El Ayuntamiento de Fuenlabrada no da por perdida la batalla contra el centro de menas de La Cantueña: «Ningún fallo entra al fondo del asunto»
Afirma que hasta ahora las sentencias conocidas, contrarias a las tesis municipales, «son sólo resoluciones sobre las medidas cautelares»
Nueva sentencia, y ya es la séptima, contra el alcalde de Fuenlabrada por el centro de menas de La Cantueña
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE) no da por perdida la guerra contra el centro de menores inmigrantes no acompañados de La Cantueña, en su localidad, que ha abierto tras el verano el Gobierno regional. Desde esta institución se aplaudía la pasada semana el último fallo conocido, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que desestima el recurso de apelación del consistorio que pretendía suspender las obras del centro de menores, y además condena al Ayuntamiento a pagar las costas.
Aunque esta es la séptima decisión judicial que pierde el alcalde fuenlabreño en este asunto, como recordaba el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, Ayala no tira la toalla: en su entorno recuerdan que «no hay ni una sola sentencia judicial sobre el fondo de cada uno de los procedimientos abiertos en relación al centro de menores».
En este momento, hay tres causas distintas abiertas, dos de ellos por la Comunidad de Madrid, en la vía contenciosa. Se refieren a la paralización de las obras y a la reversión del espacio, que fue cedido varias décadas atrás por el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid pero el Gobierno municipal alega que era para otro uso diferente de aquel para el que se ha aplicado .
Portavoces oficiales del Ayuntamiento de Fuenlabrada explicaron a ABC que «hasta ahora, sólo ha habido resoluciones en relación a medidas cautelares». Añaden además que en la mayoría de los casos, han perdido el sentido estas peticiones porque «se pedía la paralización de las obras cuando éstas ya están acabadas», aunque «los tres procedimientos siguen vigentes».
Creen que uno de ellos probablemente va a decaer, «porque la paralización de las obras que decretamos y que la comunidad llevo al juzgado no tiene sentido con las obras acabadas». No obstante, apuntan que «aún tienen que pronunciarse sobre la reversión del espacio y sobre nuestra denuncia a la adjudicación de las obras por la vía de emergencia, que el TSJM admitió a trámite y está investigando».
En el Gobierno regional insisten en que la balanza de la valoración judicial de este caso está muy claramente hacia su lado.
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