Cenicientos: Los concejales críticos plantan cara a las represalias del PSOE por sus denuncias

La justificación era la construcción de una «pasarela peatonal sobre el cauce del arroyo de Los Molinillos entre la parcela 186 del polígono 15 y la parcela 120 del polígono 16», que da acceso «al yacimiento arqueológico de Piedra Escrita».

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La edil afectada no ha dudado en plantar cara a la alcaldesa socialista y el pasado día 12 presentó sus alegaciones, dentro del trámite de audiencia, para intentar frenar una actuación que considera injusta. El otro edil señalado, Jesús Ramos, afirmó que «hay un camino más corto y directo, desde un tramo público ya existente y la alcaldesa opta por dar la vuelta por el río y meterse en la propiedad de Pilar de Juan».

Las alegaciones desmontan los argumentos utilizados por la alcaldesa socialista para justificar la expropiación. En relación a la necesidad de que sea «urgente», aseguran que «el expediente expropiatorio y la resolución carecen de motivación exigida para la tramitación del procedimiento de urgencia, como en ella se indica, máxima cuando se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) que lleva treinta años siendo objeto de estudio hasta que se ha procedido a su protección».

Sobre la «causa expropiandi», la necesidad de habilitar una vía de acceso al yacimiento arqueológico, aseguran que «no se halla concretada, ni justificada en el expediente de declaración BIC del yacimiento arqueológico, ni en la resolución municipal del 22 de julio de 2022». Y lo remata señalando que «el yacimiento arqueológico dispone de un acceso peatonal al mismo, y una servidumbre de paso desde el año 1977, que permite el estudio y la investigación del monolito, como acredita que en 1994 la investigadora Alicia María Canto explicara la ruta de acceso».

Otro de los reparos que pone la edil en sus alegaciones es la «inidoneidad del arquitecto que suscribe el proyecto». En este sentido, señalan que «el proyecto no está suscrito por un arquitecto municipal, no pudiendo ser sustituido en esta competencia por un arquitecto externo». Así, advierten de que «no puede un arquitecto que no sea funcionario el ejercicio de funciones que conlleven el ejercicio de autoridad, como es la institución expropiatoria, siendo nulo de pleno derecho cualquier actuación que lleve el efecto».

Finalmente, afirman que la expropiación obedece a «motivos políticos» y sospechan que «todo el procedimiento nace de una voluntad de la señora alcaldesa de Cenicientos de perjudicar a concejales de la oposición, como consecuencia de las denuncias ante el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal, con motivo de decisiones de la alcaldesa en las que pueden incurrir indicios de «decisiones arbitrarias».