Almeida reclama al ministerio la cita para reformar la Ley de Capitalidad tras dos años de espera

La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid estableció en su momento las singularidades de la ciudad y elaboró un marco jurídico para que Gobierno central, Comunidad de Madrid y ayuntamiento dialoguen sobre ciertos aspectos. «No es una ley pensada para otorgar privilegios a Madrid», remarcan desde el consistorio, «al contrario», simplemente, dicen, reclaman «poseer las herramientas necesarias para hacer frente a las particularidades» que tiene «ser capital».

Algunas de esas características vienen de largo: Madrid es la capital de España (desde la decisión del rey Felipe II, en 1561) y sede administrativa del Ejecutivo de la nación, alberga las Cortes Generales, La Moncloa, el Palacio de la Zarzuela y las altas instancias judiciales. A sus más de 3,2 millones de vecinos se suma el millón de entradas diarias a la urbe. Y hay otras singularidades 'in crescendo' en los últimos años: la capital acogió en 2019 la cumbre climática de la ONU y en 2022 la cumbre de la OTAN.

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«Es imprescindible abordar la reforma de la ley para que Madrid pueda seguir creciendo desde el punto de vista económico y de la mejora de prestación de servicios públicos», expresó este lunes Almeida. El regidor habló de cuatro áreas clave en las que exigir mayores competencias: seguridad, infraestructuras, fiscalidad y financiación. El primer punto se centra en conceder a Madrid una mayor tasa de reposición de policías para esos eventos masivos que se han convertido en la norma.

El segundo punto hace hincapié en ese flujo de un millón de personas que acceden a diario a la capital: el consistorio necesita infraestructuras en breves plazos de tiempo para evitar que Madrid se atasque. Por ejemplo, el carril bus VAO de la A-2. «Le transferimos el dinero al Gobierno en diciembre de 2019 y no han hecho absolutamente nada, nosotros ya lo podríamos haber ejecutado», defiende Almeida. Las competencias fiscales están directamente relacionadas con el distrito financiero en construcción, Madrid Nuevo Norte, y Madrid pide incentivos fiscales para atraer inversión.

Por último, en materia de financiación, el ayuntamiento reclama «una mayor participación en los ingresos del Estado para hacer frente a los gastos de la población flotante que trabaja o visita Madrid» y utiliza sus servicios públicos, aunque no pague impuestos en la ciudad. El siguiente paso, por ahora sin fecha, es que se reúna el grupo de trabajo para elaborar el Reglamento de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad.