Encerrados en sus casas en Madrid: «Si no me ponen un ascensor, me voy»

Esta barriada popular del distrito de San Blas la componen bloques de media y baja altura, de hasta cuatro o cinco pisos. Sus edificios de ladrillo visto, construidos en tiempos de blanco y negro, no resisten la más mínima prueba de accesibilidad, aunque tampoco estaban pensados para eso. San Blas se levantó a finales de la década de los 50, al igual que otros barrios obreros promovidos por el franquismo, para acoger a la inmigración rural que llegaba a la ciudad. El problema, ahora, es que arrastra algunas de esas deficiencias, como los escalones y la ausencia de ascensores y rampas, pero esta vez con una población mucho más envejecida.

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Carlota Barcala

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Sentado en un banco de la calle de los Hermanos García Noblejas, Paco reposa a la sombra. Cumplirá en seis meses 90 años, después de toda una vida dedicada a la panadería. Vive en un primer piso sin ascensor; no es mucho lo que tiene que subir, dice, «pero ya me cuesta, sí». Explica a este diario que «algún vecino» ha tenido que mudarse, como también lamentan otros residentes de la zona. «Los mayores que adquieren con el paso de los años una discapacidad de movilidad reducida se ven muchas veces encerrados en sus casas o, en otros casos, tienen que abandonar sus domicilios porque no pueden seguir viviendo en ellos», aclara Óscar Moral, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Comunidad de Madrid.

La plataforma cifra en un 70% los inmuebles de propiedad horizontal que son inaccesibles para personas con movilidad reducida, y un reciente informe de la Fundación Mutua de Propietarios eleva hasta un 87% los edificios que necesitan realizar algún tipo de actuación para mejorar su accesibilidad.

Todavía son muchas las barreras arquitectónicas que imposibilitan que estas personas puedan entrar y salir libremente de sus domicilios: escalones en el acceso al portal, presentes en uno de cada cuatro edificios, según el informe; un tramo de escaleras para llegar hasta el elevador, rampas con pendientes incomprensiblemente pronunciadas... «Estas personas llegan a sentirse secuestradas en sus propios edificios, de donde sólo pueden salir esporádicamente, cuando tienen una cita médica o una urgencia», lamenta Moral.

Aunque los ascensores representan la principal y más urgente exigencia del sector de la discapacidad —el 14% de los edificios de viviendas comunitarios en la Comunidad de Madrid no dispone de ascensor—, los porteros automáticos inaccesibles desde una silla de ruedas en el 58% de los casos, el peso de las puertas —el 54% pesa demasiado— y los buzones inalcanzables en dos de cada tres edificios, según el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios, son barreras arquitectónicas que aún lastran la convivencia de las más de 210.000 personas con discapacidad que viven en la ciudad de Madrid.

Desde Cermi plantearon durante la tramitación de la nueva Ley de Vivienda una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras de accesibilidad se contemplaran como las de estabilidad, seguridad y estanqueidad, «un asunto fundamental para solucionar esta situación». En la actualidad, las obras que cuestan menos de 12 cuotas mensuales por vecino son obligatorias; es decir, no necesita el voto de la mayoría de los vecinos. Aquellas que superan esa cuantía, en cambio, requieren la aprobación por parte de los vecinos, o que el que solicita la obra pague el coste por encima de las 12 mensualidades de derrama.

Para la plataforma, «ahí radica la situación de dificultad», porque quedan excluidas de esa obligatoriedad las obras de cierta envergadura como son los ascensores. Con la negativa del Gobierno a reformar la Ley de Propiedad Horizontal «se ha perdido una gran oportunidad. Una ley que pretende garantizar el derecho a la vivienda a los ciudadanos se ha olvidado de la ciudadanía con discapacidad», lamenta el presidente de Cermi en Madrid.

En cualquier caso, Óscar Moral reconoce que realizar obras de cierta envergadura es «un tema complejo» para comunidades de propietarios en una situación dificultosa, para los que «hay que establecer más líneas de ayudas, lógicamente, para que se puedan financiar y subvencionar esas obras de accesibilidad». En la Comunidad de Madrid, adaptar todos los edificios de viviendas costaría una media de 756 euros por hogar, según el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios. El coste se dispara en las actuaciones de gran envergadura en comunidades de propietarios pequeñas.

En Simancas, la arquitectura de muchos de los edificios complica la instalación de los ascensores. El espacio es muy reducido y las obras obligarían a quitar metros cuadrados a las viviendas o a invadir una acera ya de por sí minúscula. Paloma, vecina del barrio, se niega a aceptar un acuerdo, pese a tener una prótesis, porque el importe ascendería a 500 euros mensuales durante tres años. «Vivo en un bajo y me da igual», aclara. Al otro margen de la calle de los Hermanos García Noblejas, algunos edificios empiezan a lucir ya elevadores a pie de calle. Otros, todavía se resisten. Y para los morosos, «si no pagan la mensualidad, se les quita la llave», comenta una residente.

En opinión de los expertos técnicos, esas cifras flagrantes de falta de accesibilidad son un recordatorio más de que la ciudadanía «no está concienciada en esta cuestión ni en otras de gran calado que van a exigir grandes cambios a medio plazo», asume Francisco Javier Méndez director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Para Méndez, una auditoría del estado de los edificios madrileños «es la mejor forma de estar preparados» para la 'revolución' técnica y económica que viene. Eso pasa, «como mínimo», por que el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) se exigiese a los 30 años de antigüedad «para agilizar la mejoría de nuestro parque inmobiliario». «No habrá sostenibilidad real si no se alcanza la accesibilidad universal o, al menos, una adecuación efectiva a la misma», resume tajante.