Ayuso anuncia que la nueva ley de Universidades de Madrid creará un Distrito único de prácticas

En su intervención, la presidenta autonómica madrileña ha explicado que una comisión de coordinación y una aplicación informática unificada velarán para que todos los estudiantes universitarios y de FP encuentren prácticas.

Entre otras claves de la nueva ley que ha ido explicando Ayuso, ha destacado que reconocerá las acreditaciones de profesores de toda España siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto y permitirá compartir compras y servicios a las universidades, que también tendrán nuevas herramientas para abaratar costes y generar ingresos. Además, esta Ley sienta las bases de un nuevo modelo de financiación, que se sigue negociando con los rectores de las públicas: «Será plurianual, básica y por objetivos, con contabilidad analítica».

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Para la redacción de esta ley de Universidades, el Gobierno regional está contando con las propuestas de los rectores de las universidades públicas y privadas y los Consejos Sociales: «En seis años de Gobierno no he tenido una ley más dialogada ni que busque más el consenso que esta», ha asegurado la presidenta.

Ayuso ha destacado que esta ley unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios. Este reconocimiento legal tenderá puentes entre la formación y el empleo, y fomentará el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional.

La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia afronta el desafío de la formación dual creando un Distrito único de prácticas, con una Comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática unificada, para lograr que ningún estudiante universitario ni de Formación Profesional se quede sin prácticas.

Desde la Comunidad de Madrid se resalta que esta ley apuesta por proteger las Humanidades y fomentar la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la UE. Además, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en universidades públicas y privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma.

En cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, será plurianual y revisable cada cinco años e incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.

Para completar esta financiación, se proporcionará a estos centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.

Otras de las novedades de la futura norma serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.

La presidenta regional ha confirmado que la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales el Real Decreto sobre el reconocimiento y acreditación de universidades que prepara el Gobierno de Sánchez. A su juicio, «ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas». La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ya ha presentado alegaciones a este texto ante el Ministerio.

Este Real Decreto se va a tramitar por el procedimiento de urgencia y establece requisitos adicionales para los centros privados, como tener un mínimo de 4.500 alumnos.

«El gobierno regional se opondrá a esta normativa con todos los instrumentos a su alcance para defender no solo a los centros de Madrid, sino a ese 60% de las universidades privadas aprobadas por gobiernos autonómicos del PSOE que se verían ahora condenadas a la ilegalidad y a la desaparición con este Real Decreto», han informado fuentes autonómicas.

«Usaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición para no permitir este atropello que nos destroza en el mundo. Y al hacerlo luchamos también por las demás Comunidades Autónomas, algunas mucho más perjudicadas que Madrid», ha resaltado Ayuso en el desayuno informativo.

El sistema universitario madrileño está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300.000 estudiantes (más de 200.000 en los centros públicos y el resto en las universidades privadas).

La Comunidad de Madrid, que tiene el 14,4% de la población española, concentra el 22,4% de los estudiantes universitarios de toda España, frente a otras regiones como Cataluña, que tiene menos estudiantes superiores (15,9%) que porcentaje de población (16,5%); o Andalucía, con un 17,7% de población y un 17,3% del total de universitarios del país. Más de la mitad de los estudiantes universitarios en la Comunidad de Madrid cursan en la pública.