Almeida da al Gobierno un mes para que atienda a los solicitantes de asilo y desbloquee la red municipal ante el colapso en Barajas

En concreto, el requerimiento, enviado por el delegado del área de Políticas Sociales, José Fernández Sánchez, otorga el plazo de un mes para que el Gobierno de España «cumpla las obligaciones constitucionales y legales que está eludiendo». En caso de incumplimiento, el Consistorio presentará la correspondiente demanda por vía judicial.

El requerimiento del ayuntamiento al Gobierno de Sánchez para que asuma su responsabilidad con los solicitantes de asilo se produce en pleno enfrentamiento político por las competencias de cada administración, ya que desde el Ejecutivo se insiste en apuntar a Almeida y Ayuso como únicos responsables de la situación crítica que se está viviendo en Barajas con esas centenares de personas acampadas.

Desde el Ayuntamiento de la capital se recuerda que la Constitución establece que la Administración General del Estado tiene las competencias de derecho de asilo, y la Ley 12/2019, de 30 de octubre, regula ese derecho. «Sin embargo, el Gobierno lleva años dificultando el acceso a este mecanismo de protección, con trámites que se demoran durante meses y una situación de colapso en el Sistema de Acogida de Protección Internacional que deja desamparadas a estas personas. Con su dejación de funciones está privando a estas personas de los derechos que tienen reconocidos» en la ley, advierte el ayuntamiento.

Fuentes municipales explican que a pesar de que la competencia de atención a los solicitantes de asilo es exclusiva del Gobierno, el ayuntamiento, en el marco de la emergencia social, ofrece una respuesta temporal a estas personas en centros municipales hasta que los ministerios responsables tramitan la petición y los trasladan a sus propios recursos. «De esta forma, el Consistorio evita que personas en situación de vulnerabilidad terminen en calle».

El problema señalado por el consistorio es que la falta de actuación del Gobierno ha hecho que los centros municipales no puedan acoger a otras personas. Así, el consistorio dispone de 630 plazas de emergencia social, de las cuales dedica en torno a 380 a la acogida temporal de solicitantes de asilo y de aquellos a los que ha sido denegada la Protección Internacional y están en un limbo administrativo, según los datos aportados por el Ayuntamiento.

En la actualidad, se encuentran en diferentes fases del proceso unas 400 personas. «Resulta flagrante que 105 tienen incluso plaza asignada en centros del Sistema de Acogida de Protección Internacional, pero siguen pendientes de salir de los recursos municipales rumbo a los estatales, lo cual evidencia la situación de colapso de estos últimos».

La estancia media de los solicitantes de asilo en centros municipales asciende a 131 días, con casos que alcanzan los 290 días. «El ritmo de acceso a los centros de Protección Internacional es inadmisible, con meses como enero en los que solo realizaron 9 derivaciones de personas alojadas en centros municipales». «La consecuencia es clara: si el Gobierno no tramita más salidas el Ayuntamiento no puede dar entrada a nuevas personas», advierten fuentes municipales.