Una estafa de 7,7 millones de euros a base de sushi, tacos y pokes

Fue a principios de la década anterior, cuando los titulares de Gadea abrieron Sushimore, su primera cadena, especializada en el sector delivery y con locales que se podían poner en marcha con solo dos empleados. Así, seducidos por un negocio a todas luces rentable, los franquiciados entregaban elevadas cantidades de dinero, sin que los beneficios prometidos llegaran nunca a ser reportados. Tras ello, extendieron sus tentáculos a través de nuevas marcas como No Mames Wey, Nigiri, Crudo Bowl o Bar de Fuegos, hasta el punto de que en 2021, en plena depresión hostelera por la pandemia, el grupo ya contaba con una treintena de establecimientos repartidos por todo el territorio nacional.

Con una facturación entonces de 13 millones de euros anuales, el principal impulsor de la compañía dejaba claro en entrevistas su estrategia de crecimiento: «Queremos ser uno de los principales grupos de restauración del país y vamos a trabajar en ello apoyándonos en socios como una de las principales cadenas de distribución». Con un sistema de captación indiscriminado, la bola de nieve siguió su imparable curso, dejando por el camino a los inversores caídos. Hasta que un día los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) pusieron sus ojos en un taco de denuncias similares.

Los investigadores comprobaron que para ganarse la confianza de los perjudicados, la empresa presentaba un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas y proyecciones que poco o nada tenían que ver con la realidad. De hecho, muchos de los proyectos se abandonaban al poco tiempo, decisiones que sus responsables justificaban en supuestos fracasos empresariales. Mientras, las víctimas comenzaban a recibir continuas evasivas o eran recolocadas en otras aperturas.

Avanzadas las pesquisas, los agentes constataron que las aportaciones económicas apenas se destinaban a las inversiones pactadas, por lo que el amplio remanente obtenido quedaba a merced de un constante movimiento de fondos entre más de 40 cuentas bancarias. El objetivo no era otro que tratar de ocultar la presunta actividad fraudulenta y camuflar el capital como gastos personales del principal investigado.

La operación policial se explotó de manera simultánea en La Coruña y Madrid, con seis personas detenidas (tres en cada punto). Durante los registros en tres pisos de la ciudad gallega, los efectivos de la UDEF incautaron documentación relevante para la trama, varios teléfonos móviles, un ordenador portátil y un coche. Además, se quedaron bloqueada doce cuentas bancarias y un inmueble con un valor de 60.000 euros.