El autor material del asesinato por encargo del abogado Díaz Moñux cobró 60.000 euros

Desde el primer momento la Policía supo que el crimen había sido planeado al milímetro. De hecho, la víctima denunció amenazas e incluso comunicó en comisaría que había detectado seguimientos tanto en el entorno de su domicilio -los últimos, 48 horas antes del crimen-, como en el de su despacho profesional, que compartía con Emilio Murcia, abogado de la AVT. Por ello, adoptaba algunas medidas de seguridad y se le facilitó además un teléfono abierto las 24 horas del día para que pudiera llamar en caso de ver algo extraño. Sin embargo, no cambió de domicilio, lo que le hizo más vulnerable.

Esta mujer aportó una detallada descripción física del asesino y además reveló que Pérez Lago, con el que había estado relacionada en su día, estaba muy molesto con Díaz Moñux por haber ocupado su puesto. Asimismo, relató con minuciosidad los días previos al crimen y las amenazas recibidas los días anteriores.

La testigo no acusó a Pérez Lago, pero tras su declaración esa fue una de las muchas líneas de investigación que se siguieron. Igualmente se investigó si la víctima tenía que ver con el robo de una partida de cocaína a un cartel colombiano en el que también habría estado implicado el hijastro de Oubiña. Seguimientos y teléfonos intervenidos durante meses

A esas alturas de la investigación ya se habían tomado decenas de declaraciones, algunas de ellas confidenciales, realizado múltiples seguimientos e intervenido durante meses varios teléfonos. Se trabajó en distintas direcciones y se fueron descartando algunas de las hipótesis. Así, hasta que hace unas semanas por fin se cruzaron dos líneas de investigación y el puzzle comenzó a tener sentido.

El móvil comenzó a definirse claramente en el marco de la actividad profesional de la víctima y sus peligrosos clientes, lo mismo que el modo en que se fraguó el asesinato.

El «autor intelectual», una vez que decidió que había que liquidar al letrado, puso en circulación en los ambientes adecuados la información de que pagaría bien por el trabajo. Luego, alguien desconocido para quien hacía el encargo, aceptó la oferta y a su vez buscó a la gente apropiada para cumplirlo. Él, por supuesto, se quedaba con la mayor parte de los beneficios.

Los elegidos fueron individuos relacionados con el cobro de deudas. Las órdenes estaban claras: no se podía fallar, de modo que había que hacer vigilancias y seguimientos minuciosos. El 18 de diciembre de 2008 llegó el turno del ejecutor, cuyos honorarios ascendieron a unos 60.000 euros. La prueba de que se había cumplido la misión, necesaria para cobrar, la aportaron los periódicos.

Uno de los aspectos más novedosos del caso es que en el crimen colaboraron españoles y colombianos, gente heterogénea que sólo se juntó para este asesinato. De hecho, algunos ya habían sido investigados antes pero se aparcaron esas gestiones porque no daban el perfil de sicarios. Esa singularidad dificultó el trabajo policial.

La Policía perfila el papel concreto de cada detenido

La Policía tiene pruebas de que los cuatro detenidos en Utrera (Sevilla), Vega del Condado (León), Galapagar y Villanueva del Pardillo (Madrid) están implicados en el asesinato. Dos de ellos, aunque como es lógico afirman que no han participado en el crimen, sí confirman la línea de investigación seguida por la Policía. Además, se investiga la documentación intervenida en los registros que siguieron a las detenciones y todo apunta a que habrá nuevas detenciones.