El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que las ayudas contra el amianto sean compatibles con el ingreso mínimo vital

Acogerse a las ayudas municipales para que las comunidades de vecinos rehabiliten sus viviendas y luchen contra el amianto o cobrar el ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas. Ese es el dilema al que decenas de vecinos de Madrid se enfrentan desde que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha retirado las prestaciones (en parte o en su totalidad) a todos aquellos residentes vulnerables que viven en una comunidad de propietarios que ha cobrado la subvención del Ayuntamiento de Madrid.

En vista de esta situación, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio y ha enviado dos recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones para que estudie cambios legales para que las ayudas para rehabilitación de vivienda sean compatibles con los complementos a mínimos en pensiones y con el IMV.

En concreto, la institución recomienda que las subvenciones y ayudas destinadas a rehabilitación de vivienda, que reciben particulares o comunidades de propietarios, queden excluidas y no computen a efectos del límite de ingresos que se exige para la percepción del complemento a mínimos en pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad), así como la percepción de las pensiones no contributivas.

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Del mismo modo, y a través de esta actuación, se ha instado a que se estudie la modificación de la ley que regula el IMV, con el propósito de excluir esas mismas subvenciones y ayudas a la rehabilitación de la vivienda habitual en el cómputo de rentas previsto para acceder a la prestación.

Para el Defensor del Pueblo, la exigencia en estos casos de reintegro del complemento de pensión para alcanzar la cuantía mínima ocasiona «un detrimento desproporcionado en la economía de estos pensionistas, y desvirtúa la finalidad y razón de ser que motiva su concesión«.

Según precisa la institución, recientes sentencias firmes de las salas de lo Social de diferentes tribunales superiores de Justicia coinciden en señalar que no resulta posible incluir como ingreso computable o ganancia patrimonial, a efectos de considerar indebido el complemento a mínimos por superación de rentas, el percibo de una subvención pública destinada a la rehabilitación de una vivienda para dotarla de una adecuada habitabilidad.

El Defensor del Pueblo está recibiendo actualmente «un número significativo de quejas» de ciudadanos a los que se reclama el complemento a mínimos, no solo por subvenciones públicas concedidas a particulares, sino también a comunidades de propietarios por la instalación de elementos estructurales comunes, considerados como un incremento patrimonial del comunero por el importe de su correspondiente coeficiente de participación.

Señala el caso de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas que han enviado quejas porque la Seguridad Social está reclamando a muchos residentes la devolución del complemento a su pensión mínima tras haber recibido sus respectivas comunidades de propietarios subvenciones para la rehabilitación energética de los edificios.

En la mayoría de los casos, según precisa la federación, las afectadas son mujeres viudas de avanzada edad, que viven solas y sin apoyo familiar. Además, advierte de que la pérdida de dichas prestaciones podría conllevar otros efectos vinculados, como la supresión de la exención del copago farmacéutico.

Desde la Seguridad Social lo han circunscrito a un asunto tributario. «Hacienda ha consignado mal los datos de la subvención«, justifican desde el área que dirige el ministro José Luis Escrivá a ABC, y explican: »Para los complementos a mínimos, lo que hacemos es cruzar los datos con Hacienda y ver cuáles son los ingresos de las personas beneficiadas. A nosotros solo nos llegan los ingresos brutos, pero no el detalle de si es por una ayuda. Si superan, no se les puede dar el complemento para que lleguen a la pensión mínima, que solo se puede dar haciendo el cruce con los datos tributarios. La ley nos obliga a ello«.

Desde la FRAVM detallan que la medida de la Seguridad Social «está afectando a cualquiera con una renta no contributiva de la Seguridad Social: ingreso mínimo, pensiones de viudedad... Hay gente a la que incluso han retirado el copago de los medicamentos».

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha exigido al Gobierno de España una «misma fiscalidad» en las ayudas estatales, municipales y autonómicas para «no penalizar» a personas vulnerables. Así lo manifestaba el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González. «En la anterior legislatura pedimos al Ejecutivo de Pedro Sánchez que esta situación se cambiara. No puede ser que haya una fiscalidad determinada para las ayudas que tiene el Ministerio y otra diferente para el Consistorio o la Comunidad de Madrid».

González indicaba que «si esta situación no cambia, toda la ayuda que se está dando desde el ayuntamiento para rehabilitar la capital penalizará a los vecinos», una situación que para el delegado es «lamentable».