Varón, de 17 años y español: el perfil del ‘menor infractor’

Cuando un menor comete un delito, el juez le impone el cumplimiento de medidas . A veces, la gravedad de la acción u otras circunstancias llevan a la pérdida de libertad. Y en estos casos, los jóvenes son enviados a alguno de los seis centros de ejecución de medidas judiciales con los que cuenta la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Enrique López . Allí residen, en la actualidad, 245 chicos y chicas de entre 14 y 22 años.

Los profesionales que trabajan en estos centros tienen claro su objetivo, que incluso evidencia el nombre del organismo que se ocupa de su coordinación: la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). La idea es garantizar el derecho a la segunda oportunidad de estos jóvenes. Entornos complicados y, en muchas ocasiones, problemas de consumo de sustancias desde muy temprana edad figuran en el germen de los comportamientos que les han traído hasta aquí.

Mientras permanecen en los centros, lo que más echan de menos los chavales es la libertad: no pueden salir y entrar a su antojo, dado que la privación de la misma forma parte de las medidas fijadas por el juez. Cinco de los centros están en la capital ( Altamira, El Madroño, Renasco, El Laurel y El Lavadero ); y el sexto, en el municipio de Brea de Tajo (el centro Teresa de Calcuta ). En total, cuentan con 264 plazas, de las que a día de hoy están ocupadas 245, lo que supone el 92,80 por ciento de su capacidad.

Dentro de estos seis recintos, los menores son atendidos por educadores, psicólogos y trabajadores sociales, y participan en todo tipo de programas encaminados a su recuperación. Los hay para agresores sexuales juveniles , para madres menores infractoras, para problemas de salud mental, para violencia de género, contra hermanos o padres; para bandas latinas y contra el riesgo de radicalismo yihadista, para adictos a las nuevas tecnologías o para víctimas de trata, tanto sexual como laboral.

Según los últimos datos oficiales facilitados por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor, el 62,45 por ciento de los menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales de internamiento en sus centros son de nacionalidad española. El resto, un 37,55 por ciento, son extranjeros, pertenecientes a 18 nacionalidades diferentes, las más numerosas de las cuales son la magrebí, iberoamericanas y rumana.

El grupo de edad más numeroso es el de los jóvenes de 17 años (un 32,34 por ciento), seguido de los de 18 (21,63 por ciento) y 16 años (19,18 por ciento). Un 87,35 por ciento de los internos son chicos –214 en total–, y el 12,65 por ciento, chicas (31). De hecho, de cada ocho chavales atendidos, siete son varones.

Pero los 245 menores y jóvenes infractores que sufren medidas de internamiento son sólo uno de cada seis; los otros cinco, el 84 por ciento, cumplen medidas judiciales en medio abierto o mediante reparaciones extrajudiciales, y no están privados de libertad: se cifran en 1.370 los chavales en esta situación. Dichas medidas consisten en tratamientos ambulatorios, asistencia a un centro de día, permanencias de fin de semana –en domicilio–, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio a la comunidad o realización de tareas socioeducativas.

En cuanto a las reparaciones extrajudiciales , permiten resolver el conflicto entre el denunciante y el menor denunciado en un entorno alternativo al proceso judicial: puede ser una conciliación –un encuentro entre las partes con un mediador–, una reparación –del daño causado, según los acuerdos que pacten entre las partes–, o diferentes tareas educativas, como servicios en beneficio de la comunidad. De hecho, hace apenas unas semanas, se aprobó en Consejo de Gobierno una partida de 1,1 millones de euros para la gestión integral del llamado Programa de Reparaciones Extrajudiciales y Desarrollos Educativos sobre los que la justicia juvenil haya determinado medidas en medio abierto. Una dotación que, en unos meses, se verá incrementada con dos contratos administrativos adicionales que van a aprobarse, y que se van a encargar de la gestión integral de hasta siete recursos públicos diferentes dedicados al cumplimiento de medidas judiciales de medio abierto, para lo que se destina un coste de 7,3 millones de euros.

La agencia que se encarga de gestionar los seis centros destinados a los menores infractores internados –los que sí han de cumplir medidas de privación de libertad– cuenta con un presupuesto de casi 40 millones de euros anuales . También entran en él los otros once centros y recursos destinados a las medidas de medio abierto y las actuaciones de inserción sociolaboral dirigidas a jóvenes infractores.

Porque este es el fin último de la Agencia de Reeducación y Reinserción de Menores Infractores de Madrid: conseguir que vuelvan a integrarse en una vida normalizada. Y para ello, lograr darles una capacitación y que tengan acceso al mercado laboral es el mejor camino.

En este sentido, el porcentaje de éxito en la reinserción de estos menores y jóvenes atendidos por la ARRMI llega al 90 por ciento, una cifra que avala lo que verdaderamente mueve a los profesionales de la entidad y por lo que trabajan: que la mayor parte de estos chavales que han tenido tropiezos con la justicia sean recuperables.