Los delitos cometidos por menores de 14 años se disparan en Madrid: «Banalizan la violencia»

Más llamativo aún es que los menores inimputables (aquellos de 13 años y menos, sin responsabilidad penal alguna) suban de 2.259 a 2.770 en el mismo periodo. Es más, aunque no se les puede detener ni mucho menos procesar, hay constancia de que 873 tenían apuntes previos, lo que supone un escalofriante 61% más que en la anualidad previa (541).

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Esto es solo una muestra de cómo la violencia juvenil se ha disparado en la Comunidad de Madrid, una alerta que el Ministerio Público viene clamando desde hace años y que en su informe anual pone negro sobre blanco. «Las cifras son un fiel reflejo de la banalización por parte de los menores y jóvenes de la violencia y de la sexualidad, y desde muy temprana edad –analiza la Fiscalía–. Ponen de relieve sus posibles carencias en el ámbito familiar, educativo y social, que han de llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestro modelo social». Apuesta por «una labor educativa integral y especialmente reforzada en el ámbito familiar y social», haciendo hincapié en sus relaciones sexuales, «máxime en el mundo digital en que vivimos».

El organismo exhorta a los poderes, para evitar que se convierta la delincuencia en el 'modus vivendi' de estos jóvenes, a invertir en «políticas orientadas a la prevención», y evitar así la actuación desde el ámbito penal.

Los casos de violencia doméstica en este colectivo también aumentan casi un 13% y los de violencia de género un 4,5%. Los delitos sexuales se superan un 40%: se registraron un total de 595 asuntos de agresión y abuso sexual, frente a los 425 de 2022. Y aquí la Fiscalía destaca que «en muchas de tales conductas, un total de 68, se vieron implicados menores de una edad inferior a los 14 años».

Se achaca, de nuevo, al «acceso a internet sin control alguno o siendo los que existen indiferentes», en referencia explícita a la pornografía: «A edades cada vez más tempranas, trivializan su concepto de las relaciones sexuales y las mantienen sin estar debidamente preparados, de forma muy precoz, lo que los llevan a encontrarse en situaciones que, en la mayoría de ocasiones, no saben gestionar».

En términos generales, se han incoado (iniciado) 9.674 diligencias preliminares (+9,7%) en el ámbito de menores; el incremento mayor ha sido en el último trimestre de 2023. Esto es solo una muestra de cómo la violencia juvenil se ha disparado en la Comunidad de Madrid. Aunque los homicidios y asesinatos a manos de personas de entre 14 y 17 años han bajado un 20%, «no deja de ser una cifra alarmante, pues han sido 27 asuntos, casi un 17,5% más que en 2021», incide la Fiscalía. De hecho, siguen al alza las lesiones (2.679, frente a los 2.598 del anterior informe, un 3% más); los delitos de amenazas (1.136, un 12% más que en 2022, pero casi un 27% más con respecto a 2021).

En muchos de estos asuntos, añade la Memoria, «se encuentran implicados menores relacionados con bandas juveniles, siendo frecuente el uso de armas, lo que incrementa la peligrosidad de las acciones y el riesgo de que se produzcan resultados más gravosos»: Así, han acrecido los registros por delito de riña tumultuaria (46, un 21% más). Similares son los de pertenencia a organización criminal (46, frente a 44), tenencia ilícita de armas (99 frente a 104) y lesiones con uso de armas o instrumentos peligrosos (368 frente a 375).

Abundando ya en las bandas latinas, también ha crecido el número de procedimientos judiciales. De manera preliminar, la Fiscalía explica: «A pesar de ser evidente el aumento de la actividad de estas bandas, existe una enorme dificultad a la hora de proceder al registro de los asuntos, por lo que cualquier conclusión que se pretenda extraer de las cifras arrojadas por la estadística tendrá siempre un valor muy aproximado pero no exacto».

Ello se debe, asegura, a que en este tipo de delincuencia existe una importante «cifra negra» de delitos que no se denuncian, a causa de «las características de actuación secreta y violenta de estas bandas y también al miedo y temor de las víctimas a sufrir represalias si formulan denuncias».

En 2023, se han tramitado 34 asuntos (+70%, pues fueron 20 en 2022) cuyos autores son indiciariamente miembros de una de estas organizaciones criminales, que han cristalizado en 16 escritos de acusación (7 en 2022 y 4 en 2021) y 6 juicios (logrando sentencias condenatorias en 5 y en 4 de ellas por delito de pertenencia a organización criminal). Se ha acusado a 32 miembros activos: 13 de los Dominican Don´t play, 1 de los Ñeta, 12 Trinitarios (uno de ellos con cargo de dirigente), 5 Latin King y 1 Forty Two.

Pese a que bajan las órdenes de protección a menores de edad, debido a la eclosión que hubo en 2022 por los refugiados a causa de la invasión de Ucrania, muchos de los expedientes tramitados en el último trimestre de 2023 se corresponde a «la llegada masiva» de inmigrantes no acompañados a la Comunidad de Madrid.

No solo los llegados de Canarias, sino, «de manera mucho menos controlada», a través del aeropuerto de Barajas de vuelos procedentes de Casablanca (Marruecos) y con destino a diferentes países suramericanos, sin solicitar el visado de tránsito: «Ello ha favorecido la inmigración irregular y la proliferación de llegadas de personas que dicen carecer de documentación y que, una vez en la zona de tránsito, no continúan su viaje, sino que solicitan asilo en nuestro país». La gran mayoría proceden de Senegal y Somalia y volaron con pasaportes de Kenia, que después no tenían en su poder, y que, según declaran, recogían datos no veraces (como la edad), manifestando muchos de ellos ser menores y carecer de documentación para acreditarlo.

«Esta situación ha supuesto un verdadero colapso, no solo en el aeropuerto, sino también de los recursos de primera acogida», explica la Memoria de la Fiscalía. Se pasó de 213 diligencias de determinación de la edad en el año 2022 a 404 en 2023; 203 en los meses de noviembre y diciembre, quedando 94 pendientes de incoar a 31 de diciembre, pues no ha sido posible asumir la avalancha de asuntos diarios de esta naturaleza (más de 25 algunos días).

Esto repercute también en el ámbito sanitario, donde se han de realizar las pruebas médicas que se entienden necesarias para determinar la edad de los indocumentados, con considerables retrasos en el servicio de Radiología del hospital Gregorio Marañón, y que están suponiendo, incluso, la suspensión de pruebas previstas de pacientes de Geriatría y de Pediatría.