Alcaldes detenidos y una vara de mando rota en la revuelta popular contra una cárcel madrileña
HISTORIAS CAPITALES
De cómo varios municipios de la sierra se levantaron contra el proyecto de una prisión que ha tenido como internos a políticos y empresarios
La cárcel de Soto del Real cumple 25 años: «Es una pequeña ciudad con todas las prestaciones»
Madrid
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Iniciar sesiónLa historia de Fuenteovejuna, inmortalizada por la pluma de Lope de Vega, relata la acción de todo un pueblo unido en causa común contra la tropelía de un noble. Y aquí se cuenta ahora lo que pasó en otra 'fuenteovejuna', donde también fueron muchos, vecinos ... y alcaldes, los que se juntaron para oponerse al atropello que, a su juicio, suponía la construcción de una cárcel. Una que, con el paso del tiempo, se hizo famosa por albergar a la flor y nata de la clase política y empresarial española.
En esta historia hubo de todo: reivindicaciones, lucha, cargas policiales, encadenamientos y detenidos. Todo empezó con una idea tomada en un despacho, a kilómetros de los verdes parajes de la sierra madrileña, y que cambió para siempre el paisaje de la zona. En diciembre de 1986, ABC ya recogía las primeras noticias, todavía no oficiales, que apuntaban la construcción de un penal en la zona de Soto del Real, afectando también a otros municipios como Manzanares.
Rápidamente se formó un frente de alcaldes de las localidades más cercanas y de vecinos, que se opusieron enérgicamente a esta idea. Pero el proyecto siguió adelante, y pasó de posibilidad a certeza a finales de 1987. Contra la voluntad ciudadana, y contra la pared.
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En abril de 1988 ya había parcelas expropiadas para este fin. Y aunque desde el Ministerio de Justicia, promotor de la iniciativa, se intentó algún acercamiento a los opositores al proyecto, solicitándoles alternativas, no se lograron avances. Los regidores, encabezados por el muy combativo de Soto del Real, Eladio Navarro, sumaban vecinos y argumentos a su negativa. Defendían que más de 300.000 residentes de El Boalo, Manzanares, Cerceda, Mataelpino, Guadalix, Miraflores, Bustarviejo, Navalafuente y, claro, de Soto, no querían la cárcel allí. Y reivindicaban su papel como interlocutores avalados por haber sido elegidos en urnas.
Haciendo uso de sus competencias, el alcalde de Soto -localidad donde se situaban los terrenos elegidos para la cárcel, la finca Cierro de San Bartolomé- se negó a dar la licencia de construcción para el penal. Así que el consejo de Ministros terminó otorgándosela a sí mismo en julio de 1992. Como medida de «llanto, sufrimiento y dolor», el alcalde Eladio Navarro, decidió suspender las fiestas patronales del municipio.
Mientras el tiempo pasaba, el proyecto iba concretándose: primero se habló de hacer una cárcel de mujeres; luego se barajaron desde una prisión para no más de 700 presos a una macrocárcel con capacidad de hasta 2.000 reclusos. En la actualidad, tiene en torno a los 1.500 internos.
El alcalde de Soto echó el resto en aquel intento de frenar el proyecto, una reedición de la lucha de David contra Goliat que, en este caso, no salió como la de la Biblia: hubo manifestaciones, encadenamientos en los terrenos del futuro penal, y hasta fletó un helicóptero para enseñar a los periodistas, desde el aire, lo inapropiado del lugar elegido.
El mayor enfrentamiento se produjo el noviembre de 1992, cuando la enésima protesta de alcaldes, concejales y vecinos de la zona en los terrenos de la cárcel, que vigilaban in situ el precinto municipal que se había puesto en la finca donde se iba a construir la cárcel, terminó con una carga de las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil, gases lacrimógenos incluidos. La carga fue contra las autoridades locales, y según recogen los periódicos de la época, acabó con varios regidores detenidos, junto con concejales y hasta agentes de la Policía Local de varios pueblos cercanos y algún periodista que estaban allí. En total, 21 detenidos, un amago de infarto en el cuartelillo del alcalde de Miraflores, y la vara de alcalde de Eladio Navarro arrebatada y partida en dos. La conservaron tal cual, y la expusieron públicamente para recordar lo ocurrido.
Los regidores de Soto y Manzanares trasladaron sus quejas a Estrasburgo, donde pidieron amparo a los tribunales europeos para que paralizaran la construcción del penal. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite el asunto, presentado por el eurodiputado Rafael Calvo. Pero mientras, en la parcela habían entrado ocho camiones basculantes y dos máquinas excavadoras, que trabajaban 24 horas al día en el proyecto.
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Ni el recurso a Europa, ni las movilizaciones, ni el decreto de Eladio Navarro exigiendo la paralización de las obras por ilegales consiguieron parar el plan del Ministerio de Justicia: la cárcel de Soto del Real se inauguró en marzo de 1995. El alcalde de la localidad, que era entonces José Luis Sanz, del PP, no asistió al acto, y recordaba que la prisión no le había solicitado la licencia de primera ocupación. La cárcel se ha convertido desde entonces en uno de los centros penitenciarios más célebres por la confluencia allí de presos ligados a la política, las finanzas o el deporte: Luis Bárcenas, Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Arnaldo Otegi, Francisco Correa, Ignacio González, Jordi Pujol Ferrusola, Sandro Rosell…
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