El Ayuntamiento de Madrid estudia si recurrir al Supremo el fallo que anula la construcción de los aparcamientos del Bernabéu

Así lo ha trasladado este martes el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, que ha añadido que todavía resulta prematuro determinar si se irá en casación «para defender los intereses del Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, también de los vecinos de la ciudad de Madrid» porque «no se trata de una decisión política ni de este equipo de Gobierno sino que se trata de una decisión netamente jurídica».

En todo caso, el Gobierno municipal «respeta las sentencias judiciales y las acata», ha apostillado, mientras se está a la espera de la postura de los servicios jurídicos.

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En cuanto al plan especial de ordenación del entorno del estadio, Carabante ha indicado, tras mantener una conversación con la delega de Obras del consistorio, Paloma García Romero, que «en principio no es necesario modificar el proyecto de urbanización, especialmente en la calle del Padre Damián».

La sentencia señala que este tribunal «comparte sustancialmente» los argumentos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, que ordenó paralizar los trabajos para construir los aparcamientos en la calle del Padre Damián y en el paseo de la Castellana en septiembre del año pasado.

El auto en primera instancia, con fecha 23 de mayo de ese año, estimaba el recurso de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 9 de marzo de 2023 que autorizaba el contrato de concesión de obra.

Los vecinos denunciaron entonces que los proyectos autorizados infringían las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid. La magistrada dio la razón entonces a la parte demandante e incidía que tanto el estudio de viabilidad presentado por el Real Madrid como el posterior informe económico-financiero elaborado por el Ayuntamiento de Madrid sufrieron «una alteración significativa» tras el trámite de audiencia pública, «siendo el propio ayuntamiento quien introdujo importantes modificaciones las cuales no fueron sometidas nuevamente a información pública». Tampoco se aporta, señalaba este fallo, «prueba que acredite los parámetros de cálculo y los resultados obtenidos por la administración» ni «un estudio de transporte».

Por ello, en la argumentación, los magistrados afirman que los informes técnicos y periciales aportados «no dejan lugar a dudas» y concluyen que los proyectos aprobados vulneran el plan especial por lo que se debió haberse tramitado «un nuevo Plan Especial o instrumento urbanístico de mayor rango».