La empresa que gestiona la M-30 será 100% municipal en 2026 para ahorrar 50 millones al año
El Ayuntamiento de Madrid prepara la compra del 20% de las acciones que pertenecen a Emesa
Un día en el 'cerebro' de la M-30, el ojo que todo lo ve dentro de los túneles

M-30. La eme procede de Madrid. El número tres significa que fue la tercera gran vía que rodeaba la capital, en la década de 1970. Y el cero, que se trata de una circunvalación. El anillo de asfalto de la capital, una de las infraestructuras más importantes de España, dependió del Ministerio de Fomento desde su construcción hasta el año 2004, cuando el ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón asumió su gestión; el mismo alcalde que ordenó la obra más colosal de la ciudad, el soterramiento de 10 kilómetros de la M-30. Así nació Madrid Calle 30 S.A., una sociedad mercantil municipal que, al año siguiente, pasó a ser mixta con la entrada de capital privado. Dos décadas más tarde, José Luis Martínez-Almeida quiere regresar al estado original.
A partir del 1 de enero de 2026, Calle 30, la sociedad encargada de gestionar y conservar esta red de 32 kilómetros de carretera y túneles madrileños, será cien por cien pública. El Ayuntamiento de Madrid es dueño del 80% de las acciones y ha iniciado los trámites para comprar el 20% restante a la Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A. (Emesa), la adjudicataria del contrato de mantenimiento de la circunvalación, participada por los grupos Ferrovial, ACS y Vinci. La operación se materializará el 31 de diciembre de 2025.
El Área de Obras y Equipamientos, la concejalía a la que está adscrita Calle 30, explica que se trata de un «cambio de modelo de gestión» y no de remunicipalización, porque el 80% de la sociedad es de titularidad municipal desde 2005. El objetivo es gastar menos: «Va a suponer un ahorro considerable, porque se van a dejar de pagar impuestos y dividendos», asegura la delegada del ramo, Paloma García Romero. Según las estimaciones preliminares, son 12 millones de euros anuales por el reparto de dividendos a los socios privados, 29 millones de IVA (el Impuesto sobre el Valor Añadido que se aplica al contrato de concesión) y varios millones del Impuesto sobre Sociedades. Unos 50 millones menos, aunque la cifra exacta puede oscilar.
Que la M-30 esté a punto depende de dos contratos. El primero, entre el propio Ayuntamiento de Madrid y la sociedad mixta Calle 30, relativo a los servicios de gestión integral, cuenta con un presupuesto anual de 165 millones de euros. El segundo, suscrito entre Calle 30 y Emesa, adjudica a la segunda el mantenimiento y explotación del anillo. Ambos están vigentes hasta 2040. ¿Por qué el consistorio decide cambiarlos ahora? Porque los pliegos contemplan una opción de compra ese 31 de diciembre de 2025 sin coste para las arcas municipales. Es decir, sin indemnización a la empresa privada por el tiempo restante de la concesión. Y porque el pleno municipal, en el pasado mandato, aprobó por unanimidad (PP, Más Madrid, Ciudadanos, PSOE y Vox) que Cibeles asumiese la gestión total de Calle 30.
Las cifras precisas
El camino burocrático es largo. El Área de Obras y Equipamientos tiene que redactar una propuesta, elaborar una memoria justificativa, remitir todos los documentos al Pleno... La parte administrativa y engorrosa con la que se cambiará el modelo de gestión sobre el papel. Después está el trabajo técnico: preparar los nuevos contratos de conservación y sacarlos a concurso público para que, desde el 1 de enero de 2026, las labores e inversiones en la M-30 continúen sin contratiempos. Antes de abrir esas dos vías, no obstante, el consistorio espera los resultados de un estudio previo.
Ese informe determinará las cifras del futuro ahorro que supondrá la gestión pública a las arcas municipales y el precio que le corresponderá pagar al ayuntamiento por ese 20% de acciones. Es un estudio encargado por la concejalía de Economía, Innovación y Hacienda a una empresa, dentro del contrato marco de asesoramiento externo sobre la sostenibilidad y eficiencia sobre el cambio de modelo de gestión de Calle 30. En otras palabras, un análisis financiero, fiscal, laboral de la sociedad que arrojará números más precisos un año antes de la compra.
El 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite. «No se puede retrasar, por eso estamos empezando con tiempo», asegura la delegada, García Romero. Ese mismo día, además, el ayuntamiento amortizará la deuda de 111 millones de euros que conserva Calle 30, un préstamo subordinado aparejado al contrato de concesión a Emesa.
Subrogar la plantilla
Calle 30 emplea a 17 personas, pero el grueso de la plantilla está en Emesa y el consistorio abordará cuanto antes la subrogación de sus 300 trabajadores. El Área de Obras y Equipamientos negociará con la empresa para que, el 1 de enero de 2026, los 300 salten a las adjudicatarias de los nuevos pliegos, «cada uno en función de las labores que realice», sin necesidad de nuevas contrataciones.
Más allá de esos 50 millones de ahorro, la gestión cien por cien pública facilitará la burocracia. Hasta la fecha, cada vez que la M-30 amplía sus fronteras o retoca su infraestructura ―el cubrimiento del anillo a su paso por el antiguo estadio Calderón o la remodelación del Nudo Norte―, se requería una compleja modificación del contrato vigente para extender las labores de conservación. Eso desaparecerá. Aunque el cambio pasará desapercibido, como aseguran desde la concejalía: «El madrileño no lo tiene por qué notar, va a estar igualmente conservado, pero las arcas del ayuntamiento sí lo van a notar».
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