Madrid reduce, al menos, 1.500 pisos turísticos desde verano

De acuerdo con los datos que recoge la Agencia de Actividades (ADA), en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid), un total de 1.423 viviendas han dejado de dedicarse a la actividad turística desde el pasado mes de junio. Una cifra que aumenta aún más, según la plataforma de Airbnb. Esta fuente revela que de junio a inicios de noviembre, hasta 2.600 pisos han dejado este tipo de uso. Es decir, que si en antes de verano tenían contabilizados 16.959 apartamentos de este tipo, ahora son 14.297.

De ahí que el área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, lo vincule a su plan de choque, que traslada los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales para blindar a los vecinos que viven en sus casas habituales. ¿Cómo? Primero, dejando de dar licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico para garantizar una oferta turística ordenada y legal.

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Segundo, limitando aquellas fuera del centro histórico, es decir, dando las licencias de alojamientos turísticos solo para los que tengan acceso independiente en planta baja o primera planta; tercero, solo otorgando la licencia, y únicamente durante 15 años, si el edificio entero tiene pisos turísticos; cuarto, ofreciendo incentivos urbanísticos a quienes transformen edificios de oficinas en residencial; y quinto, protegiendo el comercio local prohibiendo su transformación en pisos turísticos en el centro histórico y también en viviendas en las principales vías comerciales.

A este plan se suma otro factor: el régimen sancionador que comenzó a aplicar el gobierno municipal en abril de 2024. Hasta entonces, las multas eran casi testimoniales. Primero, se ordenaba el cese de la actividad y, después, si se comprobaba que el propietario continuaba operando ilegalmente se imponían multas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros.

No obstante, desde hace ya año y medio, se endureció el régimen sancionador para aquellos propietarios cuyos inmuebles operan como viviendas de uso turístico (VUT) sin contar con autorización del ayuntamiento. De esta forma, la primera sanción por incumplimiento parte de 30.001 euros, la segunda pasa a 60.001 euros y la tercera, si persiste la irregularidad, asciende a 100.001 euros.

El aumento de las multas es otro factor que el gobierno de la capital asocia con la reducción de pisos turísticos. Y es que, según la plataforma Airbnb, este uso ha disminuido en un año hasta un 19,8%: si en noviembre de 2024 había 17.490 pisos turísticos, en el mismo mes de 2025 la cifra baja a 14.297.

En paralelo, el ayuntamiento colabora con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid para recabar información sobre los pisos turísticos que están regularizados, es decir, que cuentan con licencia para ello así como para informar a las comunidades de propietarios de las nuevas normativas. De este modo, el consistorio facilita a la CAF de Madrid todos los documentos necesarios y el colegio oficial se compromete a distribuirlos entre los vecinos.

Además, por otro lado, ambas partes trabajan en crear una base de datos con el listado de viviendas turísticas con declaración responsable inscritas en la Comunidad de Madrid, en la que se especifica la dirección concreta del inmueble, pero sin licencia municipal. A partir de este listado, el CAF Madrid identificará a los titulares de cada uno de estos pisos en los que se presume que se puede estar ejerciendo la actividad de vivienda de uso turístico para entregarles una carta informativa, facilitada por el ayuntamiento.

Una vez entregada a estos propietarios, se indicará en el listado de acceso compartido. También se identificarán los titulares y pisos en los que se desarrolla una actividad completamente ilegal, que también quedará apuntado en el listado.