Diez detenidos en el desalojo de La Quimera, uno de los principales puntos de droga de Lavapiés okupado desde hace años

Situado en la esquina de la plaza Nelson Mandela y la calle del Amparo, este inmueble estaba habitado en condiciones precarias por alrededor de 70 personas, la mayoría indigentes, y entre los que se encontrarían tres mujeres y un niño.

Según han comentado en numerosas ocasiones los vecinos, en el interior del edificio se traficaría con droga de manera habitual e incluso habría algunos toxicómanos residiendo en su interior.

Así los constatan fuentes policiales que señalan que, aunque estaban tranquilos los inquilinos, últimamente había entrado un grupo que se dedicaba a vender droga y, desde marzo, se había reforzado el dispositivo, incrementándose las detenciones y las denuncias por consumo de drogas.

Han participado en el operativo un centenar de policías municipales y al menos 70 policías nacionales, que han establecido un perímetro de varias calles, mientras se identifica a todos las personas en el interior de La Quimera. La resolución para el desalojo la ha ordenado el Juzgado Nº 15 de Madrid.

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido la labor de los agentes durante la operación. «Gracias a los agentes que lo estáis haciendo posible. Tolerancia 0 con la ocupación y con las molestias que causa a los vecinos», ha escrito.

Almeida ha defendido que Madrid es «la segunda capital de Europa con mejoresratios respecto a delincuencia, por detrás de Viena, pero con un tamaño muy superior» y que «cualquier persona que viene a Madrid o vive en Madrid es consciente de la garantía de seguridad que con carácter general hay en cualquier lugar de esta ciudad».

El alcalde ha agradecido «la colaboración de la delegada del Gobierno, Mercedes González» en esta operación, algo que «demuestra a los madrileños que la colaboración es fundamental para garantizar la convivencia y la seguridad».

El edificio La Quimera fue proyectado hace más de cuatro décadas, concretamente en 1978, con el objetivo de poner en venta sus viviendas. Sin embargo, diferentes problemas legales impidieron un uso residencial y jamás fue puesto en el mercado, siendo dejado de lado por los dueños.

Ha sido la Policía Municipal la que localizó al propietario del inmueble y le convenció para denunciar la okupación delictiva que se estaba produciendo desde hacía mucho tiempo. Y es que los últimos meses la inseguridad se ha incrementado en este barrio, por lo que agentes locales y nacionales han llevando a cabo un importante esfuerzo con personal fijo desde el mayo pasado (potenciado con 20 agentes más desde este septiembre), en contacto con los colectivos vecinales, con patrullajes permanentes y refuerzo policial (también social en el caso del Ayuntamiento), informa Ep.