TRIBUNALES

El turno de oficio dejará de prestarse a partir del 1 de junio

A excepción de las causas que afecten a presos, detenidos y que causen perjuicio al derecho de defensa de los ciudadanos

MADRID Actualizado:

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) suspenderá a partir del próximo 1 de junio la asistencia letrada del servicio de Justicia Jurídica Gratuita en la región, a excepción de las causas que afecten a presos, detenidos y que causen perjuicio al derecho de defensa de los ciudadanos. La Junta del Gobierno del ICAM ha respaldado así la propuesta elevada por las asociaciones ALA, ALTODO y APAEM ante los retrasos en los pagos de las retribuciones a los letrados que integran este colectivo, una deuda que asciende a 17 millones de euros.

El decano del ICAM, Antonio Hernández-Gil, ha comunicado a los abogados que mantenían desde el martes un encierro en la sede del ICAM que el servicio quedará suspenso a partir del 1 de junio de forma indefinida, hasta que la Comunidad pague el dinero que adeuda. La suspensión del servicio se produce como protesta por ese retraso en el pago de los abogados del Turno de Oficio de Madrid, y ante «la negativa de la Comunidad de Madrid a todo compromiso de pago en un plazo razonable, abonando intereses de demora en caso contrario».

Excepciones

La suspensión anunciada supondrá, en la práctica, que no se harán guardias y no se designarán abogados de oficio desde el 1 de junio, excepto para aquellos asuntos que ya estén señalados, y los que afecten directamente al derecho de defensa y puedan causar un perjuicio irreversible a los ciudadanos, entre los que se incluye la asistencia a detenidos o los casos de violencia machista.

Los letrados han denunciado el propósito de la Comunidad de Madrid, de restringir el acceso a la justicia gratuita a ciertos colectivos, como los extranjeros que carezcan de pasaporte o de certificado de empadronamiento. Según las asociaciones, los abogados no se han encerrado en el Colegio únicamente «en defensa de sus reivindicaciones, sino para garantizar que no se deje de prestar un servicio público y esencial para los más necesitados». Y añaden: «nos vemos abocados a adoptar medidas contundentes; todos los colectivos sociales de éste país, incluidos los jueces, han llegado hasta la huelga para defender sus derechos».