Los vecinos denuncian cerca de 300 infracciones de terrazas en el primer mes de la ordenanza

La mayoría proceden de los distritos de Chamberí y Retiro, pero el mapa dibujado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) recopila fallos normativos desde el barrio de Montecarmelo, en Fuencarral-El Pardo, hasta el Ensanche de Vallecas. El formulario abierto que han puesto a disposición de los vecinos, que documentan los incumplimientos con sus propios móviles, desgrana las infracciones por tipos. La primera corresponde a las terrazas en bandas de aparcamiento ubicadas en Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) que siguen ahí; la cuarta menciona las que dejan menos de 2,5 metros de tránsito —el llamado Itinerario Peatonal Accesible (IPA)—; la decimoquinta y última («otros») es el popurrí donde entra todo.

«Prácticamente el cien por cien de las terrazas incumplen uno o dos preceptos de la ordenanza», asevera Pilar Rodríguez sobre las mesas y sillas que adornan su distrito, con un total de 800 estructuras, de las que al menos medio centenar son «ilegales», asegura. A las ampliaciones Covid que se mantienen —el Ayuntamiento llegó a conceder 2.000 autorizaciones en la ciudad—, a pesar de que la normativa que entró en vigor el pasado 1 de febrero ordenaba su desaparición, se suman algunos veladores nuevos que invaden la calzada sin permiso . Rodríguez tiene varios localizados, entre ellos, un bar que se expandió sobre plazas de aparcamiento el pasado viernes. «Podemos afirmar que nadie cumple», zanja.

La semana pasada, la asociación El Organillo remitió al consistorio un listado con una veintena de estas terrazas irregulares, sus nombres, licencias y estado actual, para exigir su «retirada inmediata» . «Una de ellas la pusieron en agosto de 2020, la denunciamos mil veces y fue retirada la semana pasada. ¿Cómo puedes estar dos años funcionando siendo ilegal y sin la autorización del Ayuntamiento?», critica Rodríguez. La asociación espera ahora a que se resuelva su enésima reclamación, cuatro meses después de interponer un recurso contencioso-administrativo en contra del Gobierno de Cibeles por no restituir los «derechos fundamentales» de los vecinos en un conflicto enquistado y agravado en los últimos dos años.

La asociación Retiro Norte, que ha contabilizado 80 infracciones —la mayoría por no retirar las mesas Covid— en las 140 terrazas del distrito, también se plantea acudir a los tribunales. Aunque su pugna es diferente al ruido «industrial» que denuncian en Chamberí, donde la calle de Ponzano es el Tártaro vecinal desde hace un lustro. «El abuso es la ocupación del espacio público» , cuenta María Ibáñez, que se introdujo en la plataforma de su barrio hace solo un año por ese «abuso descomunal». Ella y su compañera Ángeles de Cara han diseñado el formulario presentado la semana pasada por la FRAVM que recoge las infracciones a simple vista de las terrazas.

El quebrantamiento que más se repite, el que «no está cumpliendo casi nadie», apuntan fuentes de la FRAVM, es la ausencia del plano visible de la terraza en la fachada del local. Un detalle nimio, en comparación con otros aspectos denunciados, que sin embargo es la «única herramienta de los vecinos para saber si la terraza está incumpliendo o no», puntualiza Ibáñez. Las distancias mínimas establecidas en la ordenanza también faltan. Veladores que no respetan los 1,5 metros de separación entre sí, ni el medio metro respecto al bordillo de la acera, ni los dos metros lejos de paradas de bus y pasos de cebra.

En la capital se despliegan cada día unas 7.000 terrazas, un millar de ellas sobre bandas de aparcamiento, a las que la nueva ordenanza les concedió dos años más de vida. Las alrededor de 300 quejas vecinales «es un porcentaje muy pequeño», indica el presidente de Hostelería Madrid , José Antonio Aparicio, si bien la asociación trabaja en «filtrar esos datos» y «determinar su verosimilitud» para asesorar a los posibles infractores. Al final, el control está en manos de los técnicos municipales y de la Policía, que el último fin de semana inspeccionó 75 locales y propuso para sanción un tercio de ellos.