El Gobierno corta el grifo a la estación de Navacerrada y pone en peligro la temporada de esquí

Ese es el panorama en la vertiente segoviana de la estación, en la que se sitúan las pistas Escaparate, Bosque y Telégrafo, cuyo propietario es el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). A esto se suma que ambas partes están a la espera de que la Justicia determine quién es la administración competente para declarar la extinción o adjudicar la concesión para la ocupación del monte: si la Junta de Castilla y León o el OAPN.

Pistas de esquí del Puerto de Navacerrada

Navacerrada

Bola

del Mundo

MADRID

Madrid

Castilla

y León

Guarramillas I

Pluviómetro

Guarramillas II

ZONA DE

SERVICIOS

Pala Montañeros

Iniciación 2

Iniciación 1

Telégrafo

Escaparate

Arroyo del

Telégrafo:

necesario para fabricar nieve artificial

Bosque

Pistas y remontes

exentos del contrato

Pistas y remontes afectados

por el fin del contrato

Vertiente madrileña, depende

de los ayuntamientos de Navacerrada (PSOE) y Cercedilla (Juntos por Cercedilla)

Vertiente segoviana, depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Competencias judicializadas

Fuente: Estación de esquí de Navacerrada / ABC

Pistas de esquí del

Puerto de Navacerrada

Pistas y remontes

exentos del contrato

Vertiente madrileña, depende

de los ayuntamientos de Navacerrada (PSOE) y Cercedilla (Juntos por Cercedilla)

Pistas y remontes afectados

por el fin del contrato

Vertiente segoviana, depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Competencias judicializadas

Navacerrada

Bola del

Mundo

MADRID

Madrid

Castilla

y León

Guarramillas I

Pluviómetro

Guarramillas II

ZONA DE

SERVICIOS

Pala Montañeros

Telégrafo

Escaparate

Arroyo del

Telégrafo:

necesario para fabricar nieve artificial

Bosque

Fuente: Estación de esquí de Navacerrada / ABC

Qué va a pasar con la vertiente madrileña es otra de las incógnitas, aunque parece que está más cerca de despejarse. La Comunidad de Madrid comunicó en julio a los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada, propietarios de los montes de Pinar Baldío en los que se asienta el telesilla de Guarramillas, que la concesión administrativa para la ocupación no admitía una nueva prórroga. Ya había finalizado en 2019, pero entonces se otorgó una moratoria.

Los dos consistorios (PSOE en Navacerrada y Juntos por Cercedilla en la localidad del mismo nombre) trabajan, a solo un mes de que la temporada de esquí dé el pistoletazo de salida, para sacar lo antes posible una nueva concesión del telesilla para la pista de Guarramillas, que accede a la Bola del Mundo. Ante la extinción del contrato, las administraciones locales –han confirmado ambas– realizan ya la redacción del pliego para que las empresas interesadas en la gestión puedan concurrir. Se espera que el proceso se inicie a final de mes.

La empresa que durante estos 25 años se ha encargado de la gestión de la actividad de esquí espera la publicación del contrato para intentar seguir con la explotación; de hecho, ya ha lanzado la bolsa de empleo. Pero no será tarea sencilla: sin agua para crear la nieve artificial, la viabilidad económica del negocio se complica. «Abrir solo la vertiente madrileña dificulta mucho la gestión, dado que al no estar con nieve artificial no podríamos mantener las pistas hasta finales de enero o principios de febrero, fecha en la que normalmente tenemos nieve en esa zona», explica a ABC José Conesa, portavoz de la sociedad Puerto de Navacerrada Estación de Esquí.

Esa agua, tan necesaria para ellos, hace días que ya no emana; desde que Miteco ordenó a la Confederación Hidrográfica del Duero la extinción del aprovechamiento, que se efectuó el 10 de octubre. Antes de esto, sostienen desde el departamento que dirige Teresa Ribera, impusieron al concesionario «la obligación de desmantelar la totalidad de las instalaciones correspondientes a la concesión extinguida» en el arroyo del Telégrafo, que tiene uso industrial. «Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación y al comprobar que no habían procedido a retirar las instalaciones, la confederación procedió a restituir el dominio público hidráulico», continúan desde el ministerio.

Las labores se centraron en eliminar el azud de derivación y la arqueta de toma. Y en ese momento, se inició el nuevo embrollo entre las partes, que parecen estar lejos de llegar a una solución. «Hasta que el Tribunal Superior de Castilla y León no resuelva quién tiene las competencias de concesión de la actividad, nosotros mantenemos el uso del espacio, pero como el ministerio no está conforme nos ha cortado el suministro para ahogarnos», asegura Conesa, que califica la acción de «abuso de autoridad». La sociedad gestora denunció los hechos ante la Guardia Civil y reconstruyó las instalaciones, confirma él. El ministerio califica de «ilegal» la construcción del nuevo pozo para la toma de agua y, el 31 de octubre, procedió a su desmantelamiento.

«Lo hicieron sin comunicar nada, sin aportar documentación. Cambiando los candados y cerrando puertas pese a que todavía tenemos derecho de paso para el mantenimiento de todas las instalaciones: eléctricas, agua y remontes», denuncia el portavoz, que afirma que la concesión del servicio de aguas «tiene un plazo de vigencia aún de 20 años más». Miteco, por su parte, subraya que se extinguió en marzo de 2021, igual que el uso de las instalaciones enclavadas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

«Pediremos daños y perjuicios por las pérdidas que nos puedan ocasionar. Sin esa agua, si no nieva, será complicado abrir las pistas segovianas hasta que la Justicia se pronuncie, y las madrileñas», argumenta Conesa: «Mientras un juez no determine quién es competente en la concesión, el ministerio no pueden actuar, y hace 25 años quien nos la otorgó fue la Junta de Castilla y León».

Hace un año, el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso contencioso-administrativo para tratar de frenar el inicio de actividad tras el fin del contrato de explotación. La Justicia no les dio la razón, hasta resolver a quién corresponde conceder el uso, pese a que los terrenos sean del OAPN. Por eso la estación pudo abrir sus puertas.

«El ministerio ha defendido y defiende que el antiguo concesionario carece de título legal para seguir operando desde el momento en que la concesión caducó, sin posibilidad de prórroga, y el OAPN decidió no renovar la concesión. Por tanto, si no podía operar legalmente la temporada pasada, menos aún en la actual», dicen a este diario fuentes del ministerio y sostienen que el beneficiario debe abandonar la zona afectada «sin derecho a reclamación ni indemnización».

«Puesto que el concesionario no está cumpliendo con las condiciones al no abandonar la ocupación, el OAPN como propietario no puede expulsarle, sino que corresponde a la Junta de Castilla y León, como autoridad competente, la declaración de extinción o caducidad del título administrativo», añaden las mismas fuentes, que explican que es un paso previo y necesario para que Parques Nacionales recuperen por vía administrativa la «superficie ocupada en el monte de su propiedad» y acusan a Castilla y León de «no ejercer sus competencias» y «originar un perjuicio» al dueño del monte. En lo único en que ambas partes coinciden es en la necesidad de que la Justicia se pronuncie lo antes posible. Solo en su mano está el fin o la continuidad de la actividad.