La Asamblea de Madrid exige la retirada de la 'ley Bolaños' por «atentar contra la independencia judicial y la separación de poderes»

En la proposición no de ley, se subraya que «el Gobierno central, así como el Partido Socialista Obrero Español que lo sustenta en el Congreso de los Diputados, están tramitando una serie de proyectos normativos en materia de Justicia, que no sólo han conseguido alarmar a la inmensa mayoría de los operadores jurídicos por su flagrante inconstitucionalidad, sino que suponen un asalto evidente a la independencia del Poder Judicial».

En la exposición de motivos se subraya: «Mediante la denominada proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas —popularmente conocida como 'Ley Begoña'— se pretende vaciar de tal modo el contenido de la acción popular, regulada en el artículo 125 de nuestra Carta Magna, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas que, de facto, elimina dicha institución, vulnerando con ello nuestra Constitución. La eficacia retroactiva de esta norma a procedimientos judiciales en curso no hace sino poner de manifiesto que es una 'reforma a la carta' para personas con nombres y apellidos concretos, derivada de las investigaciones penales que se siguen en diferentes juzgados de España contra la esposa del presidente del Gobierno, su hermano y el fiscal general del Estado».

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«El anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, además de suponer una evidente transgresión de los principios de mérito y capacidad por los que el artículo 103 de nuestra Constitución prescribe que ha de regirse el acceso a la función pública, ataca sin paliativos la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal, afectando de esta forma la separación de poderes, tal y como están denunciando reiteradamente las asociaciones mayoritarias en ambas carreras».

«Y, por último, el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, mediante los que se atribuye a la Fiscalía la instrucción de los procedimientos penales, concediendo unas potestades casi omnímodas a un fiscal general del Estado a punto de ser procesado por graves delitos por el Tribunal Supremo y desdibujando las competencias del Consejo Fiscal, no sólo nos apartan del modelo de la Fiscalía Europea —plenamente independiente y con un funcionamiento colegiado— sino que nos acercan a fórmulas propias de regímenes autocráticos».

En la proposición no de ley se advierte de que «todos estos proyectos normativos suponen en su conjunto un ataque indisimulado a nuestro Estado de Derecho y ponen en peligro el régimen de libertades y convivencia que los españoles nos dimos en 1978».

Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a:

1. Paralizar y retirar de forma inmediata, por atentar abiertamente contra la independencia judicial y la separación de poderes, el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal; el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

2. Financiar a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, por los costes derivados de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.