La Comunidad de Madrid alerta de que el nuevo real decreto sobre centros de datos amenaza con reducir un 75% la inversión

Cabe recordar que Madrid cuenta con 46 Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en su territorio. La región dispone de un 36,2% más de centros que Cataluña y un 407,3% más que en Aragón, según datos de la Consejería de Digitalización regional. Si atendemos a la capacidad, Madrid alberga el 54% de la potencia instalada en España, frente al 30% de Aragón o el 12% de Cataluña. Según cálculos de la consultora Colliers, la Comunidad de Madrid liderará el crecimiento como potencia en el sector de datos en los próximos tres años.

Pero este real decreto pone trabas a la inversión de más de 58.000 millones en centros de datos. La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha analizado el borrador y concluye que podría tener consecuencias negativas para el desarrollo de esta industria estratégica. Según las alegaciones, el texto va más allá de lo exigido por la Unión Europea en su Directiva (UE) 2023/1791 y en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, al incorporar indicadores obligatorios de carácter socioeconómico, territorial o relativos al tráfico de datos, que poco tienen que ver con la eficiencia energética.

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Uno de los puntos más polémicos se encuentra en el artículo 7, que condiciona el acceso y conexión de los CPD a la red eléctrica al cumplimiento previo de compromisos ambientales inéditos en el resto de países de la UE. Para el Ejecutivo regional, estas obligaciones resultan desproporcionadas y colocarían tanto a Madrid como al conjunto de España en desventaja frente a otros mercados europeos más flexibles y con menor carga burocrática.

Además, la disposición transitoria única del proyecto extendería esas exigencias a proyectos ya en tramitación, lo que, a juicio de la Comunidad de Madrid, podría vulnerar el principio constitucional de seguridad jurídica y el de irretroactividad normativa.

Las previsiones de la industria apuntan a que España podría atraer más de 58.000 millones de euros en inversión hasta 2030 -una inversión directa de más de 21.800 millones de euros y una inversión indirecta que superaría los 36.500 millones de euros-, y una parte muy significativa se concentraría en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, un marco regulatorio excesivamente rígido podría reducir esa cifra a unos 12.500 millones, con un fuerte impacto negativo en el empleo, la innovación y el liderazgo tecnológico del país.

El Gobierno regional subraya que comparte el objetivo de situar la eficiencia energética en el centro de la regulación, pero rechaza que se impongan requisitos que puedan frenar la llegada de proyectos, inversiones e innovación. El sector de los centros de datos, recuerdan, resulta clave para la economía digital y también para la transición energética, al aportar flexibilidad al sistema eléctrico y facilitar la integración de energías renovables y soluciones de almacenamiento.