Unos 2.500 profesores de centros concertados, despedidos y sin indemnización

En concreto, se trata de una compensación recogida en la normativa y que supone 12 días de sueldo por año trabajado . En el caso de estos profesores, la mayoría de los cuales firmaron sus contratos para empezar a trabajar en otoño, les corresponderían 9 días de indemnización. En números redondos, calculan fuentes del profesorado, supondrían unos 400 euros de media por cada uno de ellos. O, lo que es lo mismo, en torno a un millón de euros para el conjunto.

Una cantidad importante de la que nadie se quiere hacer cargo : la consejería de Educación mira a los centros escolares, y éstos a la Administración regional. Y mientras, los docentes ya han sido despedidos y no han cobrado.

El Gobierno regional no paga estas indemnizaciones. Así ha ocurrido históricamente, y así lo confirman fuentes de la Consejería de Educación:este área «solicitó un informe a los Servicios Jurídicos en el que finalmente se concluye que no debe abonar las indemnizaciones legales por despido ». Se basa esta decisión en el argumento de que «la Comunidad de Madrid está obligada al pago delegado de las nóminas de los docentes de centros concertados en lo que respecta a lo que señala la normativa (LOE)» pero eso «no incluye las indemnizaciones legales por despido».

La situación la confirma el secretario del sindicato mayoritario en el sector, FSIE-Madrid, Francisco José del Castillo explica que «los contratos Covid caducaron el último día lectivo, y entonces los profesores debían recibir su finiquito, con el sueldo del mes y la parte proporcional de pagas extra y vacaciones; pero también su indemnización». En este último asunto, añade, hay «un litigio entre la Consejería y las empresas» , a resultas del cual los docentes no han cobrado ese concepto. «A nosotros nos da igual quién lo pague; no entramos en quién lo abone, pero vamos a gestionar jurídicamente las reclamaciones de cantidad correspondientes», aclara Del Castillo.

De hecho, fuentes del profesorado explicaron a ABC que estaban recibiendo recomendaciones de los sindicatos para presentar una reclamación en el Servicio de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid. Una acción en la que también estaban siendo apoyados por los propios centros educativos, primeros interesados en que sea la Administración la que corra con ese gasto.

Desde CC.OO. insisten en la necesidad de que, en el caso de estos trabajadores que fueron contratados en la enseñanza concertada por la pandemia, «se mantenga su contratación» para el próximo curso, algo que no se recoge de momento.

Recuerdan que «el contrato eventual por circunstancias de la producción está regulado en el artículo 15 1.b del Estatuto de los Trabajadores» caduca cuando «llega el plazo que se pactó» para su duración. En este momento, se abona un finiquito en el que «deben aparecer el salario devengado del mes de finalización de contrato, que será proporcional a los días trabajados ese mes;la parte proporcional de las pagas extraordinarias; las vacaciones generadas y no disfrutadas» y también «la indemnización por fin de contrato», equivalente a «12 días por año trabajado».