El Ayuntamiento de Madrid exige que el hostal de Baviera se ajuste a su licencia turística

Carabante explicó en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, que la decisión responde a la preocupación expresada por los vecinos en días anteriores. «He convocado a los vecinos para informarles de la situación y del requerimiento que le hemos hecho de la inspección, tal y como me comprometí la semana pasada con ellos porque estaban francamente preocupados», señaló.

Según detalló el delegado, el ayuntamiento ha detectado «algunas deficiencias subsanables» en el establecimiento, al que se le ha requerido que se ajuste a la licencia concedida, ya que «ampara la actividad turística, pero no hospedar refugiados o personas pendientes de asilo».

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«Lo que tenemos es la información que nos han trasladado los propios vecinos. Si el Gobierno (de España) ha tomado esa decisión y no nos ha informado, pues no me parece justificable. En todo caso, lo que sí hemos hecho es inspeccionar primero ese local, a ver si cumple toda la normativa», ha subrayado. El consistorio aún no ha concedido la licencia de funcionamiento definitiva, que solo se otorgará si se comprueba que el uso es estrictamente turístico. «Estaremos muy pendientes de que eso no se produzca», advirtió el delegado.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desde la pasarela de la A-2, a pocos metros del hostal, ha asegurado que ha estado en contacto con los vecinos desde el primer momento. «Sabiendo que hoy se iban a manifestar, no he tenido ningún problema en venir y en estar con ellos porque es nuestra obligación como ayuntamiento estar siempre al lado de los vecinos, escuchar sus reivindicaciones, sus quejas y dar la cara en todo momento delante de los vecinos», ha defendido el primer edil.

Una vez más, el alcalde ha insistido en que no tienen información por parte del Gobierno central sobre los migrantes que se encuentran en el cuartel de Carabanchel. «No tenemos ninguna comunicación del Gobierno de España desde hace meses sobre esta cuestión. No sabemos cuántos vienen, cuánto tiempo están, qué rotación tienen en la ciudad de Madrid, si en algún momento dado han dejado de estar en Carabanchel y se les ha perdido el rastro por su parte», ha lamentado.

«Es imposible hablar con el Gobierno de España en estos términos porque jamás dan ningún tipo de información al respecto y lo único que hace esto es crear alarma social», ha advertido el alcalde. «El mensaje es claro al Gobierno de España: aunque ellos no nos digan nada sobre esta cuestión, nosotros vamos a actuar con contundencia y firmeza en caso de que pretendan, en fraude de ley, utilizar ese alojamiento», ha señalado. En el equipo municipal tienen la «sospecha fundada de que esto es así porque en otros lugares actúa el Gobierno de España de esta manera, con recursos similares».

Los vecinos de la zona han denunciado diversas irregularidades en el inmueble. Aseguran que ha sido alquilado por un empresario extranjero con experiencia en transformar hostales turísticos de bajo coste en alojamientos para inmigrantes, sin cumplir la normativa correspondiente. Según afirman, este modelo ya se ha replicado en otros barrios madrileños como Vallecas y Pacífico, así como en varios países europeos.

Entre las supuestas irregularidades señalan que la salida de emergencia no es operativa, que el proyecto incumple los estatutos de las comunidades afectadas —que prohíben este tipo de negocios—, y que el inmueble se ubica justo encima de viviendas habitadas por menores, como las antiguas porterías. Los residentes expresan su temor a que el establecimiento se convierta en un centro de acogida, «visto los antecedentes y las intenciones lucrativas sin piedad de arrendadora y empresario arrendatario y sin atender a lo que supone abrir este local en una zona residencial sin valor turístico».

«Ha habido reuniones y habrá más con el ayuntamiento, pero no podemos bajar la intensidad y las acciones jurídicas con la administración y las contencioso administrativas. Serán contra quien sea: propietaria y arrendatario (por incumplir leyes) y contra las administraciones que den licencias tras haber sido avisadas de los incumplimientos y prevariquen», han defendido en un nuevo comunicado.