Cerco al ‘boom’ de casas ilegales en espacios naturales protegidos

Durante los últimos meses, desde junio hasta noviembre, agentes de la Guardia Civil, a través de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Madrid –que tiene como función velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental–, han realizado, junto con la Dirección General de Urbanismo, técnicos municipales y policías locales de varios ayuntamientos, un total de 90 inspecciones sobre construcciones de este tipo situadas en Fuente el Saz del Jarama, Chinchón, Mejorada del Campo y Algete, en la denominada operación Cimientos 24.

Estas inspecciones se han realizado en dos fases de explotación. Gracias a ellas se han investigado a 81 personas por la ejecución de construcciones ilegales en terreno no urbanizable y de protección, a dos personas por usurpación de agua y defraudación de fluidos y electricidad y a otra persona más por desobediencia a la autoridad, al quebrantar la resolución del precinto y paralización de obras del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, según dio a conocer ayer la Guardia Civil a través de un comunicado.

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Además de la investigación por el delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, se han formulado 80 informes-denuncias a los ayuntamientos respectivos para que procedan a ratificar las medidas de denuncia y paralización de las obras ilegalmente detectadas, así como para que inicien los respectivos procedimientos de restitución de la legalidad urbanística con la consiguiente demolición de la construcción si fuera necesaria.

«Con este tipo de operativos se contribuye a la protección de la ordenación del territorio y el urbanismo que afecta significativamente al medio ambiente y a las especies de flora y fauna que lo habitan, todo ello para lograr un uso sostenible de los espacios y la protección de los recursos naturales en la Comunidad Autónoma», indicaba la comandancia de Madrid, que recordaba, además, que estos asentamientos ilegales no cuentan con viales y pavimentación adecuada, así como iluminación o hidrantes al carecer de suministros de agua potable, lo que contribuye al riesgo que puedan sufrir las propias viviendas y sus habitantes.

El pasado mes de marzo, el Ejecutivo autonómico finalizó las obras de demolición –con una inversión de más de 414.000 euros– de una edificación ilegal ubicada en el Paraje Arroyo del Povo, en el municipio de El Molar. La construcción, que constituía un delito contra la ordenación del territorio, estaba formada por once instalaciones, entre las que se encontraba un edificio de tres alturas aún sin finalizar, una vivienda unifamiliar aislada y tres naves industriales.

El objetivo de esta intervención era realizar una naturalización lo más pronta posible de la parcela entonces okupada. Así, se recuperó material para uso agrícola y ganadero presente en las naves.