Demandas de desahucio para los diez últimos del mercado de Torrijos: «Parecemos okupas en una casa que hemos pagado»

Los que sobreviven se enfrentan, desde hace tres años, a un fondo de inversión que logró adquirir la mayoría de participaciones de los vendedores –dueños del mercado–. Los temores crecen entre ellos, testigos de cómo los establecimientos aledaños bajan sus vallas para no volver a subirlas. Resisten, acorralados, para no ser los siguientes que caigan en esta lucha de David contra Goliat, pero la batalla se prevé duradera: cuatro han recibido ya las primeras demandas de desahucio para instarles a que desalojen sus puestos. Ellos se niegan, ya que consideran que la venta del mercado fue una transacción «irregular», motivo por el que la han llevado a los tribunales.

«Parece que somos okupas en nuestra propia casa. Una casa que pagamos hace años y de la que nos quieren desalojar», afirma Federico Escanciano, dueño de una de las fruterías, que subraya que continuarán defendiendo sus derechos y trabajando hasta que un juez se pronuncie y resuelva si la compra de acciones se ajustó a derecho o no, como ellos han sostenido en esta 'guerra' que comenzó en 2020, aprovechando la pandemia.

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El mercado de Torrijos, construido en 1932 y reformado en 2011, estaba gestionado hace tres años por 43 vendedores que se agruparon en 2009 bajo la sociedad Torrijos Plaza XXI con participaciones igualitarias con el objetivo de hacerse con la superficie, otrora municipal. Pagaron más de 3,4 millones de euros, confiando en que su negocio se mantendría en pie toda la vida. «El ayuntamiento fijó una cláusula para que no se especulase durante diez años con el terreno. Pasado ese tiempo, mira lo que ha pasado, se ha vendido», dice otro de los supervivientes, José Luis Díaz, dueño de una carnicería.

Fue en marzo de 2020 cuando el consejo de administración de Torrijos Plaza recibió una oferta de la socimi Numulae, una sociedad anónima de inversión inmobiliaria. Cuando las restricciones por el coronavirus lo permitieron, comenzaron las reuniones con los comerciantes en las que les presentaban la oferta de compra. Todas eran iguales: 254.000 euros por cada participación; algo más de 11.450.000 euros por la totalidad de la superficie. Cuarenta de ellos accedieron, y solo 13 –tal y como informó ya este diario entonces– se inclinaron por permanecer. Los otros tres han causado baja en estos últimos años, por jubilación o enfermedad.

«Uno de los socios decidió ejercer el derecho de tanteo. Estaba interesado en comprar y hacerse con la mayoría, pero ese derecho preferente, recogido en nuestros estatutos, se vulneró», coinciden todos los comerciantes, que pusieron la operación en manos de la Justicia. A partir de ese momento comenzó lo que ellos califican de «calvario» para los negocios, que en su mayoría han pasado de generación en generación. El juzgado todavía no se ha pronunciado.

Numulae –propietaria de centros comerciales en Asturias y Córdoba– es titular de más del 90 por ciento del capital social de Torrijos Plaza y, en septiembre de 2021, procedió a la fusión por absorción de la sociedad de los vendedores. Este proceso, que culminó en marzo de 2022, también lo han llevado a los tribunales. «En verano, recibimos un burofax en el que nos daban 40 días para liquidar los productos y entregar las llaves. Contestamos que no, ya que consideramos que primero debe pronunciarse un juez sobre el proceso de compra», explica Estrella, propietaria junto a su marido de una frutería, sobre los siguientes pasos que ha ido dando el fondo, ante su resistencia: «Intentan asustarnos».

Tras esto, comenzaron a llegar en diciembre las demandas de desahucio por precario. José Luis es uno de los cuatro que la ha recibido. Este carnicero lleva cincuenta años en el terreno, desde que su madre fundó una pollería. «Con 12 años ya estaba metido aquí», recuerda el veterano, que después de la mili se enfundó un delantal que no ha vuelto a quitarse. «Hasta que Dios me deje seguiré aquí», revela tajante. «Por mucha insistencia que tenga o lucha contra nosotros, esta es mi casa. La tengo pagada, y de mi casa nadie me echa», continúa. Recibió la demanda hace tan solo un mes y medio.

Las luces están también encendidas en la frutería de David Villarrubia, otro al que ya han intentado desalojar. «Mi hermano y yo jugábamos en el mercado de niños, mi abuelo empezó en 1954, cuando todavía estaba en la calle», inicia su relato. «Terminé EGB y al día siguiente de acabar el colegio me puse el delantal», recuerda David. De eso, han pasado más de tres décadas, en las que nunca imaginó que un día tendría que hacer frente a una demanda de desahucio por precario, un proceso judicial que pretende recuperar un «inmueble ocupado» que no se quiere devolver. Ya han alegado. «Lo que pedimos es lo justicia y trabajar. Confiamos en la ley», concluye David.

Cerca de él, Gema Fernández regenta La Alacena de Mamá desde 2011. Es inquilina de una de los socias que sí decidió vender, aunque tenía el contrato vigente cuando la antigua propietaria aceptó la oferta. «Cuando me entero de que quiere vender la participación, le digo a la que era mi casera que estoy interesada en comprarla. Le ofrezco el mismo dinero. Es mi trabajo, me gusta y quiero seguir haciéndolo», explica Gema.

Al regresar de vacaciones, en septiembre de 2020, Numulae ya era dueño del puesto y, tan solo un mes después, la arrendataria recibió un burofax instándola a abandonar el lugar. Ella siguió ingresando la cuota mensual en el número de cuenta de la anterior propietaria, con la que tenía firmado el contrato, pero el dinero regresaba siempre a la cuenta de Gema, por lo que decidió denunciar para que fuese un juez quien proporcionase un número de cuenta en el que hacer la consignación.

«Numulae recurre, y en diciembre de 2022 llega la notificación de la Audiencia Provincial en que me da la razón», afirma. Casi a la misma vez, recibe la demanda de desahucio. «El juez, en mi caso, lo ha paralizado hasta que se resuelva la presunta venta irregular, así que aquí sigo, trabajando», dice la comerciante, que ya espera el siguiente movimiento de la socimi. Este diario se ha puesto en contacto con los representantes de Numulae y, al cierre de esta edición, no había obtenido respuesta.

Federico todavía no ha recibido el escrito, aunque confía en que llegue pronto. «Ya nos dijeron que a las buenas o a las malas nos íbamos a ir», asevera el frutero. En la misma situación está su vecino, el carnicero Mariano González, que cogió las riendas de una tienda que su padre abrió en 1965. «La situación es muy incómoda», define el vendedor: «Todo lo orientan a que nos tengamos que ir de un día para otro». Por «tradición familiar» y para «continuar el oficio» él permanecerá, tal y como ha hecho en este medio siglo de actividad. La clientela –dice– es el principal motivo de resistencia en este inmueble que languidece capitaneado por diez Davides enfrentados desde hace tres años a un Goliat. En esta lucha, solo la Justicia podrá determinar quién es el vencedor.