El Gobierno de Ayuso cifra en casi 44 millones el coste de la ley de Justicia: «El Estado no nos ha dado nada»

El primer paso fue realizar el requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, para que el Gobierno de Sánchez evalúe el coste real de implantación de la ley de Eficiencia y dote a las autonomías de la financiación suficiente a través de los mecanismos establecidos en la propia ley de Financiación de las comunidades de régimen común, según informaron fuentes autonómicas. El Gobierno tiene ahora un mes para contestar a ese requerimiento. Si no es atendido, el siguiente paso será el recurso de la Comunidad ante el Supremo.

El portavoz y consejero de Justicia explicó que el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas. Según detalló, esa obligación «resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas para sufragar y compensar esos costes». «Hasta la fecha, no se ha recibido financiación por parte del Estado», advirtió.

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El pasado viernes, las siete comunidades del PP con competencias transferidas de Justicia, con Madrid a la cabeza, plantaron al ministro Félix Bolaños en la Conferencia Sectorial que se celebró en Barcelona para abordar la nueva ley de eficiencia judicial. Esa ley había entrado el día anterior en vigor, y el PP consideró que la reunión del ministro se trataba solo de una foto y no abordaba cuestiones esenciales como la financiación. El ministro acusó a los populares de «gamberrismo institucional».

El mismo viernes, tras el plante, el consejero madrileño envió una escueta carta al ministro Bolaños para solicitarle una Conferencia Sectorial de Justicia. Miguel Ángel García pide seis puntos «esenciales» en el orden del día, para el funcionamiento del sistema judicial y para que no se quede en el «paripé» que, según declaró, fue la reunión frustrada de ese día. Esos seis puntos son: situación de la Justicia y del Estado de Derecho en España, habilitación de mecanismos de financiación para las comunidades por los costes de implantación de la ley, aprobación de los nuevos modelos de referencia, impacto de los medios adecuados de solución de conflictos en el Turno de Oficio, modificaciones reglamentarias previstas y aprobación del marco común de teletrabajo.

El pasado miércoles, el consejero ya había pedido a Bolaños que financiase los costes de implantación. En aquella misiva al ministro se sorprendía de que «ante la inminente entrada en vigor de una ley que viene a cambiar el modelo tradicional de la Administración de Justicia», con «un coste económico enorme para las comunidades autónomas con competencias transferidas», sólo haya un punto en el orden del día de esa reunión, y referido a «la información sobre el estado de implantación del nuevo modelo organizativo».

El consejero insistió ayer en denunciar que la norma se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia y la responsabilidad última de su ejecución, ni tampoco con el Poder Judicial. «Supondrá para la Comunidad de Madrid un gasto de 43 millones de euros», aseguró.

«Es preocupante la falta de financiación a la que el Gobierno central nos tiene acostumbrados cuando las comunidades autónomas tenemos que aplicar nuevas medidas legislativas, pero más preocupante es que a Pedro Sánchez ya no le quedan más líneas rojas que traspasar», señaló el consejero.

García Martín destacó que España atraviesa «una legislatura que nunca debería haber comenzado y que debería terminar cuanto antes». «Nunca ha habido tantos motivos y tan evidentes para exigir la convocatoria de unas nuevas elecciones, y es que, Pedro Sánchez, está llevando a las instituciones a un descrédito inaceptable que pone en riesgo el funcionamiento del Estado de derecho», subrayó.

En su intervención en el encuentro informativo de ayer, el portavoz del Gobierno de Ayuso y consejero de Presidencia y Justicia cargó contra Pedro Sánchez, en línea con el discurso de Ayuso: «Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, España vive inmersa en una borrasca de mentiras, bulos los llaman ahora, corrupción, asalto a las instituciones, ataques a la separación de poderes, a la Constitución, a la libertad de prensa y, lo más grave, a la propia convivencia entre españoles».

García Martín sostuvo que Sánchez debe presentar la dimisión de forma inmediata y convocar elecciones: «España no se merece un Gobierno que se encuentra en manos de quienes quieren destruirla. Urge que Pedro Sánchez presente su dimisión. Nunca ha habido tantos motivos y tan evidentes para exigir la convocatoria de nuevas elecciones».

El consejero madrileño denunció que Sánchez «supone un atentado contra el Estado de Derecho». «Jamás se había visto una campaña tan feroz para desacreditar a jueces y magistrados, con una embestida tan directa a la separación de poderes». En su opinión, detrás se esconde «una estrategia que busca socavar la confianza en la Justicia».