Chatarrerías 'fantasma': así funciona el crimen organizado del cobre

Solo el suceso del joven rumano de 19 años detenido esta semana causó verdaderos estragos, y eso que, en parte, confundió la fibra óptica (que no sirve para nada una vez sustraída, explican los expertos) con cable de cobre; provocó un desbarajuste colosal en las comunicaciones, sistemas de telemando y seguridad, detectores de caídas de objetos, señalización... Se había llevado 600 metros de este material en la línea de AVE que comunica Madrid con Cataluña. Hubo que suspender 22 trenes y 7.200 viajeros se vieron perjudicados. Se le atribuyen los delitos de robo con fuerza, estragos y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, detrás de estas cifras, que fluctúan según la temporada, se esconde un negocio ilegal multimillonario y a nivel internacional. Un hilo del crimen organizado que va desde Madrid a China, pasando por Centroeuropa y países mediterráneos como Italia. Es el gigante asiático el que recibe, tras un complejo proceso de reciclaje, entre el 75% y el 80% del material desvalijado. Hace doce años representaba el 90%, según los datos recabados por este diario entonces. Y las principales incidencias, además de en la red ferroviaria, era en la iluminación de grandes carreteras, como la M-40, que estos delincuentes dejaban totalmente a oscuras. Las incidencias ahora son más en instalaciones de ADIF y de telecomunicaciones.

En este tipo de tráfico ilegal se cumple la principal máxima de cualquier otro material o sustancia: la ley de la oferta y la demanda. Y es ahí donde juegan un papel fundamental las llamadas chatarrerías 'fantasma'. Su número es desconocido, aunque desde la Federación Española de Recuperación y el Reciclaje (FER), la patronal del sector, se denuncian al año a alrededor de 15 de estos ilegales. Eso no supone, ni por asomo, que sean los únicos existentes en España. «El problema es que la gente no denuncia», afirma Alicia García-Franco, presidenta de la FER.

Puesto que la mayoría de esos casos son los detectados por los verdaderos profesionales del reciclaje, que se ponen en contacto con la FER al ver cómo muchos se instalan justo al lado de sus negocios, que sí son legales. Es algo similar a lo que ocurre con los 'manteros' que venden productos en las puertas de comercios textiles, como ocurre en la Gran Vía, por ejemplo.

El precio del cobre lo rige la Bolsa de Metales de Londres. Si hace una década la tonelada se cotizaba a 5.800 euros, en el último año la media es de 9.400, alcanzando picos máximos de más de 10.000. Entre 2010 y 2015 se robaron y recuperaron miles de kilómetros de este material. Luego disminuyó, hasta 2019. Aunque desde la FER consideran que el robo de este material «no ha despuntado de una manera tan elevada», sí reconocen que ADIF cifra en un 85% ese crecimiento en los últimos tres años.

De cualquier modo, conocer el montante real de esta economía sumergida es harto imposible. Hace tiempo, explica García-Franco, «se hablaba del 2% del cobre español, que en su totalidad eran 180.000 toneladas al año». Eso se traduciría, con los precios actuales, en 32,5 millones de euros solo teniendo en cuenta el precio de cotización legal. Las distintas fases de esta delincuencia organizada multiplicarían los réditos de cada una de las patas que la conforman.

Un ejemplo: una chatarrería legal (135 inscritas en Madrid, de las 1.394 del conjunto nacional) paga de 4 a 5 euros el kilo de cobre. Los 'piratas' abonan 1 o 2 euros más, al no tener que pagar los costes empresariales (desde el sueldo de los trabajadores a la Seguridad Social y demás impuestos).

Cuando un vendedor llega a una empresa real, lleva el cobre envuelto aún en su camisa de plástico, que viene a ser su ADN, con su identificación de procedencia y a quién pertenece. Cuando se hace la transacción, se anota en lo que llaman el 'libro de la Policía', con todos los datos de la empresa del vendedor y su DNI. Cuando se percibe algo extraño, avisan a los Cuerpos de Seguridad, aunque lo difícil es detectarlo en el caso del menudeo, de las pequeñas cantidades.

Las chatarrerías 'fantasma' funcionan de otra manera. Por lo pronto, muchas no son ni instalaciones al uso, sino directamente campas, la mayoría ubicadas en la zona sur de Madrid, como Fuenlabrada, Getafe, Mejorada del Campo, Humanes... Allá donde hay actividad del gremio.

Estos no compran pequeñas cantidades, que son las que suelen 'esconderse' en lugares como la Cañada Real. El ladrón, que suele ser de algún país del Este, sabe a quién llevarle el cobre, y lo hace en grandes cantidades. Los grandes alijos son vendidos rápidamente, por un 10% de su valor, a los falsos chatarreros. Estos, que se llevan el mismo porcentaje en esta rueda criminal, hacen acopio y cuando tienen camiones con 25 o 50 toneladas lo 'blanquean' mediante empresas que radican, sobre todo, en Rumanía. Ni siquiera mueven los trailers de Madrid y consiguen de Centroeuropa facturas mercantiles con lo que revenden el cable, ya pelado con máquinas, a las fundiciones que se lo compran. Estas actúan legalmente, ajenas al origen fraudulento del cobre. Lo reciclan y ponen de nuevo en el mercado, con su camisa de plástico, para las mismas empresas y organismos (léase, empresas telefónicas o ADIF, en su mayoría) que sufren estos asaltos. El círculo se cierra con esa paradoja.

Ese es el 'modus operandi' en cuanto al cobre sustraído que se queda en España. Pero el gran contingente, entre el 75% y el 80%, acaba en China; bien desde puertos como el de Róterdam (Países Bajos), desde donde zarpan en contenedores marítimos mezclados con remesas legales; bien vía Italia o Francia, que son otros países de nuestro entorno que sufren esta plaga. Ya en territorio asiático, cobran a 6.000 euros la tonelada, lo que supone más del doble que hace una década. Los 'proveedores' chinos, en Guiyang, venden miles y miles de kilos a empresas que se dedican a la fabricación de material electrónico, como videoconsolas, ordenadores y móviles.