El fiscal general asegura que se están revisando uno a uno los casos de ancianos fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia

Durante su comparecencia este martes en el Senado, García Ortiz ha recordado que el pasado 31 de octubre de 2024 Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias remitieron copia de la denuncia colectiva que había sido entregada en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta denuncia, que fue remitida a cada fiscalía territorial, estaba presentada en nombre de 109 familiares de 115 personas que en marzo de 2020 vivían en residencias de la Comunidad de Madrid.

La denuncia refería que los presuntos protocolos de no derivación habrían denegado la asistencia sanitaria al 80% de los residentes como consecuencia de su dependencia moderada o severa; que no se procedió a la medicalización de las residencias; y que a sus residentes se les negó asistencia sanitaria en centro privado, salvo si tenían un seguro médico.

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El Fiscal General del Estado ha explicado que, en el seno de este expediente, la Secretaría Técnica de la Fiscalía mantuvo una reunión con representantes de estas asociaciones en fecha 3 de diciembre de 2024. Además, ha precisado que el pasado 27 de enero de 2025 tuvo lugar una reunión con los fiscales encargados del despacho de la denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid y en las tres Fiscalías Áreas.

«Por parte de todos ellos se está procediendo a revisar la denuncia en relación con cada una de las víctimas, incoando diligencias de investigación por cada una de ellas para comprobar si los hechos ya han sido objeto de investigación y, en caso afirmativo, comprobar si se han realizado todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia y si en alguna de ellas constan los mismos hechos denunciados«, ha indicado García Ortiz.

Según ha precisado, en el supuesto de que existiera un procedimiento penal, se ha remitido la denuncia instando las diligencias que se estimen procedentes. En caso contrario, ha señalado que se está desarrollando la correspondiente actuación investigadora en el seno de unas diligencias de investigación, tratando de realizarlo a la mayor brevedad para evitar la prescripción de los hechos denunciados.

En ambos supuestos, ha puntualizado que la resolución que se dicte se notificará personalmente a los denunciantes, como familiares de las víctimas. Además, ha añadido que, si se ha procedido al archivo por remisión al órgano judicial, se realizará una explicación a las asociaciones que actuaban por representación y en muchos casos también directamente a dichos familiares. Esta comparecencia, según ha indicado, ya se ha verificado en varias diligencias de investigación.

En caso contrario, ha señalado que serán oídas en el seno de las diligencias de investigación que se hayan incoado y en los procedimientos que se puedan derivar de las mismas.

García Ortiz ha asegurado que, desde su llegada a la Fiscalía, se marcó como «prioridad» conocer y analizar las consecuencias de la pandemia y, en especial, los fallecimientos en las residencias.

Así, ha recordado que en octubre de 2022 dirigió una circular a todas las fiscalías de España para que informaran de todos los procedimientos judiciales en trámite e instó a los fiscales superiores de las comunidades autónomas, además, a adoptar las medidas oportunas para que las víctimas o sus familiares fueran oídos en las diligencias de investigación y procedimientos judiciales seguidos por fallecimientos en residencias y centros de mayores.

Según ha remarcado, «más allá de las eventuales responsabilidades penales, la pandemia constató la necesidad de replantear el modelo residencial«. »La prevención, la asistencia y la protección son de gran importancia para fomentar un nuevo modelo de cuidados centrado en las personas«, ha defendido.

García Ortiz ha recordado que en mayo de 2024 desde la Secretaría Técnica se dictó un nuevo oficio por el que se solicitó a los fiscales superiores información actualizada, así como que comunicaran el número de resoluciones que habían sido objeto de recurso por parte del Ministerio Público. A partir de los datos recabados, según ha resumido, se tuvo conocimiento que todavía estaban en trámite 91 procedimientos en todo el territorio nacional.

Además, ha subrayado que, según los datos actualizados de noviembre de 2024 de la Comunidad de Madrid, todavía 27 procedimientos se encuentran en tramitación, si bien ocho de los mismos están pendientes de resolución de los recursos de apelación interpuestos contra el sobreseimiento provisional.