Los arquitectos piden participar en el proyecto de Ciudad de la Justicia y no ir con prisas tras «20 años dando vueltas»

El disgusto que este jueves manifiesta el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con el proyecto supone otra piedra en el camino de una iniciativa que tropieza una y otra vez, por diferentes motivos. Ahora, el concurso de proyecto y obra está en marcha y ya hay dos docenas de empresas que se han interesado por el mismo, y visitado la parcela donde se ubicará. Los plazos que maneja la Consejería de Justicia madrileña apuntan a que el concurso se adjudicará este verano.

Pero antes de que esto ocurra, el COAM, que dirige Sigfrido Herráez, lanza un comunicado en el que da un toque de atención al Gobierno regional, y le pide que cuide la calidad arquitectónica de los edificios que van a formar este complejo judicial. Le recuerdan que «la arquitectura está declarada como bien de interés general por la Ley de Calidad de la Arquitectura en su capítulo primero», pero lamentan que éste «es un hecho constatado que algunas administraciones, especialmente la Comunidad de Madrid, prefieren ignorar».

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No es la primera vez que el COAM alza la voz contra el proyecto de Ciudad de la Justicia: lo hizo también en el anterior intento, en 2022. Entonces, planteó un recurso contra los pliegos de la licitación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, también pidiendo diferenciar el concurso de proyecto del de obra. El recurso fue finalmente desestimado.

No entienden el motivo, dado que saben que los políticos que rigen la Comunidad de Madrid «saben distinguir la buena arquitectura porque es el argumento con el que invitan a los turistas e inversores a venir a Madrid, hablando con orgullo de la Plaza Mayor, el Museo del Prado, el Círculo de Bellas Artes o la Galería de las Colecciones Reales», o comparan la capital con otras capitales como París, Berlín o Londres.

De hecho, señalan que «hasta hace 15 años, la arquitectura pública madrileña se pensaba desde la Administración como una oportunidad para embellecer y mejorar el espacio público», y citan ejemplos de ello como «Madrid Río, Matadero, Intermediae Prado, multitud de sobresalientes edificios de viviendas en los PAUs de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas…; todos ellos resultado de convocatorias de concursos de ideas de proyecto».

Pero esto ahora no ocurre, ya que, opinan, se ha implantado la idea de la «arquitectura para la legislatura», que «se anuncia y se pretende inaugurar en cuatro años», y a la que se llega utilizando «atajos» de la Ley de Contratos del Estado, «priorizando el precio sobre la calidad arquitectónica y prescindiendo de los concursos de ideas de arquitectura».

Eso mismo ha ocurrido con la Ciudad de la Justicia, señalan, la iniciativa para la que desde el Gobierno regional han recurrido a este tipo de procedimiento, de proyecto y obra, legal, pero que a juicio de los arquitectos no se hace por interés general y tampoco ayuda a la calidad de la arquitectura, «cuando lo que aporta una empresa constructora vale 70 y lo que aporta un arquitecto vale 30», y plantea una hipótesis: «Pensemos si se hiciera esa misma valoración con los que nos legaron la ciudad que tenemos: Villanueva, Sabatini, Ventura Rodríguez, Palacios, Gutiérrez Soto, Moneo, Nouvel, Tuñón…».

Para la junta de gobierno del COAM, el proyecto de Ciudad de la Justicia es «fundamental, y por ello hay que cuidar al detalle su imagen». Y para eso, opinan, «es necesario separar proyecto y obra. Porque se debe garantizar primero la mejor arquitectura y, luego, que se construya con la mayor calidad, al precio más razonable».

No aceptan el argumento de la Comunidad de Madrid, que «justifica su actuación a través de la urgencia y excepcionalidad de este procedimiento»; se preguntan: «¿Cómo puede hacerlo cuando llevan dando vueltas sucesivos gobiernos regionales desde hace 20 años, cuando se tenían los terrenos y se convocó el primer concurso?».

Insisten además en que «muchos de los proyectos para los edificios del Campus de la Justicia, de primera calidad arquitectónica, se adjudicaron por concurso de proyectos con intervención de jurado y se desarrollaron y pagaron hasta el nivel de proyecto de ejecución. Tenemos que recordar que se iniciaron las obras de urbanización a partir de un magnífico proyecto, consecuencia de otro concurso de ideas. Y recordemos también que se construyó el Instituto Anatómico Forense, hoy dedicado a otros usos».

Pero, añaden, «ahora, los millones de euros de dinero público invertidos en esos proyectos y obras se desechan sin que se haya ofrecido una explicación. Al revés, se inicia un procedimiento exprés y restringido, sin justificar los derroches previos, después de haber intentado sin éxito otra modalidad de concesión administrativa hace escasamente dos años».

Lo que piden los arquitectos madrileños es, recuerdan, lo que ha ocurrido «en la mayoría de las Ciudades de la Justicia construidas en España»: un concurso de proyectos «con una amplísima participación profesional, incluso internacional», que se ha traducido luego en edificios de gran calidad. Desde el COAM tienden la mano al Gobierno de la Comunidad para que corrija la situación y cambie de criterio.

Desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid defienden su modelo para la Ciudad de la Justicia, que consideran «de la máxima calidad» y «en cuyo diseño ha participado un equipo técnico multidisciplinar de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales, entre los que se encuentran nueve arquitectos», además de ingenieros de diferentes ramas, juristas y delineantes, entre otros.

La Ciudad de la Justicia, recuerdan, va a ser el complejo judicial más grande del mundo «y una de las mayores obras de edificación pública de España». Además, es un proyecto «de una gran complejidad técnica donde el Gobierno regional ha apostado por la calidad del diseño arquitectónico». Será, igualmente, «cien por cien accesible, estará completamente digitalizado y además será un referente constructivo en eficiencia energética, ya que su consumo de energía será casi 0».

En ningún caso, recuerdan, renuncian «a la singularidad de los edificios y a la calidad arquitectónica, tal y como recogen los pliegos del proyecto». Hasta la fecha, insisten, «más de una veintena de empresas y estudios internacionales de arquitectura han visitado ya la parcela en la que se levantará la Ciudad de la Justicia para poder hacer sus ofertas a la licitación del proyecto».