Cibeles condena la agresión a dos mujeres de Vox durante las fiestas de Puente de Vallecas

«Qué vergüenza, qué miseria y qué hipocresía», defendía Ortega Smith después de que la izquierda votase contra la urgencia de la propuesta. «Solo es urgente lo que les interesa. Se empieza señalando y se termina golpeando», denunció el portavox de Vox, que criticó también el «silencio cómplice» de quienes no denuncian esas agresiones y ensalzó la labor de los vocales vecinos que defienden las ideas del partido en los distritos. «No nos van a callar. Nuestro compromiso con libertad política, ideológica y de expresión es irrenunciable», sentenció.

Por parte del gobierno municipal intervino Cayetana Hernández de la Riva, concejala presidenta del distrito de Salamanca, que recordó la necesidad de proteger «la libertad política y la pluralidad», así como el «respeto institucional» recordando que en los tiempos más duros de ETA, antes de que existiese Vox, ya existía esta violencia contra el que pensaba distinto. Insistió también en la necesidad de cuidar estos valores «desde el ejemplo», así como en la importancia de promover «una política serena y un debate público razonable y constructivo».

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Desde el PSOE, Pedro Barrero comenzó también condenando «cualquier acto violento, también el que sufrieron sus dos compañeras», aunque advirtió que es «profundamente preocupante» ver «cómo quienes cada día alimentan el odio desde las instituciones» reclamen ahora «condenas, respeto y solidaridad». De hecho, este concejal recordó que ellos también denunciaron una agresión a unas compañeras socialistas en el Pleno de Vicálvaro, y que el propio Ortega Smith fue reprobado en Cibeles por tirar una botella de plástico a Eduardo Rubiño, de Más Madrid. También, criticó, llamó al presidnte del gobierno «hijo de la gran puta, gilipollas y traidor».

Más Madrid también ha usado el comportamiento del líder de Vox para justificar su voto: «Precisamente porque denunciamos públicamente todo acto de violencia, condenamos las agresiones verbales y comentarios racistas y xenófobos que sufrió nuestra concejala Carolina Elías en el Pleno del Distrito de Latina por parte de sus vocales vecinos», aseguró Sara Ladra, que les echó también en cara las «amenazas» a profesores del Instituto San Isidro, la denuncia de trabajadoras de un centro de migrantes de Vallecas por «su actitud racista» o las palabras de la concejala de Vox Carla Toscano sobre el colectivo LGTBI y la pederastia.

Precisamente estas polémicas declaraciones de la edil de Vox, que afirmó en el pasado Pleno que «el adoctrinamiento LGTBI a los niños es corrupción de menores y lleva a la pederastia», motivaron otro de los puntos más candentes del orden del día, la propuesta del PSOE para reprobar a la concejal, que no salió adelante porque el PP solo se mostró a favor de uno de los puntos de la misma, el que instaba a la defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBIQ+.

Desde el PP han criticado que los socialistas no hayan aceptado una enmienda para rechazar estas palabras y solicitar a Toscano su rectificación pública, «lo que muestra que lo único que les interesa es generar crispación y polarización». En su opinión, no merece reprobar a Toscano porque «debe respetarse el derecho a la libertad de expresión», aunque se haya ejercido en una «intervención lamentable». «Yo lucharé hasta mi último esfuerzo y mi partido para que no se vuelvan a producir y que no haya gente que piense como usted, señora Toscano, se lo digo claramente», ha concluido Fernández, que recordó que él fue el primero en censurar públicamente estas palabras.

Declaraciones como las que profirió Toscano, sostuvo el edil socialista Antonio Giraldo, que defendió la propuesta, «empoderan» a quien «ejerce el odio» a «quienes acosan en el colegio, agreden en la calle e incluso matan», recordó, en referencia al asesinato a Samuel Luiz. En este mismo entido, Eduardo Rubiño (Más Madrid), afirmó que la reprobación se queda corta, pues estas declaraciones son síntoma de una estrategia que busca hacer de «la crueldad su identidad política».

La propia Toscano, que llevaba una camiseta en la que se podía leer «libertad de expresión», denunció que no reconocía la «autoridad» de sus compañeros para juzgarla y criticaba la «dictadura moral» imperante en España. «He pecado contra la religión oficial, pero ustedes, unos por cobardes y otros por corruptos, no tienen legitimidad para juzgarme», sentenció.