conciertos «ni cuando se diga una cosa ni cuando se diga la otra».

Fernández recordó además que, en otras ocasiones, se han escuchado «declaraciones desafortunadas» en las que se acusaba al PP de «fascista» o incluso de dar un «golpe de Estado», y que, aun así, quienes las pronunciaron siguen siendo «grandes artistas y creadores de cultura». «La cultura es otra cosa —añadió—, hay que leer de todo y no mirar las ideologías».

En la misma línea se expresó la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, quien desde el Faro de Moncloa aseguró que «Madrid es una ciudad en la que no hay listas negras». «Es una ciudad abierta en la que no existe censura y, por tanto, seguiremos con esa misma política, que es la que define a Madrid», defendió.

Al otro lado del tablero, el concejal del PSOE no ha sido el único en pronunciarse desde una formación política. «Amiguismo, fanatismo ideológico y clientelismo en estado puro, a lo Mario Vaquerizo», comentó el portavoz en funciones de Más Madrid en Cibeles, Eduardo Rubiño, también desde la red social X.

No es la primera vez que Henry Méndez actúa en Madrid. En marzo de 2023 ya fue contratado como principal reclamo musical en un acto del Partido Popular dirigido a la comunidad latina, un mitin en el que participaron Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Aquel concierto formaba parte de un evento estrictamente político, aunque en el caso de las fiestas populares los presupuestos destinados a la contratación de artistas suelen ser incluso más elevados.

En las últimas semanas también se ha cuestionado el gasto que la Comunidad de Madrid asumirá para contar con Gloria Estefan como pregonera del Festival de la Hispanidad: 484.000 euros. El evento tendrá lugar en octubre y, una vez más, Henry Méndez figura en la programación.

Según figura en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, la participación de Henry Méndez en el Festival de la Hispanidad está valorada en 32.670 euros, impuestos incluidos. El expediente refleja que se trata de un contrato adjudicado por la vía de procedimiento sin publicidad, un mecanismo pensado para reducir trámites y acortar los plazos. Este sistema, que permite negociar directamente con el artista sin abrir un concurso público, es frecuente en la contratación de espectáculos para verbenas y celebraciones locales.

En la misma programación hay actuaciones con presupuestos incluso más elevados, como la de Bomba Estéreo (145.100 euros), o similares, como Alizz (40.000 euros) y Niña Polaca (30.000 euros). Méndez, además, no es ajeno a las polémicas: ya en 2023 se envolvió en una bandera de España durante un concierto y animó a los asistentes a no avergonzarse de su símbolo «aunque les llamen fachas». Ahora, sus últimas declaraciones han reavivado el debate y generado críticas desde la oposición, aunque el Ayuntamiento insiste en mantener el calendario previsto.

Hasta el momento, Henry Méndez guarda silencio. No ha publicado ningún comunicado ni ha respondido a la oleada de comentarios que circulan en redes y medios de comunicación. Tampoco ha aclarado si sus palabras fueron una salida improvisada durante el concierto o si responden a una postura política más firme. En cualquier caso, la polémica amenaza con dejar huella en su trayectoria pública, especialmente entre aquellos seguidores que hasta ahora lo veían como un artista alejado de la confrontación.

En marzo de 2015, el Ayuntamiento de Madrid prohibió el concierto que la banda vasca Soziedad Alkoholika tenía previsto ofrecer en el Palacio de Vistalegre. La decisión se tomó después de que la Policía Municipal emitiera un informe negativo basándose en la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid, que impide la celebración de eventos que puedan «incitar o fomentar la violencia». Según la resolución del Área de Seguridad y Emergencias, existía el riesgo de que el concierto generara alteraciones del orden público y pusiera en peligro a las personas o a los bienes, motivo por el cual se notificó al promotor la suspensión del evento.

La reacción del grupo no se hizo esperar. A través de su página web, Soziedad Alkoholika criticó duramente la medida, calificando de «ridículos» los argumentos utilizados por el consistorio y de «patético» el informe de la Policía Municipal. La banda recordó además que ya en 2002 habían dejado clara su postura contra cualquier forma de violencia como vía para resolver conflictos, y denunciaron la decisión como un acto de censura injustificada.