La caza furtiva de lobos ibéricos, en el punto de mira de los delitos ambientales

Ello, sin embargo, no implica que haya que bajar la guardia: «Todos los incendios forestales (los delitos de esta índole más mediáticos) ocurridos el año pasado han sido investigados en su totalidad». Por tipologías, destacan los procedimientos penales abiertos por actos contra la biodiversidad (56), como los de disparos a especies protegidas; el uso de cepos, lazos o jaulas trampa, entre otras artes ilegales de caza; y el empleo de venenos. Los fuegos en el campo (25) se sitúan en el segundo escalón, seguidos de cerca por los delitos contra el urbanismo (21). Otros asuntos investigados fueron los vinculados con vertidos a los cauces con grave afección ambiental (11) y los de maltrato animal (5).

Respecto a la caza, los agentes forestales han observado un aumento del furtivismo del lobo ibérico, una especie protegida y con apenas presencia en el norte de la región. Y pese al bajo número, los profesionales han detectado que las acciones de maltrato animal suponen «una casuística nueva» que va a ir a más y que incluso en 2022 se duplicó. La mayoría de ellas se producen en relación a perros y caballos por falta de agua o refugio, y son necesarios los informes veterinarios que corroboren las diferentes situaciones para iniciar los procesos por la vía penal.

Cabe recordar que Madrid es una de las comunidades de España con mayor biodiversidad, solo por detrás de Canarias en cuanto a espacios protegidos se refiere (más de la mitad de su territorio presenta esta distinción). Por zonas, las infracciones contra la fauna se dan más en el este y el sur, mientras que los incendios forestales se focalizan más en el oeste, manteniéndose la línea de años anteriores. Los urbanísticos, en cambio, están repartidos por todo el perímetro; algo que no sucede con los que afectan exclusivamente al medioambiente, mucho más bajos en las zonas de la sierra que en el resto de la comunidad.

Los agentes forestales, que ostentan por Ley el carácter de agentes de la autoridad, Policía Administrativa Especial y Policía Judicial Genérica, cuentan con formación en diferentes cursos avanzados de criminología ambiental. En constante colaboración con las Fiscalías de Sala y Provincial de Medio Ambiente, su labor está orientada a la disminución de la mortalidad en aves rapaces por tendidos eléctricos, la prevención e investigación de incendios forestales, la ordenación del territorio y la persecución del uso ilegal de venenos y artes prohibidas, los vertidos y el maltrato animal.

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A nivel preventivo, los agentes participan también en el dispositivo de inspección de balsas y canales para valorar la incidencia de los ahogamientos de la fauna silvestre, además del rastreo de puntos de alto riesgo de incendio forestal. Y lo hacen a través del empleo de técnicas y métodos (inspección técnico ocular, método de evidencias físicas y formación técnica avanzada) y de herramientas (unidad canina especializada en persecución de venenos, maletín de investigación de incendios forestales o cámaras de foto trampeo, entre otras).

Para hacer más efectivo su trabajo, se ha implementado un mecanismo de Intercambio de Datos entre Administraciones Públicas (ICDA), de uso exclusivo para estos profesionales, por el que pueden acceder a los datos de titulares de matrículas y verificar identidades mediante el DNI o CIF de empresa, con la consiguiente mejora de las investigaciones. Un conjunto de medidas y esfuerzos para proteger los recursos naturales y la vida que en ellos se desarrolla.