La Asamblea tumba la iniciativa de Vox para expulsar a los menas y reforzar la seguridad en los pueblos «castigados» por la inmigración ilegal

La Proposición no de ley de Vox ha llegado al Pleno pocos días después de que el PP nacional presentara su gran plan sobre la inmigración, área en Génova donde Alberto Núñez Feijóo ha colocado al frente a Rafael Núñez Huesca, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. El plan del PP apuesta claramente por la inmigración legal y regulada y defiende la pérdida de residencia a los condenados con delitos graves.

Pero Vox va mucho más allá y ha redoblado su apuesta con una iniciativa que pretendía poner a prueba al PP de Ayuso, para comprobar si pasa del «discurso a los hechos». «El PP puede ponerse del lado de los españoles y unirse a Vox o ponerse del otro lado y arrastrándose detrás de las encuestas», ha advertido la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino.

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«Ni es falta de recursos ni falta de competencias, dejen de mentir, señorías del PP, es falta de voluntad», ha subrayado la representante de Vox, ante lo que ya preveía como rechazo de los populares de Ayuso a su propuesta.

Por el PSOE, Tatiana Jiménez se ha referido a la «dura competición» de PP y Vox por ver, ha dicho, quién se sitúa «más en la ultraderecha» en el terreno de la inmigración. A su juicio, la iniciativa de Vox es racista y se sitúa fuera de la Constitución y criminaliza «de forma colectiva». Ha sostenido, además, que los datos desmienten la pretensión de Vox de relacionar la inmigración con un aumento de la inseguridad.

En Más Madrid, la diputada Diana Paredes ha acusado a Vox de hacerles «perder el tiempo» con una iniciativa «abominable, vomitiva y revulsiva desde el punto de vista jurídico, político y moral». «Propone un modelo de sociedad basado en la mentira, racismo y xenofobia».

Por el PP, Elisa Vigil ha pedido a Vox «sentido común» para que se respeten las competencias de la Comunidad de Madrid, entre las que no están, según ha defendido, las propuestas que había presentado. La diputada del PP ve «muy nerviosos» a los representantes de Vox: «No podemos respaldar esta iniciativa porque no tenemos competencias. Y si quieren otras competencias, váyanse al Congreso de los Diputados». «Están colectivizando como hace la izquierda, y lo están haciendo con la inmigración».

«Nosotros creemos en la libertad, el orden y la ley. Y no podemos hacer nada en materia de inmigración. Nuestras competencias son de acogida e integración», ha recordado Vigil. «Le ofrezco que se sienten y dialoguen, pero dentro de las competencias que tenemos en la Comunidad de Madrid», ha lanzado a Vox.

En la Proposición no de ley de Vox en la Asamblea de Madrid se incluyen medidas dirigidas al Gobierno de Sánchez y otras, la mayoría, al Ejecutivo de Ayuso. A continuación todas sus propuestas, que han sido rechazadas por el Pleno:

«La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, a su vez, inste al Gobierno de España a lo siguiente:

1) Tramitar de forma urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en nuestra región, así como la de todos aquellos inmigrantes legales que hayan cometido delitos graves, que hagan del delito leve su forma de vida o que propaguen ideologías o religiones contrarias a los principios fundamentales de nuestra sociedad y, en particular, que denigren a la mujer y a su plena igualdad.

2) Añadir como penas la pérdida de la nacionalidad española y la expulsión del territorio nacional para los menores y adultos extranjeros que hayan sido condenados.

3) Tramitar de forma urgente la repatriación de los Menores Extranjeros No Acompañados a sus países de origen con sus padres, familiares o entorno íntimo.

4) Incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, en los barrios y pueblos más castigados por la inmigración ilegal masiva desbordada, donde la convivencia está en riesgo. Para mayor seguridad y control de los barrios madrileños, se insta al Gobierno de España a la creación de un registro nacional actualizado de inmigrantes ilegales y Menores Extranjeros No Acompañados, accesible para las regiones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de garantizar su control efectivo.

Asimismo, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a lo siguiente:

1) Oponerse a la reubicación o acogida en Madrid de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España.

2) Realizar a todos los inmigrantes ilegales no acompañados que se encuentren bajo tutela de la Comunidad de Madrid, pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad, con el mínimo margen de error posible, y establecer un protocolo general para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales bajo tutela de la Comunidad de Madrid, realizando pruebas periciales y médicas más exhaustivas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera (técnica risser) o el examen radiológico o TAC de la epífisis proximal de la clavícula.

3) Proceder al cierre de los centros de Menores Extranjeros No Acompañados, dando prioridad temporal a aquellos cuya existencia genere mayor conflictividad y perjuicios a los vecinos. Hasta lograr su cierre, se han de procurar las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños.

4) Garantizar la transparencia en cuanto a la inmigración ilegal en Madrid, informando detalladamente y desde el ejercicio 2019 del número de Menores Extranjeros No Acompañados tutelados por este gobierno regional, en qué centros están acogidos y qué coste suponen para la administración, especificando la edad, el sexo y la nacionalidad.

5) Publicar la cuantía de todas las ayudas percibidas por inmigrantes ilegales por parte de la Administración madrileña.

6) Impulsar las modificaciones legislativas necesarias de aquellas leyes de ámbito regional para incorporar el principio de prioridad nacional para el acceso a los servicios y prestaciones sociales en Madrid, así como a modificar las normas reglamentarias que sea necesario.

7) Establecer el principio de prioridad nacional en las bases reguladoras de las subvenciones cuyos créditos presupuestarios correspondan en exclusiva a la Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar la atención en primer lugar a españoles y su prioridad en incentivos o ayudas como, entre otros:

- En materia de vivienda: ayudas al alquiler, aval para el acceso a la primera vivienda habitual o acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO).

- En materia educativa: gratuidad de la educación infantil (0-3 años), ayudas a comedor escolar, ayudas a transporte escolar o becas de estudios.

- En materia laboral, programas de inserción sociolaboral, cuota de autónomos, planes de formación o formación profesional para el empleo.

- En materia de justicia, asistencia jurídica gratuita.

8) Proteger la identidad cultural y las tradiciones propias de Madrid, garantizando que no se impongan prácticas culturales contrarias a las libertades, costumbres y principios democráticos y sociales de nuestra región, con especial protección de la igualdad entre hombres y mujeres

9) Llevar a cabo un plan específico de apoyo económico para que aquellos municipios madrileños más afectados por la presión migratoria puedan reforzar su seguridad».