Varios ayuntamientos acuerdan personarse como acusación particular en la causa de la Operación Lezo

En la proposición de Ahora Madrid , se recoge que el Consistorio, accionista minoritario de Canal de Isabel II Gestión S.A, también solicitará la convocatoria de la junta general de accionistas de Canal de Isabel II Gestión S.A. con el fin de que el consejo de administración informe a los accionistas sobre la situación financiera y jurídica de la sociedad.

Otro de los grandes municipios, Getafe, hará lo mismo. Su alcaldesa, Sara Hernández , considera que «hay que seguir investigando, puesto que el posible entramado corrupto que se ha venido desarrollando en esta empresa pública supone, no sólo una enorme decepción para todos los madrileños, sino la probable constatación de otros tratos de favor en la gestión del Partido Popular de las administraciones».

Ayer, el Pleno del Ayuntamiento de Móstoles , gobernado por el PSOE, también acordaba personarse como acusación particular. Se trata además de uno de los municipios afectados por la paralización de las obras de tren hasta Navalcarnero por las que, según las investigaciones, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González habría cobrado una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL, que resultó adjudicatario de estos trabajos.

En este sentido, el alcalde de Móstoles, David Lucas , ha adelantado que tras desestimarse el recurso presentado por OHL ellos también se personarán en las acciones judiciales que se iniciaron desde el Gobierno de la región por incumplimiento de contrato .

El Colmenar Viejo también se ha decidido personarse como acusación particular en las diligencias previas número 91/2016 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con el fin de que «si alguien ha utilizado esta empresa pública para el beneficio personal y no de todos los madrileños pague por ello», ha manifestado el alcalde y secretario general del PP de la localidad, Jorge García Díaz .

Estos son los primeros municipios que han dado el paso y a los que previsiblemente les seguirán otros tantos. La Federación Madrileña de Municipios (FMM) ha pedido formalmente también una reunión urgente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II para hablar de las repercusiones que el supuesto desfalco podría haber tenido para los municipios de la región, la mayoría de los cuales son accionistas de la empresa de aguas.

Por su parte, el Gobierno regional también anunció su decisión de personarse como acusación particular a la vista del criterio de la Abogacía General de la Comunidad , que «ha puesto de relieve que las irregularidades investigadas afectan a diferentes organismos de la Administración regional, y de las mismas puede derivarse un perjuicio patrimonial para la propia Comunidad».

Así, en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «seguirá a partir de ahora la evolución de las investigaciones, para personarse en el momento procesal oportuno», explicaron desde el Ejecutivo de Cristina Cifuentes el pasado domingo.