El saqueo de cobre se ceba en las vías del AVE
Catenaria almacenada en una chatarrería y confiscada por el Instituto Armado - GUARDIA CIVIL

El saqueo de cobre se ceba en las vías del AVE

La Guardia Civil se incauta de 80 toneladas, la mayor cantidad robada desde el año 2008. Las líneas Madrid-Valencia y Madrid-Barcelona, las más afectadas por su cercanía a la Cañada Real

MADRID Actualizado:

Una madrugada de diciembre de 2010. Busuioc I., de 44 años, y Fagadau S., de 39, consiguen hacerse con decenas de metros de cable de cobre de una bobina ubicada junto a las vías de tren de AVE que discurre por Mejorada del Campo. El material estaba en el lugar porque se iban a realizar obras de sustitución de cableado, un aspecto aprovechado a menudo por los cacos del metal. Los dos rumanos de etnia gitana creían que nadie les veía, pero dos agentes del Instituto Armado, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Madrid, les acechaban de cerca.

Las opciones eran detenerlos al instante o seguirles para ver dónde dejaban el metal robado. Los guardias civiles les persiguieron con sigilo, dando comienzo la operación «sustentador».

Los delincuentes llevaron el material a una chatarrería de Vicálvaro. Allí, los funcionarios pudieron comprobar cómo entraban con las manos llenas de cobre y salían con las mismas vacías. Lo colocaron sin problemas. Incluso, los chatarreros lo adquirieron con el plástico de Adif incorporado. En ese momento, los agentes llamaron a una patrulla para que identificase a los delincuentes que, previsiblemente, volverían a hacerse con el cobre en cualquier punto de las vías.

Las vías de la Cañada Real

Tras cinco meses de cuidadosas investigaciones, el Seprona ha detenido a doce personas, ha imputado a otras quince por estar relacionadas con la compra de cobre y ha recuperado 80 toneladas del metal robado en la Comunidad de Madrid. Supone la mayor cantidad de cobre robado decomisado por el Cuerpo desde 2008, momento en que comenzó a crecer el negocio del mismo por su precio al alza en los mercados.

Los lugares donde más cobre ha desaparecido ha sido en las vías de AVE de Adif de Madrid-Valladolid, Madrid-Valencia y Madrid-Barcelona. Por una sencilla razón: sus cercanías a la Cañada Real —a unos 5 o 6 kilómetros de distancia—. En este mísero lugar, la venta de cobre robado sirve de sustento para buena parte del centenar de familias rumanas de etnia gitana que allí habitan.

El DNI de un toxicómano

En el caso de los detenidos que pillaron in fraganti robando cable, la Benemérita comprobó que se servían del documento nacional de identidad de un toxicómano para que la chatarrería emitiera una factura. Los rumanos ofrecían 20 euros al drogadicto para que se lo dejaran y lo pudieran fotocopiar; ellos vendían el metal por 4 o 5 euros el kilo. La chatarrería de Vicálvaro no era la única que hacía mal uso de DNI. El coste total de todo el material confiscado asciende a medio millón de euros, según fuentes de la Benemérita, aunque queda por contabilizar la propiedad de Metro.

Los cacos se hacían también con cable de teléfono, del suburbano madrileño y raíles ferroviarios. Pero su mayor objetivo estaba en las catenarias de suelo y de los sustentadores (aislados de altas cargas de tensión) del tendido de Adif (AVE), y en menor parte de Cercanías.

Antes se centraban en el cableado telefónico, pero han descubierto que hay mejor negocio en la alta velocidad: tienen más cantidad de cobre y no llaman tanto la atención. Al «trabajar» de madrugada, la fechoría no se descubre hasta la mañana siguiente, cuando los maquinistas detectan algún problema en la vía, con el consiguiente peligro que entraña para los viajeros.

Se tiene constancia de que en el tiempo que lleva en marcha la operación ha habido dos trenes de AVE que han sufrido retrasos a primera hora de la mañana por estas causas. La cuestión es que en los sustentadores de donde roban la catenaria es donde se canalizan las órdenes del tren cuando está en modo automático, generalmente el que está en marcha.

A los dos ladrones se les acusa de un delito de robo con fuerza. Su pena va de uno a tres años de prisión. Para los receptores, de seis meses a dos años de prisión y una multa de 12 a 24 meses de cárcel. El fiscal puede solicitar al juez una inhabilitación especial para el desempeño de sus funciones.