Fin de obras en la Línea 7B de Metro: 100 millones gastados y 2.000 días cerrada desde 2007

Cuando, en agosto de 2022, el Gobierno de Díaz Ayuso decidió actuar, la línea ya había estado sin servicio 860 días, y se llevaban gastados 30 millones en distintas actuaciones que no solucionaron el problema. Entonces se acometió un plan de actuación integral que ha durado tres años, y cuyos trabajos están a punto de acabar este mismo mes. Aún faltará realizar comprobaciones de seguridad antes de poder reabrir la línea de Metro.

Ese verano de hace tres años, con cientos de viviendas ya afectadas y muchos vecinos de San Fernando de Henares desesperados, la L7B se cerró entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares. Posteriormente, en julio de 2024, también se iniciaron obras entre San Fernando y Barrio del Puerto, que también se cerraron al público. Los responsables regionales aseguran que la situación global en cuanto a la seguridad de los edificios en la zona continúa «estable» y «no existe ningún riesgo adicional» ni se prevé «que haya impacto en nuevos edificios», como señalaron ante la comisión de Transporte de la Asamblea antes del verano.

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La inestabilidad del suelo que atraviesa el túnel del Metro ha provocado movimientos del terreno, que han repercutido sobre las viviendas situadas en superficie en algunos tramos. Oficialmente, son 12 los bloques afectados, que incluyen 73 viviendas y cinco locales. En el Gobierno regional no esperan que se produzcan más casos.

De hecho, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció que sobre los terrenos afectados, donde ha habido que derribar viviendas y otros equipamientos, se creará una gran zona verde de 12.000 metros cuadrados, con equipamientos deportivos e infantiles. Las autoridades regionales se responsabilizaron del problema y se comprometieron no sólo a indemnizar a los afectados, sino también a pagarles el alquiler mientras se reparaban las viviendas susceptibles de arreglo, las mudanzas, y hasta los guardamuebles.

Sin embargo, los vecinos no están satisfechos, ni con las indemnizaciones ni con el trato, y mucho menos con que se quiera dar el problema por solucionado. Para Alejandro Escribano, uno de los portavoces de la Plataforma de afectados por la Línea 7b de Metro, «quieren terminar entre este mes y diciembre, y poner un parque encima para decir que ya se ha acabado todo. Pero la realidad es que el problema se sigue extendiendo por el municipio y la situación es terrible para los afectados».

Afirma que «muchos vecinos se han visto obligados a ir a juicio» por no estar de acuerdo con la cuantía de las indemnizaciones. Además, «el Metro se sigue hundiendo, hemos perdido los servicios, no tenemos un transporte decente y la mitad de los afectados con daños siguen sin ser reconocidos». A esto se añade que la zona se ha devaluado: «Hemos sabido que ha caído un 50 por ciento en algunos casos», indica. Otro problema que se les añade es que «los que perdimos la casa seguimos siendo propietarios de nuestros solares; no podemos comprarnos una casa y encima tenemos cargas fiscales muy amplias».

Escribano está muy preocupado porque no confía en la solución técnica que se ha aplicado a lo largo de estos tres últimos años de obras. Se basa para ello en un informe del Colegio de Geólogos: «Es un parche –dice– para aguantar el suelo, pero el proceso de disolución sigue en marcha».

El informe del que habla fue realizado por esta institución colegial, a petición del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Y en él advierten que «sólo con un modelo predictivo se puede llegar a conocer la evolución del fenómeno y anticipar los problemas».

Dicen los geólogos que el subsuelo de la zona del Metro presenta varios fenómenos: la karstificación de la roca de yeso y la disolución de un tipo de sal, un «proceso natural debido a la infiltración de agua dulce de las lluvias y del río Jarama» que produce «una muy lenta disminución de volumen de terreno, a lo largo de miles de años». Pero la construcción del Metro «produjo un aumento brusco de la infiltración de agua dulce desde la superficie, alterando el régimen hidrogeológico natural». Y eso aceleró «enormemente» los procesos en profundidad, causando «la rápida disminución de volumen y, en superficie, asentamientos del terreno, con fallo del cimiento de los edificios».

Relata también este informe profesional que en el proyecto de construcción del Metro, aunque se detectó la presencia de sales solubles, no se tuvieron en cuenta para el diseño ni esto ni los 'evidentes huecos de disolución'. Los estudios realizados al producirse las primeras patologías (en 2008, al año de inaugurarse) por la Universidad Complutense y la Politécnica de Madrid, dieron en el blanco: observaron que el caudal de agua extraída por el pozo de bombeo se había multiplicado por 20 en menos de un año y el agua bombeada era muy salina; se identificaron unos 13.500 metros cúbicos de huecos en el subsuelo en sólo cinco meses de ese año; y se avisaba de que todo ello podía tener consecuencias importantes y comprometer incluso la estabilidad del túnel del Metro y de las cimentaciones de los edificios circundantes.

Hubo luego proyectos de reparaciones en 2009 –donde se restó importancia al problema–, ausencia de estudios geológicos en los años siguientes –aunque ya aparecían daños estructurales en algunos edificios–, y proyectos de reparación en 2011 que utilizaron la solución de impermeabilizar mediante inyecciones del pozo de bombeo, algo que ya se había utilizado antes sin éxito. Otras actuaciones posteriores tampoco dieron con la fórmula que solucionara el problema.

Tras hacer un repaso por hasta seis reparaciones llevadas a cabo en ese túnel entre 2008 y 2022, el Colegio de Geólogos llega a conclusiones: por un lado, que «el acertado dictamen realizado en 2008 por la Complutense y la Politécnica de Madrid, en el cual se identificó perfectamente la causa del problema, no parece haberse tenido en consideración hasta 2016». Por otro, que el hecho de que fueran muchas empresas y organismos diferentes los que participaron en proyectos y estudios sobre este problema provocó «una dispersión de información, de métodos de trabajo, de calidad de los estudios (algunos de ellos realmente muy deficientes), de continuidad e interrelación de unos con otros». Proponen realizar un estudio geológico espacial y de detalle para construir un modelo geológico e hidrogeológico, «base de partida para el diseño de soluciones constructivas factibles, eficaces y duraderas».

El Gobierno regional ha reconocido su responsabilidad en los daños causados en las viviendas, y defendido siempre que se les pagarían a los afectados las máximas indemnizaciones que permitiera la ley. Estas quedaron fijadas en una horquilla entre los 136.000 y los 355.000 euros por vivienda, y entre 10.000 y 33.000 euros por garaje. Además, se anunciaron para ellos bonificaciones del cien por cien de los tributos de gestión autonómica relacionados con la compra de una vivienda en San Fernando de Henares, y se abrió una línea de ayudas para pymes y empresarios.

Pero no todos los vecinos las han aceptado de buen grado: hay 28 de ellos que demandaron a la Administración regional por ello. Y la primera sentencia, a favor de uno de ellos, se conoció hace apenas dos meses, el 30 de junio: es del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid, y estimaba parcialmente la demanda de uno de los afectados, ordenando a una mayor indemnización por los daños sufridos, ajustar las cuantías inicialmente fijadas en vías administrativas ajustándolas a la tasación presentada por los afectados, y contempla que el daño moral también debería ser compensado.