Frente policial para que un solo juzgado agrupe los 121 expedientes del hotel okupa: «Trafican con drogas y hay bandas latinas»

Por ello, las jefaturas de ambos Cuerpos, que viven ahora un momento de excelente cooperación institucional, trabajan juntas para que los 121 procedimientos judiciales abiertos en estos momentos con relación a este enclave se reagrupen en un solo juzgado. Fuentes de toda solvencia explican a ABC que se trata, sobre todo, de asuntos de okupación (allanamiento de morada o usurpación, según el caso), pero que también caben dentro de la nómina los sucesos luctuosos mencionados y otros de gran gravedad: «Hemos comprobado que hay trapicheo de drogas en algunas viviendas, sobre todo en bajos», explican las fuentes consultadas.

Además, los servicios de Información, tanto de Policía Nacional como de la Municipal, han estado presentes a raíz de la salvaje agresión sufrida en noviembre por un salvadoreño al que acuchillaron por el impago de la 'renta' a uno de los okupas mafiosos. Este había llamado a su hijo y a unos amigos, que son de la banda latina de los Trinitarios, para que ajustaran cuentas con un 'moroso' centroamericano, al que dejaron malherido.

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Aitor Santos Moya

Se están redactando informes por ambas partes y el próximo 12 de febrero se reunirán con la Fiscalía de Madrid, con la propiedad del edificio y sus acreedores. Quieren trasladar al Ministerio Público la imperante necesidad de que los 121 expedientes, desperdigados ahora por reparto en múltiples juzgados de la capital, se reunifiquen en un solo procedimiento; y lograr así y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, convencer al Decanato de Plaza de Castilla o al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que un solo togado se haga con todo el caso. De esta manera, se agilizaría el trámite de desalojo de la propiedad, pues al estar en distintas salas cada uno de los expedientes iría a una velocidad distinta. Uno de los problemas que pueden encontrarse en los juzgados para llevar a término el lanzamiento colectivo es la vulnerabilidad que puedan alegar algunos de los okupas, pues hay bastantes menores de edad entre las familias allí presentes. El grueso lo conforman peruanos, colombianos y dominicanos, casi todos sin papeles en regla en España, aunque también hay personas con nacionalidad española.

«Llevamos tres muertos ya, hay un grave problema de seguridad pública», reconocen entre las partes implicadas en las investigaciones: «Lo que buscamos es agilizar el proceso de desahucio lo máximo posible. Incluso tienen un garaje inundado. Lo ideal sería una ejecución inmediata, porque algunas viviendas tienen incluso baras de hierro atravesadas en sus accesos».

Mientras todo ello llega, ambos Cuerpos han redoblado su presencia en el complejo, con un subgrupo de 14 agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Policía, y otras tantas de la Comisaría Central de Seguridad (CCS), los antidisturbios de los municipales. A ellas se suman dos patrullas del distrito de cada uno de los Cuerpos, que están de manera intermitente allí, lo que supondrían unos 35 efectivos día y noche.

En febrero de 2024, Ramón Santiago Jiménez, uno de los asesinos de Sandra Palo, fue arrestado con otros compinches por mantener allí secuestrados a dos miembros del clan de los Gabarre. Además, en diciembre, un colombiano fue asesinado por otro en una disputa por dos equipos rivales de fútbol. Y el viernes pasado, un hombre murió acuchillado cuando defendía a su mujer en una reyerta por el impago del 'alquiler' de uno de los pisos okupados.