Ayuso reclama a Sánchez 470 funcionarios de Justicia para evitar el colapso total

En concreto, el consejero de Ayuso pide 470 funcionarios de los cuerpos de Gestores, Tramitadores y Auxiliares. En las convocatorias de 2020, 2021 y 2022, el Ministerio solo dispuso 850 plazas de turno libre y concedió a Madrid 380, menos del 50 por ciento de lo que la Comunidad advirtió que necesitaba. Y en 2023, del total de 911 plazas convocadas se han asignado a Madrid solo 178, muy lejos de lo demandado por el Ejecutivo regional de Ayuso para hacer frente a la situación de colapso actual.

En la misiva enviada por el consejero de Presidencia y Justicia, a la que ha tenido acceso ABC, se pone el acento en la necesidad de incrementar los recursos humanos en la administración de Justicia para agilizar y mejorar su funcionamiento. Por eso, subraya que la solución pasa «necesariamente por incrementar el número de plazas convocadas en las ofertas de empleo público, aumentar su periodicidad y reducir los plazos de resolución». García añade que todo lo anterior debe hacerse extensivo a las plazas de jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia.

El número dos del Gobierno de Ayuso reprocha a Llop que el criterio de su Ministerio es, desde hace algunos años, cubrir únicamente el número de plazas que corresponden a la tasa de reposición de efectivos, algo que, advierte, no alcanza en el caso de esta comunidad para «cubrir necesidades reales de los órganos judiciales».

Miguel Ángel García afirma en su carta a la ministra que la dotación prevista por Justicia para Madrid es «absolutamente deficitaria» y además «hace imposible cumplir el objetivo del 8 por ciento de tasa de interinidad» que fijó el propio Gobierno socialista.

El consejero pide al Ministerio que reconsidere el criterio de tasa de reposición de efectivos como el único válido para calcular la oferta pública de empleo y atiendan «a las necesidades reales de la administración autonómica».

El titular de Justicia de la Comunidad de Madrid acaba su carta con una invitación a la ministra para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan mejorar la situación de la Justicia: «Me pongo a su disposición para trabajar conjuntamente en una solución que sea satisfactoria para el servicio público de la administración de Justicia».

El consejero de Justicia se refirió a esta carta durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, donde el Grupo Popular le preguntó si consideraba que las ofertas de empleo público están cumpliendo con las necesidades de personal para atender el servicio público de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel García explicó que en los juzgados de la Comunidad llegan a diario 1.400 demandas y se realizan más de 30.000 notificaciones judiciales. Además, en un año se resuelven 950.000 asuntos, con una plantilla de 757 jueces y magistrados.

Ante el Pleno, el consejero defendió que la Justicia «tiene que ser ágil y eficaz, para que sea de verdad justa». «Debemos poner a su disposición los medios y recursos adecuados». Para evitar la saturación de juzgados y evitar el colapso, hay que tomar medidas inmediatas, según advirtió. «Faltan jueces, más de un centenar, y falta personal funcionario que debe convocar el ministerio». El problema es que las plazas de funcionarios, desde 2011, se limitan a cubrir la tasa de reposición, por lo que, al aplicarse este único criterio, la situación en la comunidad se ha hecho insostenible al ser «insuficiente».

El consejero de Presidencia y Justicia anunció en el Parlamento regional que esta misma semana se ha dirigido a la ministra en funciones Llop, para pedirle que atienda «al déficit de personal, que hace inviable cumplir los objetivos de calidad de la Justicia».

Al mismo tiempo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de la Nación a que se comprometa a reforzar el personal de Justicia de forma urgente. «Mientras hay un Gobierno responsable como el de la Comunidad de Madrid, otros gobiernos, como el de Pedro Sánchez, pretenden servirse de la Justicia como medio para sus propios fines», denunció el consejero García.

El PP y el Gobierno de Ayuso confían en que esa iniciativa parlamentaria pueda aprobarse por unanimidad, por lo que se pondrá en contacto con los distintos portavoces para buscar una postura común. Se trata de una de las primeras proposiciones no de ley que presenta el Grupo Popular esta legislatura, ya que hasta ahora solo se han debatido dos firmadas por su portavoz, y ambas estaban relacionadas con el rechazo a la amnistía para los golpistas separatistas y con la igualdad de los españoles ante la ley.