El Gobierno de Ayuso denunciará a los falsos menas, con 48 confirmados y centenares de sospechas desde 2024

La Comunidad tiene detectados 48 casos de jóvenes mayores de edad que han simulado ser menores entre 2024 y 2025. Cuando el Gobierno regional sospecha de la edad de un supuesto mena, activa un expediente que coordina la Fiscalía de menores, para efectuar las pruebas correspondientes que determinen la edad real de la persona. La consejera remarcó que es la Fiscalía la que se encarga del expediente y concluye, con la prueba radiológica en la mano, si es mayor o menor de edad. A partir de ahí, la Comunidad puede tener una prueba definitiva para denunciar al inmigrante si resulta ser mayor de edad.

En la Consejería tienen la certeza de que son más de 48. Esos son solo los casos confirmados por la Fiscalía. Pero hay sospechas sobre muchos más fraudes, que no se pueden llegar a confirmar porque, sencillamente, las personas abandonan los centros de primera acogida donde se encuentran y desaparecen. Calculan que pueden ser centenares. Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales explican que estudiarán uno a uno ese casi medio centenar de casos confirmados para decidir las medidas que se adoptarán, y que pueden pasar por la denuncia inmediata.

Noticia Relacionada

Varapalo de la Audiencia de Madrid al PSOE por vulnerar el derecho de asociación de Leguina

Mariano Calleja

La Justicia reprocha al Partido Socialista la dilación del proceso de expulsión del expresidente de la Comunidad de Madrid

En un desayuno informativo de Europa Press, la consejera Dávila fue especialmente rotunda a la hora de hablar de la «crisis migratoria» en España. Una crisis, dijo, «que no es fruto de la casualidad, sino de la absoluta inacción del Gobierno central». A su juicio, el Ejecutivo ha renunciado a controlar las fronteras y ha alimentado un efecto llamada «devastador» con las políticas de Pedro Sánchez. «Mientras él mira hacia otro lado, las comunidades asumimos solas las consecuencias».

Desde que gobierna Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados, según los datos que aportó la consejera. Solo en 2024 llegaron 2.442 a la región, y en lo que va de 2025 ya se superan los 1.600. En total, en menos de dos años, son más de 4.000. «Nuestro sistema de protección, como el del resto de regiones, ha sido llevado al límite».

Ante ese problema, la Comunidad de Madrid denuncia que el Gobierno de Sánchez, «lejos de rectificar, ha decidido imponer un reparto forzoso de menores entre comunidades para contentar a sus socios independentistas, dejando fuera a Cataluña y al País Vasco».

Desde el pasado mes de marzo, la Comunidad de Madrid ha solicitado el retorno de 66 menores, muchos con perfiles cada vez más conflictivos, según advierte: controlados por las mafias, con consumo elevado de drogas y con niveles crecientes de agresividad. «A día de hoy, el Gobierno no ha resuelto ni un solo caso», advirtió la consejera, quien lamentó la inacción del delegado de Sánchez en Madrid, Francisco Martín, quien solo ha dado largas en los últimos meses.

Dávila recordó que ante este «caos» la Comunidad no se va a quedar callada, ha recurrido el reparto forzoso ante el Constitucional y el Supremo y utilizará todas las herramientas legales para evitar que el Gobierno «siga mezclando a mayores de edad con menores». Por eso denunciará a aquellos adultos que «deliberadamente se hayan hecho pasar por menores y que la Fiscalía determine finalmente que no lo eran».

El Gobierno de Ayuso considera que es un «fraude de ley» que pone en riesgo el sistema de protección, desplaza recursos esenciales y pone en peligro a los menores vulnerables: «Es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan un sistema que el Gobierno se niega a reformar».

Además, la Comunidad de Madrid trasladará a la Justicia aquellos casos en los que familias eludan su responsabilidad y abandonen a sus hijos o hermanos menores, para que la Comunidad actúe como un tutor automático. Así, no permitirá los llamados 'Erasmus' de menores no acompañados, menores enviados por sus propios padres para que la Administración cargue con sus obligaciones. «Eso también es una estafa y abandono». Fuentes de la Consejería reconocen que estos casos son poco y no llegan a la decena.

«Madrid seguirá siendo tierra de acogida, pero nunca cómplice del desgobierno de Sánchez, ni del efecto llamada que está destruyendo nuestro sistema de protección», avisó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

En la misma línea que Ayuso, la consejera sostuvo que la izquierda «alimenta a Vox» a través de este conflicto y le convierte en su mejor aliado. «Necesitan que el bloque alternativo esté dividido y se extreme, para que nunca pueda ganar».

En Vox estuvieron ayer muy atentos a la propuesta del Gobierno de Ayuso. El partido de Abascal lleva mucho tiempo exigiendo a la Comunidad que realice pruebas de edad, aunque desde el Ejecutivo regional siempre han precisado que no es competencia autonómica. «La pregunta es, ¿por qué la Comunidad de Madrid se ha negado constantemente a realizar las pruebas de edad a los menas como les pedimos en Vox?», se preguntaron ayer fuentes de este partido.

«Llevamos años avisando de esto, pero una vez más, vemos, tarde, cómo la consejera admite que es 'una práctica habitual de las mafias', es decir, el Gobierno de Ayuso está diciendo a los madrileños que con sus impuestos las están financiando, como ya avisábamos», advierten en Vox, que hace responsable a la Comunidad de «los actos cometidos y de la financiación de los adultos que se han hecho pasar por menores en los centros de menas» por negarse a hacer la prueba de edad.

En el último informe de la Fiscalía de Madrid, con los datos de 2024, se destacó el «elevado número de expedientes de determinación de edad de menores extranjeros procedentes de las Islas Canarias; pero también, y de manera mucho menos controlada y muy numerosa, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en vuelos procedentes, especialmente, de Casablanca y Egipto». De los 1.937 menas registrados en 2024, según la Fiscalía, 1.110 accedieron a la Comunidad por esta vía (fueron 399 en 2023). Como consecuencia, las pruebas radiológicas para determinar la edad de estos jóvenes tienen una demora media de ocho meses, pues solo se practican en la unidad de Traumatología del Gregorio Marañón.