La Delegación del Gobierno de Madrid prohíbe una «concentración» de Vox ante el centro de menas de Hortaleza

En un comunicado, la Delegación del Gobierno explica que «los informes policiales recabados advierten del riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio».

«Asimismo, se han tenido en cuenta los graves hechos ocurridos la noche del pasado domingo, cuando dos individuos encapuchados agredieron a varios menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del Centro de Acogida de Hortaleza, resultando uno de ellos hospitalizado. Estos hechos están siendo investigados por la Policía Nacional», continúa la Delegación del Gobierno para justificar la prohibición de ese acto.

«En base a estos hechos, y tras el análisis del expediente y de los informes de seguridad, la Delegación ha dictado resolución de prohibición con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor».

«Se considera que el lugar elegido —las inmediaciones del centro, que constituye el domicilio habitual de los menores— vulneraría su derecho a la intimidad y a un entorno seguro, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia».

La Delegación del Gobierno señala que «se prioriza la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro». Recuerda, además, que «el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas».

«La legislación permite prohibir una manifestación cuando, de forma razonada, se estima que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito o generar alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes», concluye el comunicado del Gobierno de Sánchez. «La protección de los derechos de la infancia y la prevención de todo tipo de violencia constituyen una obligación prioritaria de los poderes públicos».