Crimen del rapero: las claves de la condena a los menores que pueden llevar al líder DDP a prisión permanente

Ayer por la mañana era el acto de conformidad. Tanto la fiscal del caso como el abogado de la acusación, el penalista Juan Manuel Medina, como la defensa acordaron aminorar las peticiones de castigo para estos tres menores. Los mismos que han reconocido que sí mataron al chaval y que pertenecen a los Dominican Don't Play (DDP), una organización criminal que ya distintos jueces han ordenado a las Fuerzas de Seguridad que procedan a su disolución.

Los dos encausados que se encontraban en la franja superior de la ley del menor, de entre 15 y 16 años, pasarán seis en un centro de internamiento cerrado y luego otros cuatro más en libertad vigilada. La petición inicial era de diez años encerrados y seis vigilados.

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Carlos Hidalgo

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El tercer adolescente, que tenía 15 años en el momento de los hechos, cumplirá la misma medida pero durante tres años y la libertad vigilada se limitará a los dos posteriores. Para él se pedía, en caso de haber llegado a juicio a finales de este mes, seis años de internamiento y tres de libertad vigilada. Deberán indemnizar de manera solidaria a la madre con 200.000 euros y a la hermana con 50.000.

Pero lo más importante es que a los tres se les condena, además de por pertenencia a este grupo, por asesinato con alevosía, agravado, según el artículo 140 del Código Penal, puntos 1 y 3, por ser la víctima de singular vulnerabilidad, debido a su discapacidad. Unos epígrafes que son tenidos en cuenta para condenar a prisión permanente revisable (PPR) al cuarto encausado, que tenía 18 años entonces y que será juzgado por la ley para adultos, a diferencia de sus tres compinches.

Concretamente, el 140.1 dice: «El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima sea menor de 16 años de edad; se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad».

Hace meses, ABC adelantó la pretensión de Juan Manuel Medina de pedir esta PPR para el mayor, David Bárcena, miembro destacado de los DDP de Embajadores-Arganzuela. Al reconocer estos hechos tan graves la conformidad de los menores (a los que Bárcena intentó exculpar, cargándose falsamente toda la responsabilidad del crimen), se allana el camino para que el tribunal que lo enjuiciará pueda imponerle la máxima condena de nuestra legislación.

Bien es verdad que para ello sería fundamental que la Fiscalía se adhiriera a esa conclusión. Y también es cierto que en la Audiencia Provincial el reo, actualmente en prisión provisional, será juzgado por tres magistrados y su culpabilidad decretada por un jurado popular, al ser asesinato.

Ya hay un precedente similar, en el ámbito de las bandas latinas y muy reciente, por cierto. Es el caso del interante de los Trinitarios (grupo rival de los DDP) Adrián González Sisa, alias 'Plátano', de 35 años, autor de la muerte de Richard Javier C. Q., un menor de 17 años apodado 'Navajito', el 25 de septiembre de 2016 en el distrito de Puente de Vallecas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, el pasado diciembre, tuvo muy en cuenta los siguientes elementos: sumó la tenencia ilícita de armas y la organización criminal, pieza fundamentada en que esta banda latina «se estructura de manera permanente a partir de una jerarquía y una distribución de tareas, estando sus miembros sujetos a una disciplina y sostenimiento económico a cambio de recibir una protección pugnando con otros rivales por no perder su influencia territorial». Decretó, asimismo, la disolución de los Trinitarios.

Este 10 de febrero, se cumple un año del plan contra bandas juveniles puesto en marcha por la Delegación del Gobierno en Madrid, con más de 1.400 detenidos y 110.000 identificaciones.