El cerrojazo de AENA echa a perder el trabajo social con los indigentes en el aeropuerto de Barajas

El presidente de AENA, Maurici Lucena, y el regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, firmaron el 22 de mayo un convenio por el que el organismo del Ministerio de Transportes se comprometía, tras mucho insistirle, en realizar un censo de los sintecho que dormían cada noche en las terminales. Desde que ABC publicó a inicios de invierno que había hasta 400 mendigos, sobre todo en la T-4, el ayuntamiento reclamaba que el Ejecutivo central se involucrara también en ayudar.

El concejal del ramo, José Fernández, viene insistiendo en que la normativa solo permite que aquellas personas empadronadas en Madrid ciudad o que tengan un seguimiento por sus servicios sociales puedan acceder a estas intervenciones; el resto deben ser ayudados por sus respectivos ayuntamientos y, en el caso de los peticionarios de asilo (que los hay también), por los ministerios implicados en ese proceso, Interior y Migraciones.

Sin embargo, AENA, durante todo este litigio, ha argüido que, al estar el aeropuerto de Barajas en el término municipal de Madrid, debe ser el gobierno local quien se haga cargo de ellos, eludiendo toda su responsabilidad al respecto.

Aquel acuerdo significaba que Transportes debía tener listo el censo en junio, algo que aún no ha cristalizado y que, a juicio de Cibeles, «ya no se podrá hacer»: «Al expulsarlas, estas personas se quedan sin atención de los equipos de calle y tampoco se puede hacer el censo, porque no hay nadie a quien censar», detallan. Algo que suena lógico pero que es una consecuencia grave; más si se tiene en cuenta que era uno de los puntales del acuerdo entre AENA y el ayuntamiento de la capital.

La situación la noche del jueves al viernes, con el primer día de cerrojazo a los indigentes, fue la siguiente: si antes se acogía a entre 38 y 40 personas por noche en el centro Pinar de San José, esa jornada fueron 51. Una subida exigua en esa instalación especializada y para la que ha habido que sacar un contrato de urgencia de tres meses por valor de algo más de 900.000 euros. La pregunta que se hace el ayuntamiento es dónde están el resto de usuarios.

Atendiendo al trabajo de los dos equipos de calle del Samur Social que trabajaban a diario en Barajas, tenían a 119 personas hasta junio bajo su paraguas de atención. Cada equipo cuenta con trabajadores sociales, auxiliares de servicios sociales, psicólogos y mediadores interculturales. Es decir, que faltan alrededor de 70 usuarios a los que se les ha perdido el rastro. «Tendremos que buscarlos o que ellos se pongan en contacto con nosotros», afirman en Políticas Sociales: «Llevábamos mucho tiempo trabajando con ellos y ahora toda esa labor se ha ido al traste». Los equipos de calle, como su nombre indica, están para ayudar a estas personas en la vía pública, pero excepcionalmente se estaban trasladando al aeródromo madrileño, reforzando desde enero los efectivos a raíz de la crisis social que allí se vive.

La otra parte de este litigio, AENA, envió la noche del jueves un comunicado afeando la postura municipal: «Instamos al equipo directivo del Ayuntamiento de Madrid a que no eluda sus obligaciones y ejerza sus competencias en materia de servicios sociales, pues es su responsabilidad inequívoca el atender a este sensible colectivo que merece toda la atención de las autoridades administrativas competentes».

«Crueldad es disponer de plazas en un centro de acogida con condiciones dignas para habitar y tenerlo semivacío por desidia y falta de diligencia en el trabajo de atención primaria y derivación que, por ley, debe ejercer el Ayuntamiento de Madrid», insisten en el equipo de Maurici Lucena. Afirman que, en «reiteradas ocasiones», tanto ellos como ONG han solicitado «un mayor despliegue de sus equipos de calle para derivar» a este colectivo.