Desalojo forzoso para los últimos de Torrijos: un fondo tapia los puestos sin permiso de los dueños

Este lunes, padre e hijo se fundieron entre lágrimas en un abrazo a las puertas del mercado. Pasaban pocos minutos de las nueve de la mañana, pero llevaban apostados allí más de hora y media. La semana pasada –junto a otros tres comerciantes, los de la planta alta– recibieron un burofax en el que Numulae, un fondo de inversión que se hizo con el 90% del mercado de manera ilegal, según los vendedores, les advertía que comenzaría unas obras en la planta superior y les instaba a aceptar unos locales en la planta baja. Se negaron. Si ceden a las presiones de la socimi (sociedad anónima de tipo mercantil) pierden todos sus derechos sobre el suelo que hace años compraron y del que todavía son propietarios.

Pero la amenaza se cumplió y las obras arrancaron. No solo eso, sino que el acceso a la planta estaba tapiado por bloques de pladur, y en la entrada principal del mercado, tres guardas de seguridad contratados por Numulae para impedirles entrar. «¿A dónde va? ¿A la planta de abajo? Pase», repetían. No pudieron ni estacionar en el parking.

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A las 7.30, después de que el abogado que los representa llamase a la Policía Nacional, lograron subir. La puerta de obra instalada en los paneles de pladur se abrió. Al otro lado, «el desastre». De uno en uno, Francisco López, Marcelo Muñoz, José Luis Díaz y Mariano González pasaron al interior. Son los cuatro comerciantes cuyos puestos están en la planta alta del mercado. Los primeros cuatro a los que quieren obligar a irse; los otros cuatro (los últimos ocho de Torrijos) tienen sus puestos en la planta inferior y, por ahora, se han salvado de la maniobra. Aunque saben que pronto tratarán de expulsarles a ellos también. «Iremos cayendo como fichas de dominó», dicen. Pero no quieren hacerlo sin luchar.

Pocos minutos después, Francisco bajó la docena de escalones cargado con dos cajas. En ellas iba media vida, la que pudo salvar; la otra media, su puesto, se quedaba en Torrijos rodeado de escombros y maquinaria de obra. «Han empezado a demoler. Da pena. Entras y ves la máquina, los escombros esparcidos por el suelo… Y te desmoralizas», afirma el septuagenario. Aunque advierte: «Si tengo que venir a dormir aquí vengo todos los días». Lo que sea para que el Goliat Numulae no gane la batalla contra estos ocho 'davides'. Tras esto, todos enfilaron la ruta hacia la comisaría y el juzgado de guardia para denunciar que se les impide ejercer una actividad legal, cuando no tienen ninguna orden judicial de lanzamiento.

Torrijos se construyó en 1932 como mercado municipal, pero en 2009 los 44 vendedores que operaban en él se agruparon bajo la sociedad Torrijos Plaza XXI con participaciones igualitarias para quedarse el espacio tras su privatización. Pagaron más de 3,4 millones de euros pensando que el negocio, en plena Milla de Oro, sería para toda la vida. Y el ayuntamiento lo permitió; eso sí, con una condición. Fijó una cláusula que impedía durante diez años que se especulase con el terreno.

Pasado el plazo, comenzó la tortura y la caza de inversores para hacerse con ese 'caramelo' de 17.000 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Numulae apostó fuerte. Tal y como contó ABC, diez días antes de que se declarase el estado de alarma por el coronavirus, en marzo de 2020, el consejo de administración de Torrijos Plaza recibió una oferta de 255.000 euros por cada participación; es decir, algo más de 11.450.000 euros. La negociación comenzó y la mayoría cedió. Fue el principio del fin de lo que entonces era el mercado.

Para empezar Numulae –con base en Galicia pero propietaria de centros comerciales en Asturias y Córdoba– se quedó con el 52% de las acciones, pero esa cifra no tardó en subir. Según consta en su web, se adquirieron las primeras 23 participaciones por un precio unitario de 175.109 euros, por debajo de la primera oferta. Ahora, tienen aproximadamente el 90%, gracias a una fusión por absorción que se consumó en septiembre de 2021. Es complicado hacer algo contra ellos. Pero todo este proceso, dicen los ocho que resisten, fue ilegal porque no se ejerció el derecho preferente que tienen los socios a comprar, recogido en los estatutos. Lo denunciaron y la Justicia no ha resuelto.

El objetivo de la socimi, según creen, es montar en la planta superior un gimnasio de lujo y una zona 'gourmet' que se llamará Espacio Hermosilla 82. Ya se anuncia en la fachada del inmueble, con recreaciones de cómo quedará. La planta baja, al parecer, estará dedicada a un supermercado. A los ocho que quedan les han ofrecido comprar su participación y luego un pequeño puesto en esa área 'gourmet', eso sí, un puesto de alquiler. Lo han rechazado.

En diciembre del 2022, mientras esperaban que la Justicia se pronunciase sobre la legalidad del proceso de compra, comenzó el ataque de Numulae para expulsarlos: cuatro de ellos recibieron demandas de desahucio por precario, pero un juzgado falló en contra del gigante: paralizó los desahucios, en un caso que llegó a la Audiencia Provincial, que rechazó resolver hasta que se esclareciese el proceso de compraventa. Tras eso, la maniobra de este lunes: tapiar, a las bravas, y hacer obras gracias a una licencia de demolición concedida por el Ayuntamiento de Madrid. Es un desahucio forzoso.

«Desde hace un mes la situación se ha vuelto insoportable. Ha habido cortes de suministro de gas», asevera David, el hijo de Francisco: «Espero que este no sea el final, que esta gente no tenga la libertad de hacer lo que quiera por mucho dinero que tengan», desea. Antes de esto bajó con dos cajas, lo único que pudo atesorar de su puesto. No sabe qué hará con el producto perecedero que guarda en las cámaras frigoríficas, ni qué pasará con ellas.

La misma situación viven José Luis Díaz y Mariano González. «Llamaré a los clientes a los que tenía que entregar pedidos para advertirles de que no puedo y recogeré el dinero que tenía en la caja», confiesa José Luis antes de subir. «Esperamos que alguien nos diga que podemos trabajar en nuestra casa, porque lo que han hecho es tapiar nuestra casa. Y sin una orden judicial no pueden impedírnoslo«, continúa el dueño de la carnicería El Cordobés.

Mariano coincide. «¿Qué voy a hacer con el arcón lleno para las navidades? Perder todo el dinero. Pero ir no nos vamos a ir», subraya. Los cuatro perjudicados denunciaron en comisaría y esperan que un juzgado de guardia emita una resolución. Mientras, controlado por tres vigilantes en la puerta, los operarios siguieron con las obras en la planta alta. ¿Y mañana? ¿Podrán entrar? Nadie sabe qué pasará.