«Me han dicho que a mi hijo lo han matado y despedazado unos narcos»

Es verdad que Francisco de Pablo Páez, de metro noventa y cinco de altura, con alopecia areata parcial, 85 kilos, sin pestañas y con las cejas pintadas por esta enfermedad, trabajaba como albañil. Pero su madre no esconde que se dedicaba también al trapicheo. Pero eso no es motivo, sostiene, para que su corazón no esté roto: «La gente debe entender que mi hijo no es un desecho humano; sino una persona con familia, abuelos...».

Juana se ha enterado de que su hijo tenía una cita en el centro de salud para el 21 de abril, un mes después de su desaparición. Y que a los tres días de no saber nada de él se hizo una recarga en su móvil de prepago, aunque no a su nombre. «Por eso pedimos al magistrado que ordene el rastreo del teléfono, pero parece que no lo va a permitir hasta que me presente con la cabeza de mi hijo en su despacho», sentencia, muy dolorida.

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El caso de Fran no es, por desgracia, un hecho aislado. El último informe sobre Desaparecidos del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso ABC, habla de que en 2021 se interpusieron 22.285 denuncias por desconocerse el paradero de personas. De ellas, 2.205 fueron en la Comunidad de Madrid, la segunda tras Las Palmas. Del total nacional, quedan activas 5.411, 327 en nuestra región. Quince se corresponden con menores de edad que no han reingresado en sus centros de acogida o estancia.

Madrid es la tercera comunidad con más menores desaparecidos reincidentes; pero encabeza la lista española en cuanto a los no reincidentes. De hecho, el 68% de los chavales a los que se pierde la vista tienen entre 13 y 17 años. En cifras globales, los menores son aproximadamente la mitad de los protagonistas de las denuncias presentadas. Unos casos que, en su mayoría, acaban como marchas voluntarias y temporales de casa. Pero otras no.

Un experto en estas lides reconoce que los de desaparecidos son «casos muy complicados». Y pone un ejemplo: tras los españoles, las nacionalidades de los denunciados en nuestro país son, por este orden, marroquí y argelina. «La mayoría se corresponden a gente que ha muerto en pateras. Salen de África y tienen en Madrid a algún hermano o pariente, que acude a comisaría porque no sabe nada de ellos. Se les toma el ADN, en caso de que los denunciantes sean parientes próximos, y se guarda. Pero en casos así no hay posibilidades de que se les encuentre», dice el agente, con tono de resignación.

Esta pasada semana se resolvió un caso de lo más peculiar: un ciudadano francés de 40 años, ingeniero informático en IBM en su país, llevaba un año sin dar señales de vida. Sus padres interpusieron la denuncia en el país galo, pero les llegó que su exmujer tenía relaciones con sectas en España, y decidieron denunciar aquí. Para nuestra Policía Nacional fue fácil dar con él. Consiguieron su número de teléfono y a la enésima llamada respondió. Estaba viviendo en casa de unos amigos en Embajadores, barrio en el que trabaja como camarero. Había decidido dejar su vida anterior atrás, tras quedarse sin nada en el divorcio. Sobre sus padre, dijo: «No quiero saber nada de ellos, porque cuando los necesité no me ayudaron».

Este es un ejemplo claro de una desaparición voluntaria, que son las mayoritarias. Pero no le van a la zaga los casos de sustracciones parentales, explican las fuentes consultadas. Padres separados que no devuelven al otro cónyuge al hijo, incumpliendo el régimen de visitas, o incluso se marchan con ellos a otra provincia.

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En cuanto a otras de tipo involuntarias o forzosas, muchas tienen que ver con deudas por tráfico de drogas, que se traducen en 'amarres', una suerte de secuestro rápido para obtener el dinero que se debe. «En esos asuntos, la familia denuncia, pero no reconoce los hechos relacionados con la criminalidad», explican. Más casos peliagudos los representan las personas captadas por sectas o por organizaciones que se autodenominan espirituales o que conviven consumiendo 'pócimas' que en realidad no son más que sustancias estupefacientes.

Otro caso tan reciente como lejano en el tiempo es el de Juana Canal Luque. Esta vecina de Ciudad Lineal, que como su pareja de entonces había arrastrado problemas de alcoholismo y depresión, se esfumó el 22 de febrero de 2003. Su hijo, que ya ha fallecido, denunció que había llegado a casa y se había encontrado una nota del compañero sentimental de su madre explicando que habían discutido, ella se había marchado y no sabía dónde se encontraba. El hombre, poco colaborador, se marchó a vivir a casa de sus padres. Hasta que en diciembre de 2019, un senderista halló un fémur en un paraje de Ávila y el ADN reveló que era de Juana. Apenas quedan seis meses para que el caso prescriba.

Otro asunto es el del grafitero David Hernando Cortés, 'Lork', vecino de Villaverde y del que no se sabe nada desde el 8 de noviembre de 2017. Tenía entonces 26 años y sufrió un brote psicótico, como en ocasiones anteriores.